El pasado jueves 9 de abril se llevó a cabo el primer Foro Federal Laboral para discutir los alcances y la normativa que deberá incorporar el inminente tratamiento en el Congreso Nacional del anteproyecto de Código del Trabajo y de la Seguridad Social. La actividad se desarrolló en el Centro Científico-Tecnológico de Rosario ubicado en el predio del Conicet vecino a la Ciudad Universitaria de la UNR. Los organizadores iniciales de este debate fueron la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, la Red Interdisciplinaria sobre Estudios del Trabajo y la Confluencia Federal de Laboralistas, contando con el auspicio del Ministerio de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, el Conicet en Rosario y la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros.
El encuentro contó con representantes de varias provincias, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, siendo partícipes de los talleres de debate no sólo abogados y jueces, sino también representantes gremiales y empresariales, profesionales de la salud y de las ciencias económicas y sociales.
En la conferencia inicial sobre las perspectivas de elaboración de un Código del Trabajo, expusieron Julio César Neffa (economista e investigador), Jorge Kohen (médico del trabajo) y los abogados Sebastián Serrano Alou, Luis Roa y Lucas Gómez Portillo.
Todos ellos expusieron sobre la necesidad de un trabajo interdiscisciplinario y participativo poniendo énfasis en el tema de los riesgos en el trabajo y su repercusión en la salud de los trabajadores. Además, realizaron un análisis de las distintas medidas dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que, entre 1996 y 2013, emitió más de 4.500 resoluciones respecto de las coberturas brindadas por las ART. Los disertantes dejaron en claro que el volumen de dinero que manejan estas aseguradoras –23 en el mercado actual– es de 3.000 millones de pesos mensuales, siendo que sólo siete de estas empresas concentran los aportes del 70 por ciento de los trabajadores e igual porción de los empleadores. En este sentido, se analizó la posibilidad de que esta masa de dinero, aproximadamente 36.000 millones de pesos anuales, sea manejada desde la órbita del Estado en caso de que la nueva codificación contemple esta posibilidad.
El foro se desarrolló en cinco grupos de trabajo con participación interdisciplinaria sobre los temas de la regulación del Derecho Colectivo. En especial, en el debate del modelo sindical, la responsabilidad empresarial y la estabilidad, la tercerización, la seguridad social, en especial la salud y seguridad en el trabajo, los procedimientos laborales y la democratización del mundo del trabajo a través de la ciudadanía laboral, la participación, la cogestión, la autogestión y los problemas de las cooperativas de trabajadores.
El panel de cierre estuvo integrado por Álvaro Ruiz (Ministerio de Trabajo de la Nación), Juan Nucci (secretario general. del Sindicato de Trabajadores Judiciales), Patricia Otegui (jueza laboral de Rosario), Victorio Paulón (UOM Villa Constitución-CTA), Eduardo Fenuouil (Asociación Empresaria de Rosario), Eduardo Benedetti (Feba) y la clausura del foro estuvo a cargo del diputado nacional Héctor Recalde, propulsor de la discusión del Código.
Hubo una especial intervención del sindicalista Victorio Paulón, quien opinó sobre el formato que debe tomar el tratamiento de la creación del Código de Trabajo “para sacarlo de la mera órbita judicial, y que sea más que una compilación” de las leyes existentes.
“Es fundamental convocar a los actores del mundo del trabajo, por una parte los representantes de los trabajadores, delegados, comisiones internas y sindicatos locales, además de las dirigencias nacionales de las diversas centrales obreras. Además esta participación de las representaciones patronales, le van a asegurar un piso de consenso desde sus orígenes”, describió.
Paulón agregó: “Esta discusión del Código debe llevar a un formato parecido al tratamiento nacional que tuvo la ley de medios audiovisuales, en cuanto a su carácter federal en todo el territorio nacional a través de estos foros de debate. También debe asegurar toda la legislación que abarca los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La ley de Contrato de Trabajo es un buen antecedente: antes de su reforma cercenadora por parte de la dictadura cívico-militar en el año 1976. Igualmente, se deben poner en discusión las reformas regresivas de los años 90, y las restauraciones a partir de 2003, estando presentes cuestiones como salud laboral, obras sociales y ART, entre otras. Que la urgencia política no atente contra lo importante; el debate debe tener todo el tiempo necesario para que sea participativo, interdisciplinario y profundo”.
