Una casa particular y un negocio lucrativo, pero ilegal. Personal de la comisaría 14ª, perteneciente a la Inspección 6ª de la Policía de Rosario, fue hasta la vivienda en la madrugada de este sábado luego de que vecinos denunciaran que allí se vendían, durante los fines de semana, medicamentos que requieren receta archivada. Los uniformados detuvieron a una mujer de 72 años ya que le encontraron más de 200 pastillas de Rivotril, cuyo principio activo es el clonazepam. Se trata de un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas, que actúa sobre el sistema nervioso central con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del ánimo. Pero, también esta sustancia psicoactiva se usa para el consumo ilegal.
Voceros policiales indicaron que ante la denuncia, se montó un operativo con personal policial encubierto en la cuadra de Santa Fe al 6600 para comprobar si, efectivamente como alertaron los vecinos, se comercializaban ilegalmente medicamentos durante las noches y madrugadas de los fines de semana. Ante la evidencia, y con autorización judicial, se produjo el procedimiento en las primeras horas de este sábado.
En la casa, que tenía además un cartel de quiosco, encontraron 213 pastillas de Rivotril, marca comercial de clonazepam, y 271.100 pesos en efectivo, más dos teléfonos celulares que fueron incautados. El medicamento estaba dentro de una bolsa de alimento para felinos. De las averiguaciones de rigor surgió que el mismo domicilio ya había sido allanado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en un operativo que terminó con el secuestro de una pistola.
Un dato singular es que el negocio, de fachada legal y funcionamiento delictivo, estaba gerenciado por una mujer de 72 años, identificada como María Inés N., quien quedó detenida e incomunicada hasta el próximo martes cuando se llevará a cabo la audiencia imputativa y se conocerá su responsabilidad en el hecho.
En principio, se trata de una violación al artículo 204 del Código Penal, según el cual «será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa de la declarada o convenida».
El caso quedó a cargo de la fiscal de la Unidad de Flagrancia Ana Julia Milicic.
