La gran mayoría de los oradores que participaron de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la provincia para discutir la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART se manifestaron en contra. A favor solo lo hicieron el gobierno provincial, a través de la ministra de la Producción Alicia Ciciliani, y los representantes de federaciones comerciales y empresarias de distintos puntos del territorio santafesino.
Tras la media sanción al proyecto por parte del Senado, el pasado 4 de julio, la Cámara de Diputados decidió convocar a una audiencia pública para que las entidades y los particulares que se oponen a la reforma normativa pudieran expresarse. La audiencia fue pospuesta dos veces por cuestiones de agenda legislativa y finalmente se realizó este miércoles en el hall de la Legislatura.
La jornada de debate convocada a partir de dos proyectos similares presentados por los diputados Leandro Busatto (PJ) y Rubén Giustiniani (Igualdad) duró casi cuatro horas y participaron 44 oradores. La mayoría –dirigentes sindicales, especialistas, funcionarios judiciales, abogados y médicos laboralistas y referentes de los organismos de derechos humanos– se manifestaron en contra de la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional, que es uno de los principales reclamos del presidente Mauricio Macri a la provincia.
El proyecto enviado a la Legislatura por el gobernador Miguel Lifschitz en diciembre del año pasado propone que la provincia adhiera al Título I de la ley nacional 27.348, complementaria de la ley nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. Estipula que ante una situación de enfermedad o accidente laboral, antes de un litigio judicial contra el empleador o la empresa, el trabajador deberá iniciar en forma obligatoria un trámite ante las comisiones médicas (serán cinco en toda la provincia) para resolver el conflicto de manera más rápida. Para el empleador, implica una rebaja en el costo de las ART. Para los sindicatos, se trata de un paso más hacia la flexibilización laboral que promueve el macrismo.
Si bien durante la audiencia cada orador expuso sus propias razones, hay una serie de argumentos compartidos por quienes se oponen a la nueva ley: por un lado, señalan que es inconstitucional ya que vulnera el derecho de los trabajadores a peticionar ante la Justicia; por otro lado, sostienen que no es el momento político de avanzar con una nueva normativa laboral ya que tanto el gobierno provincial como el nacional están “en retirada” y, por ese motivo, coinciden en que sería más apropiado que el tema quede para la próxima Legislatura.
Las exposiciones registradas en la audiencia fueron giradas a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, donde se encuentra en estudio el proyecto que fue votado por unanimidad dos meses atrás en el Senado. Con el objetivo de darle un cierre al tema, un grupo de legisladores de la oposición y del propio oficialismo intentará en la sesión de este jueves pasarlo directamente a archivo (ver aparte).
A favor
La ministra Ciciliani fue la primera oradora de la audiencia y realizó una defensa de la adhesión a la nueva norma nacional: “La queremos y necesitamos para que haya menos despidos y menos cierre de empresas”.
Según la funcionaria, las reformas planteadas por el gobierno “le hacen un bien a los trabajadores, a las empresas y a todo el sector productivo” ya que reducirán los costos destinados al seguro por riesgos de trabajo. “Estamos pidiendo hace más de un año a las empresas que hagan un gran esfuerzo para no despedir trabajadores”, argumentó.
Entre otros casos, la ministra mencionó que la CGT de Rafaela informó que “hay empresas que ya empiezan a adelantar vacaciones y que están promoviendo trabajar cuatro días a la semana y los sindicatos privados que bregan por la adhesión a esta ley piden que no les bajen el salario a sus trabajadores”.
Leandro Aglieri, de la Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe (Fececo), se manifestó a favor sin hacer discursos (dijo que adhería “a las palabras de la ministra”) y presentó un documento en nombre de la entidad para que sea analizado por la Comisión de Asuntos Laborales.
Desde el ámbito patronal, Silvana Dal Lago –de la empresa Sonder Valor Argentino SRL– defendió la adhesión a la nueva ley con una fuerte crítica sobre la actual normativa: “Me sacan las ganas de dar trabajo”. Fue la única oradora que se presentó como “emprendedora” en el debate realizado en la Legislatura.
En contra
El diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, rechazó el proyecto al señalar que su espacio se pone “en el lugar de los que producen la riqueza, los trabajadores, y no de quienes los explotan”. Del Frade mencionó que a nivel nacional hay un accidente laboral cada dos minutos y se producen dos muertes por día, por lo cual el problema no es la ley sino los controles y –en líneas generales– las medidas de seguridad en los ámbitos laborales.
Según el legislador del Frente Social y Popular, la nueva ley solo beneficiará a las nueve empresas de ART que facturaron en su conjunto 85 mil millones de pesos en 2018. Del Frade coincidió con los gremios en que la adhesión de Santa Fe a la nueva normativa nacional “viola la Constitución que dice que el Estado debe garantizar la salud y la justicia laboral” y cuestionó “la cobardía los senadores” que votaron el proyecto hace dos meses. “Ninguno vino al debate”, ilustró.
Su colega del PJ, Leandro Busatto, cuestionó al gobierno nacional por impulsar una reforma basada en el denominado “costo argentino” y remarcó que la nueva ley “afecta el derecho de defensa de los trabajadores” al establecer el recurso de la mediación, lo que “coloca al trabajador en la situación de decidir entre cobrar lo que determine la comisión médica o apelar sin percibir nada a cuenta”.
Busatto agregó que “esta ley representa para algunos sectores la posibilidad de alivianar el inconveniente que, entienden, se genera a veces a partir de los juicios laborales. Pero para otros, en cambio, es una afectación de derechos y garantías. No vamos a tener una Argentina más próspera si no cambian las políticas económicas. Esta ley puede servir o no, lo que está claro es que no es el punto angular sobre el que gira la actual crisis económica en el país”.
Desde el ámbito sindical, expresaron su rechazo Claudio Girardi (CGT Santa Fe), José Testoni (CTA Santa Fe), Claudio Leoni (Festram), Adriana Monteverde (Amsafé), Jesús Monzón (CGT San Lorenzo), Diego Ainsuain (Siprus), Analía Ratner (La Bancaria), Ramón Acosta (UOM), Pedro Bayugar (Sadop), Lorena Almirón (ATE), Oscar Vallejos (Adul), Gustavo Terés (Amsafé Rosario), Rodrigo Acosta (Jaboneros) y Marcos Pozzi (Aceiteros). El único gremio que en la previa se había mostrado a favor (Camioneros) no envió ningún representante a la audiencia pública.
Además, se manifestaron en contra de la nueva ley Diego Boglioli (Asociación de Abogados Laboralistas), Lautaro Ortega, (Centro de Estudios Laborales y Sociales), Diego Guirado (Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados Primera Circunscripción), Daniel Cosuello (Observatorio de Salud de los Trabajadores), Vanesa Blando (Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) y Hugo Kofman (Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe), entre otros.
Más allá de señalar la “inconstitucionalidad” de la nueva normativa, hicieron hincapié en que se trata de un proyecto que les interesa a las ART y no a los trabajadores. También remarcaron que la mayor cantidad de juicios laborales se debe al incremento del trabajo no registrado (calculan que alcanza al 40% del total de trabajadores) y reclamaron que se implementen en toda la provincia los comités mixtos de seguridad e higiene laboral.
Lo quieren archivar
En la sesión de este jueves, un grupo de diputados de la oposición e incluso del propio oficialismo –entre ellos Luis Rubeo, Leandro Busatto, Alicia Gutiérrez, Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver– promoverá pasar el tema a archivo.
Rubeo presentó un proyecto de resolución, acompañado con la firma de otros diputados, para pedir que se vote sobre tablas el archivo del proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Para ello, será necesario reunir los dos tercios de los diputados presentes para poder aprobar el tema sobre tablas. Si ello ocurre, la iniciativa quedará archivada y el Ejecutivo se verá obligado a iniciar nuevamente el trámite ante la Legislatura.
