Un joven de 27 años vinculado con la banda de Los Monos fue imputado este miércoles por participar en el ataque a balazos al Centro de Justicia Penal (CJP) del pasado 3 de enero. Le adjudican a Fabián Fernando Figueroa conducir un Audi Q3 que dio apoyo a la moto que llevó a los tiradores y luego trasladó a uno de los atacantes tras el hecho, el tercero contra el mismo edificio: los dos anteriores fueron adjudicados por los investigadores judiciales a Los Monos, en el primero de los casos, y a una banda rival, la que le sindican liderar a Esteban Alvarado.
Durante la audiencia imputativa a Figueroa, de 27, el fiscal Matías Edery encuadró el hecho en amenazas coactivas calificadas efectuadas con la intención de obtener una concesión por parte de las autoridades, puntualmente a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investiga bandas delictivas y del Colegio de Jueces, quienes deciden sobre la suerte procesal de imputados en causas de trascendencia.
También la acusación citó como un dato de relevancia el cambio de gobierno y el traspaso del Servicio Penitenciario a la órbita del Ministerio de Justicia, la situación carcelaria de presos de alto perfil y los traslados de personas vinculadas con organizaciones criminales.
El atentado ocurrió pasada la medianoche del 3 de enero último, cuando desde una motocicleta, con dos ocupantes, dispararon con un arma calibre .380 contra el ingreso al Centro de Justicia Penal por calle Mitre al 2800. Tres balazos se incrustaron en el muro de contención y seis en la puerta vidriada.
Tras la balacera se revisaron las cámaras de seguridad. De las imágenes surgió la presencia de un auto Audi Q3 blanco con la particularidad de un techo negro y llantas del mismo color, el que hizo las veces de apoyo, contó el fiscal.
Pasó una vez y rodeó el edificio alrededor de las 22 y luego a la 0.12 pasó por calle Mitre. Detrás suyo iban los ocupantes de la moto que efectuaron los disparos y continuaron la marcha por Mitre al norte.
Un testigo de identidad reservada contó cómo el acompañante de un motociclista que venía por Mitre y dobló por Gálvez, y que llevaba un casco puesto, se arrojó de la moto en movimiento a un auto estacionado que, tras levantarlo, inició la marcha hacia Entre Ríos.
El Audi estaba en Cabín 9
El seguimiento del Q3 con las particularidades que tomó la filmación cruzó diferentes cámaras de seguridad de la ciudad: transitaba por Seguí desde las 0.14 y siguió por dicho bulevar hasta las avenidas Circunvalación y Presidente Perón; esa última imagen se tomó a la 0.22.
Estos datos fueron investigados y, tras un informe de inteligencia que se realizó en la zona oeste, se determinó que el Audi Q3 estaba guardado en un domicilio en el barrio de Cabín 9 en la vecina localidad de Pérez. Este lugar está vinculado con un clan de apellido Figueroa, que, a su vez, se relacionan con la llamada banda de Los Stinfler –asentada en ese barrio–, por lo que se ordenaron cuatro allanamientos. En una cochera se encontró el auto y en el domicilio del imputado las llaves, que luego encendieron el auto.
El fiscal tomó en cuenta que de las evidencias surgió que la cochera fue alquilada en enero de 2019 por un hermano de Fabián, Cristian «Bocha» Figueroa (a quien detuvieron en octubre de 2018 en allanamientos realizados dentro de la causa que investigó el secuestro del comerciante de la colectividad gitana Miguel Colián) y estuvo parado alrededor de un año.
Al auto, según la pesquisa, lo sacaron por primera vez el 24 de diciembre último, y anduvo en la calle unas 5 o 6 veces. Unos días después del 1º de año, un testigo contó que lo sacaron una noche y le dijeron al encargado del lugar que volverían tarde. Para el fiscal, eso fue la noche del atentado.
La Fiscalía entendió que el conductor de ese auto era Figueroa, quien según la acusación prestó una colaboración indispensable: brindando apoyo y luego sacó al tirador del lugar. La acusación añadió que esta modalidad se repitió en otras sagas anteriores de ataques a edificios públicos, donde existió un vehículo que traslada armas y ocupantes de las motos tras las agresiones, ya que la alerta policial brinda los datos por lo general de dos atacantes en moto.
“El auto distrae, es fundamental. Hay un entramado, una logística que dificulta la investigación y la ubicación de los atacantes”, dijo Edery y le endilgó una participación primaria en el delito de amenazas calificadas y encubrimiento simple, porque el auto secuestrado tiene la numeración irregular.
El defensor Juan Ubiedo atacó fuerte la calificación y la participación de su cliente en el hecho, dijo que los vidrios estaban polarizados y que no hay evidencia directa que vincule a su pupilo, pero no fue suficiente para lograr la libertad.
La jueza Paula Álvarez le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.
El móvil
Para el fiscal no hay un tiroteo gratuito: el objetivo son edificios institucionales y, en este caso, donde habitualmente se juzga a personas y se llevan adelante investigaciones por parte del MPA.
Para el funcionario estos ataques tienen la intención de que las autoridades de Fiscalía cesen en las investigaciones contra organizaciones delictivas, y de influir en las decisiones de los jueces respecto de las condiciones de detención de los miembros de las organizaciones criminales.
El fiscal citó un informe de inteligencia de mayo de 2019 en el que se da cuenta de posibles atentados contra edificios gubernamentales ordenados por Carlos «Toro» Escobar (un convicto allegado a Ariel «Guille» Cantero y también mencionado en la pesquisa por el fatal ataque al casino City Center) que tenían como finalidad intentar modificar la situación de detención de muchas personas de la organización que están en distintas cárceles de la provincia y del país, dijo, a lo que agregó que esta persona está vinculada con Los Monos.
Para modificar condiciones de detención
Para Edery es de suponer que esta información tiene cierto correlato con la realidad y agregó la numerosa cantidad de habeas corpus que se presentaron el año pasado en este sentido y una intervención telefónica que se produjo con posterioridad al informe, entre cuatro internos «de alto perfil» que se encontraban en cárceles de Buenos Aires y Santa Fe. El diálogo duró casi 40 minutos y hablaban de la disconformidad sobre los lugares y condiciones de detención, contó el fiscal. En un momento los interlocutores dijeron: “Vamos a cagar a tiros a todos, a llenar a todos de tiros”.
También hizo referencia al cambio de gobierno y a la circunstancia de que el Servicio Penitenciario pasó de la órbita del Ministerio de Seguridad a la del Ministerio de Justicia de Santa Fe. Dijo que con los atentados lo que se intenta hacer es que el nuevo gobierno modifique esta situación; y explicó que estos vínculos o circunstancias que tienen relevados “muestran que este informe de inteligencia tendría cierto viso de realidad que se empieza a materializar cuando se tuvieron que tomar decisiones sobre un montón de presos de alto perfil y situaciones de traslado”, dijo.
Como correlato a este análisis, el 10 de enero pasado cuando empleados del Servicio Penitenciario llegaron a la oficina que funciona en Alsina y avenida Pellegrini se encontraron un disparo que había atravesado una de las ventanas del edificio.
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