Mauro Federico
A mediados de 1940, el primer ministro británico Winston Churchill, convencido de la importancia del espionaje a la hora de combatir a ese enemigo omnipotente y letal que representaba la figura de Adolf Hitler, dispuso la creación del SOE (Special Operations Executive, algo así como una Dirección General de Operaciones) que tuvo como objetivo principal llevar a cabo acciones de espionaje, sabotaje y reconocimiento especial contra las potencias del Eje en aquella Europa ocupada por el nazismo. La organización llegó a contar con unos 13.000 agentes que cumplieron arriesgadas tareas en todo el mundo y cuya labor permitió infiltrar y obtener información vital para que las fuerzas aliadas lograran derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Además de los miembros regulares, el SOE llegó a contar con casi un millón de integrantes secretos diseminados en todo el mundo que fueron vitales para infiltrar a los ejércitos de ocupación en diferentes países europeos. Parafraseando a sir Arthur Conan Doyle, Churchill solía llamarlos “los irregulares de Baker Street”, que era el apelativo con el que Sherlock Holmes se refería a un grupo de niños desarrapados y hambrientos que vivían en las calles de Londres, a los que recurría habitualmente para recabar información acerca de los movimientos de quienes investigaba. El personaje más célebre de la literatura detectivesca solía pagar por los servicios de estos reclutas infantiles “un chelín diario”.
Bastante más caros e ineficientes resultaron los servicios de inteligencia de la Argentina durante la administración de Gustavo Arribas. No sólo no ayudaron a ganar ninguna guerra, sino que fueron parte de una maquinaria siniestra que centró su estrategia en efectuar tareas de espionaje sobre personajes e instituciones que no eran del agrado oficial, en sospechosa conexidad con la labor de cierto sector del Poder Judicial. El amigo del presidente que supo destacarse como intermediario y representante de jugadores del fútbol profesional ocupó el refaccionado despacho del quinto piso del edificio de 25 de Mayo durante los cuatro años de gestión macrista sin tener la más mínima idea de lo que significa la labor de los servicios secretos en las democracias. Y más allá de los cuestionamientos políticos a su rol como director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se envició con el uso de un arma de doble filo para todo Señor Cinco: el manejo discrecional de los fondos reservados.
Apenas asumió la presidencia de la Nación, Alberto Fernández puso proa a una misión que algunos de sus antecesores intentaron infructuosamente llevar a cabo, que es transparentar las cuentas de la Agencia y ponerla al servicio de un Estado que proteja a los ciudadanos, en vez de perseguirlos. “En los últimos cuatro años, los agentes de La Casa se dedicaron a perseguir grupos anarquistas que pintaban iglesias y dirigentes opositores en vez de investigar el lavado de dinero y sus conexiones con las redes terroristas internacionales”, sostuvo una fuente oficial.
A fines de encarar el primer objetivo propuesto, esta semana la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, acordó con el síndico general de la Nación, Carlos Antonio Montero, la puesta en marcha de un plan inédito de auditoría sobre los fondos reservados el organismo. “Desde la Sigen vamos a llevar adelante un trabajo de control que esté en total sintonía con la voluntad política del presidente, que nos plantea terminar con la concepción de un Estado secreto”, dijo Montero tras el primer encuentro que mantuvo con Caamaño. A través del decreto 52/2019, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la Agencia “con el objeto de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional”. En esa línea, el jefe de Estado determinó que los fondos reservados de la AFI se reasignaran para financiar políticas públicas nutricionales y educativas estratégicas para abordar la emergencia social, en el marco del plan Argentina contra el Hambre.
Esos recursos sin rendición de cuentas fueron el combustible utilizado por las sucesivas gestiones para alimentar el funcionamiento de lo que el presidente de la Nación calificó en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa como los “sótanos de la democracia”. El responsable de esa mala costumbre de gastar sin controles entre 2016 y 2019 fue Arribas y los resultados de sus manejos discrecionales pueden apreciarse en una pequeña libreta en la que la interventora va a anotando prolijamente día a día los “hallazgos” de sus colaboradores, para luego transmitírselo en persona al titular del Poder Ejecutivo. “Todas las semanas Cristina cruza la calle y se sienta con Alberto a repasar la marcha del proceso, incluso esta semana, que estuvo de gira, se reunió igual con Santiago (Cafiero) para analizar los pormenores de un trabajo que no se termina nunca”, relató un colaborador con acceso directo al despacho presidencial.
El sotano más caro del mundo
El presupuesto de la AFI para el año 2019 fue de 2.600 millones de pesos. Con ese monto, el titular del organismo debía enfrentar los gastos corrientes de la gestión y el mantenimiento de su estructura administrativa que, contrariamente a lo que predicó el espacio gobernante hasta diciembre pasado, no paró de incrementarse durante los últimos cuatro años. Sólo para tener una idea de la magnitud de ese crecimiento, Arribas nombró más gente que todos sus antecesores juntos desde el advenimiento de la democracia, en 1983.
Yendo a los fríos números, el macrismo hizo ingresar 862 agentes sobre un total de 1.400 que hay en la actualidad. Al igual que el director designado, la gran mayoría de este personal nuevo no tenía ninguna capacitación específica en el área de Inteligencia, y sus curriculums así lo dejan en evidencia. Entre los designados aparecen una profesora de teatro, una vendedora de la cosmética Avon y un gerente de la aseguradora Met Life.
Pero además del frondoso presupuesto asignado, Arribas tenía autorizados fondos reservados por aproximadamente unos 1.100 millones de pesos adicionales. Si bien estos gastos no necesitan ser justificados, es necesario que queden registrados en planillas confeccionadas a tal efecto que debe controlar el área de Finanzas, responsable de distribuir el dinero requerido por cada área. Es lógico que un servicio secreto cuente con fondos cuyo destino no puede difundir a fin de preservar algunas acciones que requieren del perfil bajo o el anonimato de sus ejecutores. El problema justamente es que muchas de esas erogaciones no tenían como destino alguna acción concreta de inteligencia que generara un resultado efectivo y comprobable. Y una cosa es la preservación de la “fuente” (así se llama a los agentes informales que suministran datos útiles para una investigación) para su protección y otra bien distinta es ocultar tras el título de “reservado” un gasto abusivo y ridículo.
Veamos algunos ejemplos concretos
El parque automotor de la AFI está integrado por 209 vehículos, en su gran mayoría de alta gama. Veinticinco de estas “naves espaciales” (así las definió una fuente del ente) están afectados exclusivamente al área de la Dirección (hoy intervención). Por razones de “seguridad”, cuatro de estos autos fueron blindados, tarea por la cual la administración Arribas pagó 240.000 dólares (a razón de 60 mil dólares por unidad).
En un incidente vial menor ocurrido a pocas semanas de asumir la intervención, uno de estos vehículos en los que era trasladada la doctora Caamaño perdió el espejo retrovisor del acompañante y se raspó la carrocería. Cuando se requirió el presupuesto para el arreglo de la unidad a uno de los talleres con los que habitualmente se maneja la ex Side, la sorpresa fue casi tan grande como el monto requerido: 75 mil pesos por la reposición de la pieza dañada y 1.100.000 pesos por la reparación del blindaje. Ante la negativa de la interventora, el arregló terminó efectuándose en otro taller, por un valor total que no superó los 300.000 pesos. “Es evidente que existe una línea de controles relajada y un circuito de manejos irregulares que estamos dispuestos a eliminar”, relató un funcionario que colabora con la interventora.
Otro aspecto que quedó evidenciado apenas empezaron a destaparse algunas ollas es la tan declamada “promiscuidad” entre la Justicia federal y la AFI. Repare el lector en este dato. La agencia es depositaria de los vehículos secuestrados en procedimientos judiciales, para su utilización. Entre tantos, cinco autos decomisados al sindicalista de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina al momento de su detención terminaron en los garajes de La Casa. El 28 de noviembre del año pasado (doce días antes de asumir la gestión actual) Arribas dispuso su devolución al juzgado interviniente.
Las “fuentes” son la savia de la información que generan los espías. Si bien no forman parte de la estructura administrativa de la agencia, reciben pagos irregulares por sus funciones. El mecanismo es el siguiente: el agente que utiliza a un “inorgánico” (personal no identificado, fantasmas del organigrama) requiere fondos ocultos para abonar los servicios del colaborador. La división a cargo debería evaluar la eficiencia de los trabajos para corroborar si la inversión realizada en estos pagos sin registro produce los resultados esperados. Eso es justamente lo que no ocurre. Un miembro de la Casa, por ejemplo, recibió mensualmente durante los últimos tres años de gestión 15.000 dólares provenientes de la CIA y otros 15.000 aportados por la AFI para pagarle a sus supuestas fuentes. Sin embargo, a pesar de la millonaria inversión, el mencionado agente nunca aportó datos significativos a ninguna investigación.
Las propiedades de la AFI son otro punto donde las actuales autoridades posaron la lupa. Varios de ellos fueron enajenados durante el gobierno de Cambiemos. Los edificios y sus correspondientes terrenos ubicados en las calles Billinghurst y Coronel Díaz efectivamente fueron vendidos, ya que dejaron de pertenecer al erario público. Sin embargo, nadie aún pudo hallar el asiento donde figura el dinero correspondiente a esas transacciones que debió haber ingresado a la Gerencia Financiera.
Decenas de cámaras, micrófonos, inhibidores de señal y otros chiches tecnológicos fueron hallados en un armario, sin que se haya podido encontrar la orden de compra del material.
Al panorama descripto se le suma el aspecto ideológico que se le imprimió a la labor de espionaje. Y para ese tipo de misiones, se reclutó personal idóneo. Arribas fue un protector de personajes relegados de sus respectivas fuerzas de seguridad por razones vinculadas a su cuestionable desempeño. Así, la AFI se transformó en un refugio de policías bonaerenses exonerados y de gendarmes que participaron en hechos que aún se encuentran bajo investigación judicial, como por ejemplo la muerte de Santiago Maldonado.
