Hacer llegar el servicio de agua potable a 40 mil familias que aún no tienen garantizado ese derecho en Rosario y, así, saldar una deuda histórica. ¿Cómo? Destinando un porcentaje mínimo de los fondos extraordinarios que la provincia de Santa Fe recibirá de Nación por la deuda por coparticipación. Con esta idea como norte, Antonio Salinas, referente de Ciudad Futura, asumió el viernes como jefe al mando de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario. Salinas propone pensar los derechos de los consumidores y las consumidoras como derechos solidarios que permitan transformar reclamos individuales en derechos colectivos. “No hay posibilidades de bajar los índices de violencia en Rosario si no generamos una ciudad un poco más equilibrada, más justa, y el acceso a servicios como el agua, la luz y las cloacas es un piso. Ni siquiera es el objetivo que deberían tener aquellos que luchan por la igualdad. Es un piso básico”, remarcó el funcionario.
La Oficina Municipal del Consumidor de Rosario es un órgano que depende del Concejo, creado por ordenanza en 1992. El lunes 6 de diciembre pasado, luego de la jura de los concejales electos en noviembre, se designó al referente de Ciudad Futura, Antonio Salinas, como el nuevo jefe de esa repartición, que estuvo los últimos seis años en manos de Cambiemos. “Es un desafío poder llegar a un lugar que es superficie de contacto institucional con la gente. Nos interesa la faceta que puede ocupar la Oficina en el sentido de pensar la afectación colectiva de las acciones injustas o desmedidas en las relaciones de consumo, o relaciones ciudadanas que se dan en el marco de la ciudad”, dijo a El Ciudadano Salinas, que entró en funciones este 10 de diciembre.
Salinas tiene 37 años, es odontólogo y fue uno de los fundadores del Movimiento Giros, el germen de lo que luego sería Ciudad Futura. “Hay una cuestión paradigmática: los derechos de los consumidores son entendidos como derechos humanos de tercera generación, que se inscriben dentro de lo que son los derechos de la solidaridad, los derechos de afectación colectiva. Los derechos de los pueblos, dicen algunos y algunas”, explicó el funcionario. El derecho del consumidor forma parte de este tipo de derechos junto con el derecho al ambiente o al uso libre de la ciencia y la tecnología.
La Oficina Municipal del Consumidor, que funciona en un edificio de Córdoba 852, cuenta con distintas áreas de trabajo, como la de Inquilinos, que apunta a salvaguardar los derechos de los usuarios de alquileres y a garantizar el cumplimiento de la ley vigente. Donde hay una relación desigual de poder, como la que existe entre inquilinos e inmobiliarias, ahí es donde debe trabajar la Oficina.
Pero Salinas va más allá y remarca la importancia de pensar estas relaciones desde otro paradigma, que no sólo genere reclamos individuales, sino que los colectivice y los haga solidarios. “Tenemos que apostar a generar derechos, transformar los reclamos individuales en derechos colectivos”, enfatiza.
Deuda histórica
“Cuando asumimos el desafío de trabajar la idea de la defensa del consumidor y del usuario, empezamos ver cuáles son las deudas pendientes que tenemos hacia atrás. Y, cuando hablamos de deudas pendientes, hay una principal que tiene la democracia y todo el pueblo argentino, rosarino y santafesino con los barrios populares que hoy tenemos en nuestra ciudad”, dijo Salinas y graficó con números. De acuerdo con el funcionario, hoy existen en Rosario 112 barrios populares en los que viven unas 40 mil familias. De ellas, el 98% no cuenta con servicio de agua potable, el 97% no tiene cloacas, el 95% no tiene servicio de luz, y el 99% no tiene conexión a la red de gas.
“Estamos hablando de más o menos unas 40 mil familias rosarinas que hoy no acceden formalmente al agua potable. Y no acceder formalmente al agua potable no es no pagarla, es no tenerla. O tenerla de manera extremadamente precaria, hacer colas en zanjas donde hay que bajar la manguerita para ganarle a la gravedad y poder llenar un balde. Que eso siga siendo una realidad a esta altura del siglo XXI es gravísimo”, remarco Salinas. “Eso desde la Oficina del Consumidor va a ser una hoja de ruta, porque su función es relacionar a los consumidores y a los usuarios con las empresas prestatarias de servicios”.
“Hay todo un marco normativo nuevo que se instrumenta a partir de la sanción de la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, más conocida como ley de Barrios Populares, a través de la cual las familias que vive en los 4.416 barrios de toda la Argentina que habían sido censado en 2016 recibieron un certificado de vivienda”, explicó Salinas. “El decreto de 2018 y la ley dicen que es suficiente ese certificado de vivienda para solicitar el acceso formal a los servicios públicos con la luz, el agua y las cloacas. Entonces, vamos a trabajar muy fuertemente en tratar que las personas que viven en esos 112 barrios populares de Rosario se transformen en usuarios formales, en consumidores formales, reales, de los servicios”.
Además, el flamante funcionario hizo referencia a otra ley, pero de carácter provincial: la 11.220, de prestación y regulación de los servicios sanitarios de Santa Fe. “Esa norma trata las áreas no servidas, es decir, todos los barrios donde no llega el acceso al agua. A la gente que vive en esas zonas la ley las llama usuarios potenciales. Es decir que la legislación los tiene en cuenta. Ahora tenemos que transformar a esos usuarios potenciales en usuarios formales, en usuarios reales, concretos”.
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Un cachito de coparticipación
Cuando la semana pasada la Corte Suprema de Justicia fijó el monto que Nación deberá pagar a la provincia de Santa Fe por la deuda por coparticipación, Antonio Salinas afinó la punta del lápiz y se puso a sacar cuentas. “Ciudad Futura lleva adelante la urbanización de Nuevo Alberdi, por ende tenemos actualizado al día de hoy el presupuesto de obra de cuánto sale poner agua. Llegué a la conclusión de que con el 1,8% de esos cien mil millones de pesos que van a entrar a la provincia de forma extraordinaria podemos hacer que esas 40 mil familias accedan a la red formal de agua. Estamos hablando de llevarle agua a la totalidad de los rosarinos y rosarinas que viven sin agua. Lo que vamos a proponer desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario es que se ejecute esa inversión. Que esa consecución de un fondo extraordinario nos permita saldar deudas históricas pero urgentes”.
“Cuando decimos que el derecho de los usuarios y consumidores es solidario y es colectivo, hablamos de que resolver este problema no es solamente resolver el problema a 40 mil familias, es evitar uno de los mayores problemas que hoy tiene el servicio de agua potable, que es la fuga. Cuando no es el Estado el que hace la obra para la provisión de agua de la gente, la propia gente tira mangueras, tira caño negro, caño colorado. Y lo hace con todo el derecho del mundo, porque si el Estado no es quien puede proveer un servicio de agua potable, que es un derecho humano básico y elemental, que la propia gente lo haga con sus manos me parece no solo un derecho sino también una necesidad. Incorporar a esos ciudadanos y ciudadanas como usuarios formales es, además, evitar esas conexiones autogestivas que tienen muchísimas fugas, porque al no tener los instrumentos adecuados pierde agua y despresuriza todo el sistema de tuberías y cañerías de toda la ciudad. Resolver ese problema es también generarle presión a la gente de zona norte que hoy no tiene presión, es dejar de derrochar, es ser solidario con el resto de la ciudad”, enfatizó Salinas.
En este sentido, el funcionario llamó a todos los sectores políticos a ponerse al frente de este reclamo. “Estos fondos se consiguieron a partir de un esfuerzo y de una gestión multipartidaria. Esta solicitud la encabezaron Binner, Obeid, Reutemann, otras gestiones la siguen continuando. Lo que proponemos desde la Oficina es: saldemos esa duda y construyamos un idéntico acuerdo multipartidario para conseguir ese recurso, para saldar esta deuda. Pongámonos de acuerdo todos los partidos”.
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