Por Esteban Guida (*) / Especial para El Ciudadano
El gobierno de Cambiemos viene sosteniendo una política antiinflacionaria cuya lógica radica en la contracción de la demanda como mecanismo disciplinador de los precios, pero al mismo tiempo concede aumentos significativos en determinados sectores que provocan el efecto contrario. El resultado viene siendo una fenomenal transferencia de ingresos que tiene un efecto devastador, tanto para las empresas como para los trabajadores, obstruyendo seriamente las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo nacional.
Los datos van mostrando esta situación con contundencia. Hace unos días se conoció el último dato del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional, indicador que se utiliza para estimar la inflación. Si bien en mayo este guarismo se ubicó por debajo del pico alcanzado en los meses anteriores, la dinámica inflacionaria sigue vigente, hecho que cuestiona de plano la eficacia y validez de una política que viene acumulando altísimos costos económicos y sociales.
A pesar de que el gobierno está perdiendo velozmente reservas para mantener el dólar quieto, paralizando la inversión con una tasa por las nubes, retrayendo la demanda por la contracción monetaria y acentuando la recesión económica, la tasa de inflación no logra bajar el piso de los 3 puntos porcentuales por mes, promediando el 3,6% mensual para lo que va del año. En concreto, a mayo de 2019 el Índice de Precios varió 3,1% respecto del mes anterior, 19,2% respecto de diciembre de 2018 y 57,3% respecto de igual mes del año anterior.
El combo de medidas aplicadas por el gabinete económico provoca una pérdida de poder adquisitivo que deteriora el bienestar económico de las personas, sobre todo aquellas con menor nivel de ingresos. Los más pobres sufren más el impacto de la inflación, no sólo porque gastan todo su ingreso sino además porque los rubros que registran más aumento de precios son los de mayor incidencia en la composición de su consumo. Por ejemplo, el rubro de alimentos y bebidas encabezó la lista de subas acumuladas de 2019, con un incremento del 21,6% por encima de la media. De esta forma, la inflación sigue registrando récord tras récord, deteriorando cada vez más la situación social y confirmando la afrenta de la política antiinflacionaria del gobierno de Cambiemos con respecto a los más humildes.
Pero el problema no es sólo de los que consumen todo su ingreso en alimentos. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en 2018 los salarios reales quedaron, en promedio, un 12,1% por detrás de la inflación. Específicamente la caída fue del 11,7% para los asalariados privados y públicos, y del 13,8% para los trabajadores informales. Asimismo, este informe sostiene que, por efecto del rebrote inflacionario, el primer trimestre de 2019 registró una caída del 1,6% del salario real. Estas conclusiones van en línea con lo que varias consultoras privadas sostienen respecto de que en 2019 se registrará por segundo año consecutivo una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores. Dentro de los perjuicios, entonces, debe añadirse también el deterioro en el nivel de vida de los sectores medios trabajadores.
Cuando en septiembre de 2018 el economista Guido Sandleris asumió a la presidencia del Banco Central (BCRA), redobló la apuesta a un plan monetario contractivo, de neto corte ortodoxo. El objetivo era nuevamente asegurar la estabilidad de precios mediante el control de los agregados monetarios. El énfasis se puso en tomar las medidas necesarias para que la base monetaria (es decir, la suma de los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos en pesos de los bancos en el BCRA) no crezca nominalmente hasta junio de 2019. Fue así que el promedio mensual de la base monetaria del mes de mayo se ubicó en 1,3 billones de pesos, mientras que la tasa de política monetaria superó los 70 puntos porcentuales.
Estas metas monetarias se fueron cumpliendo mes a mes, a la par de un esquema de altas tasas de interés que afectaron agudamente a las empresas y a la actividad económica en general. Según los últimos datos presentados por el Indec en marzo, la actividad económica se contrajo 6,8%, y el acumulado del primer trimestre de 2019 mostró una caída del 5,7% con respecto a igual período del año anterior. Estos resultados se suman a las caídas que presentan la industria y el comercio, sectores que más mano de obra demandan y que mayormente explican el crecimiento del PBI.
Por este motivo las empresas no están exentas de pagar los costos del modelo económico implementado por un gobierno que prometió desde sus comienzos un “ambiente propicio para los negocios”, sin la intervención de un Estado populista, distorsivo e ineficiente para el desarrollo del sector privado.
Las perspectivas para lo que resta del año son cada vez más negativas. Puede ocurrir que la inflación del mes siguiente registre un aumento menor al anterior, pero esto pende de un hilo muy delgado, ya que la estabilidad cambiaria no está basada en la fortaleza de la economía sino en especulaciones financieras y políticas de un grupo minoritario que sigue haciendo el juego en pro de sus propios intereses. La batería de medidas anunciadas a fines de abril para contener la inflación quedó en el acervo de las olvidadas e irónicas conferencias de prensa de un gabinete económico que, a esta altura, ha logrado desarrollar una robusta cara de piedra.
Cualquiera de los candidatos a la Presidencia de la Nación debe tomar una posición contundente con relación a este problema. No es suficiente con “aspirar” a bajar la inflación o “sentir” que sus medidas tendrán éxito a futuro. Hay que decidir cómo reorientar la distribución del ingreso y administrar las pujas distributivas con un objetivo claro, manifiesto y contundente. Porque cuando esto no se dice explícitamente es porque se está ocultando la verdad, beneficiando a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías populares, a las que se las convoca para las elecciones pero se las ignora o reprime cuando manifiestan su disconformidad.
Pueda ser que, de una vez por todas, dejemos de abordar la inflación sólo con esos latiguillos monetaristas que en nuestro país no dejan de cosechar fracasos. No hay política de precios efectiva y sustentable sin la necesaria armonía y coordinación política de los sectores que hacen al quehacer productivo nacional. No habrá política económica efectiva sin un programa de crecimiento y desarrollo económico orientado al interés nacional, que no sólo arroje resultados cuantificables medidos en términos del PBI sino que fundamentalmente pueda ser articulado, percibido y vivenciado con justicia y equidad por el conjunto de los argentinos.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
