Esteban Lindor Alvarado cayó preso en 2007 cuando intentaba robar un Fiat Duna en Cochabamba al 800 y terminó condenado en esa causa provincial por robo de autos. Señalado como socio del empresario Luis Medina y vinculados ambos con el narcotráfico, volvió a caer en agosto de 2012 y terminó condenado en Buenos Aires por liderar una banda dedicada a robar, desguazar y mellicear o emponchar autos. Pero el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, a pocos meses de que Chuchino Alvarado, como lo conocen, consiguiera la libertad condicional, lo ubicó desde fines de 2018 como protagonista de una investigación judicial que dejó a la vista una banda delictiva mixta, sumamente aceitada, dedicada a la comisión de hechos violentos que contaba con una pata económica dedicada a introducir en la economía legal ingresos con origen delictivo a través de una red de empresas y prestanombres. Varios de los nombres que surgieron en la investigación, ya sea como testigos, imputados devenidos en colaboradores de la investigación o nombrados, sufrieron ataques armados; algunos de esos hechos terminaron en homicidio, como el reciente asesinato del mecánico Carlos Arguelles este lunes por la tarde.
Capo de lo que la prensa porteña denominó Banda de los Rosarinos, para entonces Alvarado tenía un recorrido en las páginas del crimen local, aunque una sola condena, aquella por el robo de 2007. Aquella organización desbaratada en 2012, también mixta, se dedicaba a robar autos en la rica zona norte del Gran Buenos Aires, traerlos a Rosario, desarmarlos y hacer nuevos papeles a autos mellizos o ponchos para volverlos al mercado. O bien desguazarlos para el mercado ilegal de las autopartes, Con otras nueve personas, terminó investigado por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, con quien la defensa de Alvarado, al que también llaman Rengo, acordó en 2015 un abreviado que incluyó una condena a 6 años y medio de cárcel.
Mientras estaba detenido, su socio Medina fue ejecutado en compañía de su novia, Justina Pérez Castelli, en diciembre de 2013, caso en el que siempre estuvo bajo sospecha, aunque nunca fue imputado. Desde 2017 Alvarado volvió a las calles de a poco, con transitorias, aunque el dato de su vinculación al narcotráfico ya tenía varios años: por un lado un informe de 2012 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, por otro, indicios que partieron de la incautación de un pendrive de su celda VIP de la cárcel de Campana, en 2013.
En noviembre del 2019 el fiscal federal Guillermo Lega y la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) hicieron un pedido de indagatoria como organizador de transporte de marihuana tras analizar varias causas de las que surgen indicios sobre esa actividad ilegal. En una de ellas fue procesado.
Acusan formalmente por primera vez a Esteban Alvarado por tráfico de drogas
En el ámbito provincial, su nombre resurgió con el crimen de Lucio Maldonado, ocurrido noviembre de 2018. El prestamista fue secuestrado frente a su casa en Garibaldi al 600 por cuatro hombres que lo obligaron a subir a un utilitario y se llevaron su auto. Volvieron en el coche, entraron a la casa y luego lo dejaron estacionado frente a la vivienda, se vio en una filmación. Según la acusación fiscal, lo llevaron hasta una quinta en el paraje Los Muchachos en Piñero, donde estiman fue torturado, asesinado y tirado al borde de la autopista Rosario-Buenos Aires con varios tiros, atado y con un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”.
Esta investigación derivó en una causa por asociación ilícita y se libró un pedido de captura para Alvarado, quien fue detenido en febrero de 2019 en un camping de la localidad cordobesa de Embalse Río Tercero. Cuando se vio acorralado intentó deshacerse de su teléfono móvil tirándolo al agua pero fue recuperado y lo mandaron a Estados Unidos para su apertura.
Fue una de las principales evidencias que utilizó la fiscalía para explicar el modus operandi de la banda mixta. Para el MPA, Esteban Lindor Alvarado es el jefe de una asociación ilícita que funcionó al menos desde el 7 de septiembre de 2018 hasta el 29 de abril de 2019 y contaba con tres estamentos.
El primer estamento, formado por la mano de obra que cometían los delitos, proveían la logística, y los elementos necesarios para llevarlos adelante, pagaban los “trabajos” y hacían tareas de inteligencia e identificaban y amedrentaban a personas para obtener un beneficio ilegal. Los otros dos, se dedicaban a proveer impunidad y estaba integrado por miembros de las fuerzas policiales y otro que conformaba un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le daban apariencia de legalidad a los ingresos ilícitos y proveía logística y recursos materiales y humanos a la banda, contaron.
Testigo en peligro
Para la Fiscalía, una de esas personas que era parte del primer estamento era Carlos Argüelles, dueño de un taller mecánico en zona oeste que fue imputado por brindar apariencia legal a los vehículos que quedaban a disposición de la banda. Era el encargado de “emponchar” los autos, contaron los fiscales.
También le achacaron haber ayudado a desviar la investigación del crimen de Maldonado al manipular uno de los celulares truchos que intentaron infiltrar en la investigación para deslindar responsabilidades del caso sobre Leandro “Chulo” Olivera, un hombre cercano a Los Monos, y Rodrigo Ortigala, testigo de identidad reservada que luego por temor reveló su identidad, ex allegado a Alvarado: para ello hicieron diversas maniobras, lo que incluye balaceras sobre el Centro de Justicia Penal, Tribunales y la casa de una funcionaria de Fiscalía, en diciembre de 2018 y enero de 2019. Ataques que tuvieron la particularidad de ser de «falsa bandera», también para intentar vincular a sus enemigos en la disputa por el territorio: Los Monos.
Arguelles recuperó la libertad y prestó una declaración reservada en la causa, donde brindó detalles específicos del funcionamiento de la banda. Así lo contó la fiscal regional María Eugenia Iribarren en una conferencia de prensa que brindó este martes tras el asesinato del mecánico, en la que también reveló que no había aceptado ingresar al programa de protección a testigos y, si bien había medidas de seguridad dispuestas para su protección, la víctima se negaba a aceptar algunas de ellas.
Tercer intento
La primera vez que los investigadores supieron que Argüelles corría riesgo fue tras la detención en octubre pasado de Jonatan Ribles y de su teléfono surgió información de que habían hecho inteligencia sobre la víctima, pero el ataque no se produjo porque el tirador se quedó dormido.
Cerca de las 20 del 28 de enero último, Argüelles salió con su Ford EcoSport de su taller ubicado en Constitución y Garay junto a su familia. Hizo unas quince cuadras y al llegar a Gaboto al 5500 fue atacado a tiros por los ocupantes de un auto Suzuki Fun. Tres balazos dieron en el parante y la puerta del acompañante del coche. Si bien no resultó lesionado, uno de los proyectiles le rozó la cabeza, explicó en la acusación.
Por el hecho hay varios detenidos y, según la investigación fiscal, la orden pudo haber salido desde la cárcel. Entre los imputados se encuentra Alejandro «Chucky Monedita» Núñez, quien por ese entonces habría compartido celda con Mauricio y Miguel Ángel “Lolo” Laferrara, el primero imputado como tiratiros de Alvarado e integrante de la banda.
El crimen finalmente se concretó este lunes por la tarde en la puerta de su taller mecánica, cuando llegaron tres personas en un auto, pidieron un presupuesto y al irse gatillaron contra la víctima. En un operativo cerrojo cuatro personas fueron detenidas y serán sometidas a una audiencia imputativa como responsables del crimen, contó una fuente fiscal.
Imputan a taxista por hacer la logística para asesinar a testigo protegido en la causa Alvarado
Fino Ocampo
Nicolás “Fino” Ocampo también fue imputado como integrante de la banda: fue señalado como una de las personas que hacía logística y llevaba adelante. Lo asesinaron el 16 de abril cuando llegaba a su casa junto a su familia a bordo de una Toyota Hilux.
Según la pesquisa, por su asesinato se pagó 270 mil pesos y fue por encargo. Había salido de la cárcel en agosto de 2020 tras firmar un acuerdo abreviado como integrante de la banda. Por este crimen hay cuatro imputados y varias escuchas telefónicas que cuentan la organización del hecho, el seguimiento a la víctima y su ejecución.
Doscientos setenta mil pesos para matar a Nicolás «Fino» Ocampo
Veinte tiros
Rodrigo Carlos Sánchez no estaba imputado en la causa pero los investigadores lo vinculan a Alvarado nada menos que como su ex jefe de sicarios. Lo mataron en marzo del 2020, cuando circulaba al mando de una Toyota Hilux por Wilde y San Lorenzo, en Fisherton. El auto utilizado en el hecho apareció en Ezeiza al 700. En el lugar se secuestraron alrededor de 20 vainas servidas calibre 45 y 9 milímetros.
Según la pesquisa, este hombre figuraba como empleado de la ex esposa de Alvarado, Rosa Capuano, en la empresa Logística Santino SRL que tiene domicilio legal a pocas cuadras del lugar del crimen. Figuraba como chofer de Jorge Benegas, también imputado como miembro del grupo, puntualmente como testaferro muy cercano al jefe del grupo delictivo.
Veinte disparos para un empleado de las empresas de Esteban Alvarado
La mujer que zafó de milagro
Mariana Ortigala es hermana de Rodrigo, quien supo ser amigo de Alvarado, pero hace una década una relación sentimental con la ex de su amigo generó una rivalidad tal que no hubo vuelta atrás, según su propia declaración.
Según el relato de los hermanos, Rodrigo fue hostigado, amenazado, le sacaron una propiedad que tenía en la localidad de Roldán y el propio Alvarado había ideado un plan para involucrarlo en las balaceras a edificios judiciales, igual que Olivera como integrante de la banda de Los Monos.
Intentaron plantar un celular que secuestraron en un allanamiento al que llegaron con datos aportados por policías vinculados a la pesquisa que terminaron involucrados como miembros de la banda.
Condenaron a otro jefe policial como integrante de la banda de Esteban Alvarado
El 13 de marzo del 2020 Mariana Ortigala tenía que ir a declarar. Al salir de su casa en Roldán, y cuando se disponía a subir al auto, fue atacada a tiros, aunque pudo guarecerse: treinta y cinco disparos gatillaron los sicarios, tres de los cuales impactaron en la víctima, en tórax, glúteo y talón. Por este hecho hubo dos sospechosos, una de ellas es hermana de Alvarado, Yanina, ex convicta por narcotráfico.
Un detenido por balear a testigo protegida en la causa por asociación ilícita de Esteban Alvarado
Dejá de batir la cana
“Esteban Alvarado dejá de batir la cana, ortiba. Estás entregando a los pibes. Date cuenta que ya no jugás más acá. La próxima aguantatela”. El cartel con una foto de Alvarado fue dejado en la puerta de la casa del ex suegro de Alvarado, luego de que los tiradores balearan el frente.
El hecho ocurrió en noviembre del 2020 en pasaje Pirayú al 1200. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad donde se logra ver a dos personas que llegaron en una moto y dispararon contra la casa.
La dueña de la propiedad salió aclarar públicamente que no tiene nada que ver con Alvarado o su familia, mientras los investigadores se preguntaban si efectivamente los responsables de la balacera eran enemigos del Esteban. O no.
«Esteban Alvarado dejá de batir la cana, ortiba»; mensaje y balas en una vivienda
Este sábado estaba previsto que concluyera la audiencia preliminar, el paso previo al juicio oral y público, contra Esteban Alvarado y varios de sus laderos, pero se postergó por dos semanas. El cabecilla del grupo enfrenta un pedido de pena de prisión perpetua.
Esteban Alvarado y cuatro de sus laderos en carrera al juicio oral: hay pedido de prisión perpetua
