El embarazo forzado de niñas menores de 15 años, que en 2018 registró 2.350 casos, “es la consecuencia de un abuso” sexual que suele construirse en el tiempo y perpetrado mayormente por familiares, advirtieron este viernes especialistas que participaron de un encuentro sobre la temática en Paraná y abogaron por “visibilizar” esa realidad que implica “un trabajo interinstitucional” para prevenirlos y abordar sus consecuencias.
Con paneles a cargo de especialistas y funcionarias, la ciudad de Paraná fue sede de la jornada “Prevenir y actuar frente a los abusos sexuales y el embarazo forzado en las niñez y la adolescencia”.
La iniciativa fue del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), en conjunto con la Ong Red por la Infancia, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y Unicef.
Ante un auditorio de más de 100 personas que trabajan en áreas de salud, educación, seguridad y justicia, representantes del gobierno nacional y entrerriano presentaron avances y desafíos relacionados con la prevención y el acompañamiento a niñas y adolescentes.
“Debemos hablar de embarazo forzado. No es lo mismo decir una niña de 15 años embarazada que decir que es una niña con un embarazo forzado. Se trata de una situación singular”, explicó la socióloga Silvina Ramos, coordinadora del Enia.
La especialista resaltó que el embarazo forzado “es la consecuencia de un abuso, por eso el tratamiento de estas niñas debe ser integral y debemos trabajar interinstitucionalmente”, añadió.
Según las cifras oficiales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia –que Télam adelantó el martes–, en 2018 hubo 2.350 niñas menores de 15 años que fueron madres.
“De esas niñas, 6 de cada 10 dejaron la escuela; ellas tendrán menos posibilidades educativas y laborales, tendrán trabajos precarios. Perdieron su niñez y eso impactará en sus vidas”, destacó Ramos.
La actividad incluyo talleres donde las y los participantes intercambiaron experiencias para enfrentar la problemática, aportando protocolos y guías de actuación para el abordaje de esta realidad.
“Enia encara por primera vez de manera intersectorial una problemática largamente invisibilizada: el abuso sexual y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años. La ruta crítica que deben atravesar estás niñas para acceder a sus derechos nos interpela en la búsqueda de soluciones efectivas”, dijo Mariana Isasi, oficial de enlace de Unfpa Argentina.
Esa “ruta crítica” de las niñas fue tenida en cuenta en las guías oficiales, insumos analizados durante la jornada, que incluyen desde cómo entrevistar a las víctimas hasta las información que deben darle, incluida la opción de una interrupción legal del embarazo y también la asistencia integral en los casos donde se convierten en madres.
“Si no se trabaja el abuso, por más que se resuelva el aspecto de salud de esa niña en el momento, el abuso continúa, porque a diferencia de los ataques sexuales, los abusos se van construyendo en el tiempo y en el 80% de los casos los abusadores son familiares”, señaló Paula Watcher, directora de Red por la Infancia.
“Si no se indaga sobre el origen de ese embarazo, sobre todo en menores de 15 años, implica que a la niña no se le da una respuesta que la proteja integralmente”, agregó.
Por su parte, Ramos dijo que “es un problema complejo para el cual no hay soluciones simples. Los protocolos de acción que proponemos objetivizan, pues separan las subjetividades de las personas, ayudan a salir del corsette de los prejuicios, y dejan claro cuál es el rol de los equipos de salud, de justicia y de educación para enfrentar la situación”.
La actividad también se desarrolló esta semana en Salta, ya que Enia trabajan en 12 provincias del país.
