El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una denuncia en la Justicia federal de Entre Ríos con información georreferenciada sobre los incendios en el área del Delta, que incluyó datos de detección de focos ígneos de manera temprana. De esta forma, la cartera nacional puso a disposición del Poder Judicial los datos arrojados por los Faros de Conservación, que permiten identificar con precisión la ubicación de los terrenos donde se iniciaron los incendios. Además, el ministro Juan Cabandié anunció que en los próximos 18 meses invertirá 50 millones de dólares en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ante la proliferación de incendios forestales, lo que representa “un fuerte aumento presupuestario”.
Cabandié explicó que los Faros de Conservación “arrojan la localización de focos ígneos”, y agregó que si esos datos “se cruzan con información catastral de las provincias, la Justicia puede determinar claramente quiénes son los que prenden permanentemente fuego en el territorio”.
“Nosotros tenemos herramientas, instrumentos e información para reforzar a la Justicia y que se sepa quiénes son los que prenden los focos”, apuntó.
En tanto, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, sostuvo que desde la cartera ambiental “se realizan los máximos esfuerzos para la prevención y el manejo de los incendios”, pero a pesar de ello “si el Poder Judicial no se encarga de detectar y sancionar rigurosamente” a los responsables “esa impunidad genera una situación propicia para que no se verifiquen los cambios en la conciencia social y en las prácticas culturales” que se necesitan.
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En ese marco, la denuncia brinda especificaciones sobre la tecnología que utiliza el Servicio Nacional de Manejo del Fuego a partir de la cual se pueden localizar los campos donde se generan los focos ígneos “para luego conocer mediante los oficios judiciales la titularidad de dichos predios”, señaló Federovisky.
El funcionario también incluyó la posibilidad de solicitar a las compañías telefónicas que informen los rebotes de las antenas en dichas zonas para “establecer quiénes se hallaban en el lugar del evento dañoso en el horario indicado”.
“La Justicia puede tomar las acciones necesarias y garantizar el cese de incendios intencionales”, remarcó.
El Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios de Ambiente opera todos los días, las 24 horas, y se compone de torres de entre 30 y 40 metros de altura con cámaras multiespectrales que detectan humo y calor y de video, conectadas a Internet.
A través de un software, se localizan los focos de incendio y dos centros de monitoreo reciben y analizan las alertas para luego emitir los avisos correspondientes a las jurisdicciones.
Las alertas emitidas por Nación aumentaron de 181 en el mes de mayo a 269 en junio, para escalar a 237 en la primera quincena de julio, lo que evidenció cómo se multiplicaron las incidencias de focos ígneos. Ahora resta investigar y sancionar a partir de la información elaborada.
Los incendios, además, implican un drenaje de recursos humanos y materiales del Estado nacional y de las provincias para sofocarlos.
En las islas del Alto Delta operaban ayer dos aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde y para traslado de personal. En tierra actuaban 11 brigadistas pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.
En ese marco este jueves en Casa de Gobierno, Cabandié anunció el aumento de recursos: “Vamos a seguir en esta tesitura, invirtiendo y apostando. Creemos fuertemente en la necesidad de preservar, de cuidar, de conservar”, sostuvo.
Cabandié refirió también que “de 195 millones de pesos de presupuesto se pasó en 2022 a 6.500 millones de pesos”. Y reiteró la necesidad de que “aquel que prende fuego sea castigado por la ley”.
En ese sentido indicó que “95% de los fuegos son debido a la mano del hombre, ya sea por intencionalidad, dolo o imprudencia”.
Luego aclaró que “hay una equivocación muy instalada en el imaginario, en que el fuego lo apagan los aviones, que son una herramienta fundamental”, pero “faltaba hacer hincapié en los brigadistas” cuya situación describió: “No tenían una vinculación formal con el Estado, estaban en una tremenda informalidad y peleando durante 22 años por su convenio colectivo, y lo logramos”. Y puntualizó que ahora están trabajando “en un proceso para implementar una ley de jubilación especial de 900 brigadistas”.
Por otra parte, manifestó la necesidad de “una ley de Humedales, porque sin ella se pone en riesgo ese ecosistema específico”.
Y recordó: “En su momento tuvo media sanción en el Senado, (el entonces senador) Pino Solanas la impulsó mucho, después (el diputado) Leonardo Grosso presentó un proyecto que se cayó, lo siguió presentando con el acompañamiento de distintas ONGs. Ahora vamos a volver a impulsarla y esperemos que se apruebe”.
También planteó mejorar la ley de Bosques, ya que “bajó la tasa de forestación” y en esa línea habló de “tipificar el delito de desmonte y no seguir sin una regulación específica”.
Y pidió también “por una ley de Envases, para cuidar el planeta”, porque, consideró, “el cambio climático llegó para quedarse y hay que modificar métodos productivos, tener una conciencia ambiental y reducir las emisiones de residuos”.
Por su parte, Federovisky reforzó que la cartera de Ambiente “ya invirtió más de 16 mil millones de pesos” para “la prevención, combate y restauración de incendios forestales”, con la adquisición de “medios aéreos, vehículos, maquinaria e indumentaria para que los brigadistas tuvieran un marco laboral adecuado”, de los cuales “se destinaron 6.875 millones de pesos en las provincias”.
