La educación empieza por casa. Esa es la conclusión que se deduce de una encuesta que encargó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) sobre la responsabilidad de los padres en los casos de amenazas de bomba en las escuelas. El estudió arrojó que el 60 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que se sancione a los padres de los alumnos en estos casos. Para Martín Lucero, secretario general del gremio, el sondeo es una “proyección social de que la primera educadora es la familia”.
Más de doscientas amenazas de bomba pusieron en jaque las jornadas escolares en Santa Fe y Rosario en 2017. Todas resultaron ser bromas pesadas, pero los operativos deben efectuarse ante cualquier alarma. En agosto, una saga imparable de 59 llamados obligó a que Fiscalía tome cartas en el asunto. El fiscal Gustavo Ponce Asahad libró una serie de allanamientos a principios de este mes y ya hay 7 padres y un pibe de 18 a quienes les achacaron imputaciones por intimidación pública. Según la encuesta de Sadop, la decisión de un alumno de llamar al colegio o al 911 y alertan por una bomba que no existe “no sólo es un problema escolar sino que es social”.
La opinión pública
“La encuesta se realizó para ver la opinión pública respecto de la responsabilidad que le cabe a la familia en la formación de los chicos. Lo que surge de la encuesta es que hay una conciencia social de que la familia es la primera educadora en valores”, consideró Lucero.
El sondeo arrojó que un 85 por ciento de los consultados manifestó estar al tanto de la las amenazas, y se enteraron por medio de un conocido o por los medios de comunicación. Lo que deja entrever que el tema está instalado en la agenda.
¿Quiénes llaman?
Un 52 por ciento manifestó que sólo los alumnos son los responsables de llevar adelante las amenazas de bomba. Paralelamente, un 26 por ciento consideró que “son los chicos, junto con otros actores” los responsables de las llamadas. Por tanto, 3 de cada 4 personas aseguró que los alumnos están implicados.
Los resultados de la investigación están a la vista. Hubo un descenso abrupto de llamadas en la segunda mitad de septiembre. Lucero evaluó: “Las consecuencias de los actos siempre existen. La respuesta del Estado reflejó eso. Pero lo ideal es que la respuesta se dé en la casa”.
La seguidilla de amenazas afectó tanto la actividad educativa de las escuelas, como la de sus alrededores. “El estudio pone de manifiesto lo que desde el Sadop sostenemos en cuanto a que la escuela no es una isla, y lo que sucede en ella requiere en muchos casos un abordaje integral desde distintos sectores. Y, en ese sentido, la familia es la primera educadora”, concluyeron desde el gremio.
El relevamiento fue realizado por la consultora Cemop, sobre 407 casos de la ciudad de Rosario.
