Las noticias del 18 de julio de 2008 contaban que el tránsito en el puente Rosario-Victoria había sido interrumpido porque se hacía riesgoso circular. El motivo: las quemas en las islas del Delta del Paraná y el humo que, desde hacía unos meses, había comenzado a llegar a Rosario. Doce años después, el 18 de julio de 2020, el paso por ese cruce interprovincial también estuvo cortado: unos 300 ambientalistas se convocaron allí para reclamar que se ponga punto final a las quemas en las islas del Delta del Paraná y que los distintos poderes del Estado tomen cartas en el asunto para garantizarlo. El reclamo por una ley para proteger los humedales y frenar el ecocidio se actualizó, una vez más. Esta semana, el intendente Javkin y el gobernador Perotti hicieron declaraciones públicas en las que reclamaron intervención de Nación y la Justicia Federal de Paraná imputó a siete dueños de campos del Delta, dos de los cuales fueron indagados este sábado en Rosario.
La convocatoria surgió de la ciudadanía. Así lo indicaron referentes de distintas organizaciones ambientalistas que este sábado a las 15 se dieron cita en la cabecera del puente Rosario-Victoria e interrumpieron la circulación vehicular durante dos horas con un reclamo que no para de actualizarse: “Basta de quemas en las islas”.
La intervención, explicaron, no surgió de ninguna organización en particular: si bien acompañaron el reclamo, los que lo llevaron adelante se definieron como “autoconvocados”, y reclamaron en un solo grito que el Congreso sancione una Ley de Humedales para proteger zonas del país como la del Delta del Paraná.
“Al no tener respuestas respecto del cuidado del humedal y de la salud del ambiente, desde hace un tiempo empezamos a organizar actividades que nos ayuden a visibilizar lo que ocurre en las islas”, dijo Pablo, uno de los manifestantes, a <El Ciudadano > que después de levantar el corte participaba de una asamblea donde iban a determinar las acciones a tomar en los próximos días.
Basta de humo y quemas: postales de una tarde de bronca y corte del puente
Desde que en plena cuarentena por coronavirus, comenzaron a llegar a Rosario los efectos de las quemas, militantes socioambientales y de los Derechos Humanos se convocaron en varias oportunidades para que el reclamo llegue a toda la sociedad. Una de esas actividades fue el abrazo al Paraná que se realizó el pasado 17 de junio en el Parque España, del que participaron cientos de personas. La semana pasada se realizó, además, un “proyectorazo”, actividad que consistió en concientizar a través de proyecciones en distintos puntos de la ciudad.
“Lo reclamos son que haya una acción directa para el cuidado del humedal, para el cuidado del ambiente. Pedimos que los gobiernos y los Estados asuman el compromiso de cuidar el medioambiente en el que vivimos y la salud de todos”, dijo Pablo y remarcó: “También queremos poner en discusión el sistema extractivista en el cual se explota el ambiente, para que unos pocos que tienen la propiedad de las islas obtengan beneficios mientras que las consecuencias, como la destrucción del ambiente y del equilibrio en el cual vivimos y de nuestra salud, las sufrimos todos”.
La respuesta del Estado
Este viernes, desde el observatorio ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) indicaron que por estos días el nivel de contaminación del aire por el humo está “cinco veces por encima de lo considerado normal”.
Desde el Ejecutivo local, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue lapidario sobre el tema: “Que paguen las consecuencias. Otra vez el humo en Rosario y todas las ciudades del litoral. Los que queman tienen una actitud criminal. No voy a parar hasta que no haya una solución de fondo, con responsables presos y protección ambiental. Basta de impunidad. “BastadehumoenRosario”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/pablojavkin/status/1284126023899062278
Los incendios que se registraron durante las dos primeras semanas de julio son, en cantidad, casi los mismos que los que se sucedieron durante todo junio. 40 brigadistas, cuatro helicópteros y un avión hidrante que puso a disposición el gobierno nacional a través del Sistema de Manejo del Fuego permanecen trabajando en las zonas afectadas. Por día, el operativo le cuesta al Estado cerca de 10 millones de pesos.
Este jueves, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió a través de sus redes sociales la intervención de la Justicia Federal. “Es urgente que la Justicia Federal actúe frente a la causa penal por la quema de pastizales que inició el @AmbienteNacion y arbitre los medios para garantizar la medida cautelar que dispuso la prohibición absoluta de la quema de recursos naturales”, expresó a través de su cuenta de Twitter, y agregó en el mismo hilo: “Toda espera ha terminado. Mientras el tiempo transcurre, los santafesinos y santafesinas observamos cómo el fuego avanza sobre el Delta del Paraná. Es necesaria una acción concreta de la justicia”.
https://twitter.com/omarperotti/status/1283920025137623043
Su ministra de Ambiente y Cambio Climático provincial, Érika Gonnet, se expresó en el mismo sentido: dijo que la Justicia Federal “debe garantizar el cumplimiento de la medida cautelar que prohíbe la quema en las islas” e informó que el gobierno provincial, a través del Fiscal de Estado, realizó una denuncia penal contra los autores de los incendios.
La Justicia Federal de Paraná recogió el guante: este viernes imputó penalmente a siete personas sospechadas de cometer los delitos de “incendio u otro estrago” y de atentar “contra la seguridad de naves o aeronaves”.
Se trata de Rufino Pablo Baggio, Enzo Federico Vignales, Raúl Álvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, quienes figuran como propietarios de campos y parcelas donde se producen incendios.
Por exhorto, el juez federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque –que se encuentra de turno- indagó este sábado a dos de ellos en los Tribunales de Oroño al 900.
Fue Bailaque quien ordenó a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería la notificación para el urgente comparecimiento a todos. El resto de las declaraciones serán tomadas a partir de este lunes. Sin embargo, la investigación sigue en manos de la Justicia Federal de Paraná.
Desde el Ejecutivo de Santa Fe, esta semana apuntaron, además, contra las autoridades entrerrianas: “No puedo distinguir si es una imposibilidad de efectuar el control o hay alguna otra cuestión que el gobierno de Entre Ríos no puede manejar”, dijo el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, en declaraciones radiales.
Arden las islas y por primera vez hay responsables: la Justicia federal imputó a siete propietarios
