Fuerzas de seguridad de Chile asesinaron, torturaron, violaron e infligieron malos tratos y lesiones graves a manifestantes durante la represión del estallido social en el país, según denunció este jueves Amnistía Internacional (AI) en un informe que eleva la presión sobre el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
La organización de defensa de los derechos humanos instó a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una “reforma profunda” de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
Las manifestaciones se iniciaron el mes pasado tras el aumento en la tarifa del subte de Santiago y se convirtieron luego en un clamor contra el modelo económico neoliberal que el país, uno de los más desiguales del mundo, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Las protestas y su represión dejaron al menos 23 muertos y más de 2.300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severos, según organizaciones locales.
En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Guevara apuntó directamente contra Piñera, a quien señaló como responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
“El presidente es responsable, primero y sobre todo, porque es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de toda la población en Chile”, dijo.
AI consideró en su informe que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado “no son hechos aislados o esporádicos”, sino que responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación” que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel”.
Hasta el momento, AI documentó 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
La Fiscalía de Chile registró 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de las fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, que fue violado con un bastón cuando estaba detenido y fue golpeado e insultado por su orientación sexual.
El equipo de trabajo de AI registró el uso “constante e inadecuado” de escopetas de perdigones para reprimir las manifestaciones y de gas lacrimógeno “en cantidades alarmantes”.
