El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick declaró nulos los artículos del decreto del ex presidente Mauricio Macri que les permitieron a familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales establecido por una ley que expresamente excluía esa posibilidad.
El magistrado hizo lugar a una demanda colectiva iniciada por la Asociación Civil Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS), a partir del cual decretó la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 del decreto 1206/2016 firmado por el ex presidente.
En el mismo, Macri había incorporado a los familiares de los funcionarios a las facilidades incluidas en el Régimen de Sinceramiento Fiscal impulsado durante su Gobierno.
“Más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria”, sostuvo el magistrado.
A partir de ese fallo, ahora la AFIP queda en disposición de poder cobrar a aquellos que habían sido excluidos.
Hay que “tener en cuenta la respuesta de la Administración Federal de Ingresos (AFIP)», escribió el juez en su fallo, porque «de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada por los actores, los contribuyentes involucrados deberán ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo, tales como Impuesto a las Ganancias, Impuesto al valor agregado, Impuestos a los Bienes Personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto, así como los intereses del pago fuera de término”.
Por ello, el juez sostuvo que la AFIP está en posición de “reclamar los mismos por los períodos no prescriptos” al hacerse lugar “a la demanda colectiva”, por lo que el organismo “estaría en condiciones, dependiendo de cada caso en concreto, de reclamar el pago de los tributos referidos en el punto anterior.».
El balnqueo, bajo el eufemismo de sinceramiento fiscal, de 2016 fue impulsado por el Gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio). Fue el más amplio de la historia argentina. Quienes declaraban hasta 19 mil dólares estaban exentos de tributar. Quienes formalizaban bienes entre 19 mil y 50 mil dólares debían pagar una alícuota de 5% y si exteriorizaban un capital por un monto superior debían abonar una alícuota del 10 por ciento.
Los bloques entonces del oficalismo pretendían que el beneficio incluyera a los familiares de los funcionarios, pero la oposición, con mayoría legislativa, lo rechazó. Después, en el momento de reglamentar la ley, Macri bajo la excusa de precisiones, los volvió a incluir.
