La auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, informó a los fiscales santafesinos Roberto Apullán y María Laura Martí las “faltas graves y leves” que se les imputa en el marco de las investigaciones que realizaban sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Seguridad, la Policía provincial y la Municipalidad de Santa Fe.
“Se han admitido ciertas denuncias y presentaciones efectuadas, lo que significa que ingresamos a la etapa de investigación disciplinaria”, explicó Vranicich luego de entrevistarse con los fiscales. “A partir de ahora los fiscales tienen derecho a controlar la prueba que se produzca y luego, en base a esa evidencia, la Auditoría debe llegar a una conclusión: o bien archivo, si se comprueba que no hubo faltas graves o mal desempeño, o bien la formulación de cargos. Si se formulan cargos, pasamos a la etapa de juicio disciplinario de naturaleza administrativa, pero que tiene la misma lógica que un juicio oral y público”.
Las sanciones que pueden caberles a los fiscales son la suspensión por 30 días sin goce de sueldo, si se determina que cometieron faltas leves, o la destitución si se entiende que fueron faltas graves.
Vranicich es la funcionaria judicial encargada de supervisar la tarea de los fiscales y tomó la decisión de investigar a Apullán y Martí luego de tres denuncias: una del ministro Maximiliano Pullaro, por la filtración de los audios en el marco de la causa por las horas extra de la Policía; otra del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, por la misma causa; y la restante del intendente santafesino José Corral, por el allanamiento en la Municipalidad en el marco de la investigación de los “Corral Papers”.
Luego de la primera audiencia, los fiscales investigados no dieron mayores detalles. Apullán indicó ante la prensa que “hasta que no podamos leer el expediente y tener la posibilidad de acceder a las actuaciones, no podemos hablar”.
Por su parte, la fiscal Martí, al ser consultada sobre si sabía de quién era la línea telefónica al solicitar la intervención del teléfono de Pullaro, se limitó a contestar: “Sobre eso no vamos a hacer declaraciones hasta tener accedo al legajo”.
En cambio, el abogado que representa a los fiscales en este proceso, Néstor Oroño, hizo una lectura política del tema: “Sería ingenuo desconocer que detrás de estos hechos hay motivaciones e intereses políticos”, señaló respecto de las investigaciones que salpicaron a la Policía, al Ministerio de Seguridad y al municipio santafesino. “Esta es una cuestión que va a incidir y que ha incidido desde el inicio de esta causa. No tengo dudas de que acá la cuestión política ocupa un primerísimo plano, finalizó.
