Directo a los responsables. La Multisectorial por los Humedales concretó ayer una nueva acción directa, con una convocatoria acotada para mantener la distancia social y el cuidado por la pandemia de coronavirus, pero a la par hacer visible el conflicto por al destrucción del Alto Delta. Unos 60 activistas se reunieron en avenida Carlos Colombres al 1500, a metros de la costa del río Paraná, entre el club Bancario y el Yacht Club, donde funciona la guardería náutica “Henry Morgan”. Allí hicieron un escrache público a su propietario, Enzo Mariani, a quien acusaron públicamente de ser uno de los perpetradores del ecocidio en las islas. El empresario es quien ocupa más de 800 hectáreas en el Charigüé que la ciudad de Rosario reclama como propias y mantiene un litigio judicial por usurpación. Pero además Mariani es quien dispuso la construcción de un terraplén de 4 kilómetros y medio hacia el riacho Paranacito, operación que se estaba realizando con maquinaria pesada y que se descubrió a mitad de septiembre, pese a que en todo el territorio rige una medida cautelar de la Justicia federal que prohíbe, además de fuego, todo movimiento de tierra.
La Multisectorial plantó la nueva protesta alrededor de cuatro objetivos: uno es la presión a Mariani para que devuelva las zonas del Humedal donadas a la Municipalidad de Rosario en el testamento de Carlos Deliot al morir, a mitad del siglo pasado. El empresario las ocupó y busca legitimar la propiedad de la superficie por usucapión, es decir por posesión de hecho a lo largo del tiempo, mientras distintos gobiernos municipales le vienen dando batalla judicial. Pero mientras tanto aprovecha los terrenos: según un listado de productores agropecuarios que se filtró días pasados, tendría 631 cabezas de ganado allí, en calidad de “pastajero”, es decir quien hace engorde de bovinos en tierras no propias.
Un segundo objetivo, según refirieron fuentes de la Multisectorial a El Ciudadano, es que se lo declare “persona no grata”. La figura, que es más simbólica que efectiva se aplicó rara vez en algún legislativo local, pero siempre para personas no residentes: con gran estruendo, dos meses atrás, el edil Agapito Blanco pidió ese señalamiento para el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y precisamente por el mismo tema, las quemas indiscriminadas e intencionales en el Alto Delta frente a “la evidente pasividad e inacción”, del gobierno de Paraná ante la “dramática situación”.
El proyecto sobre Bordet no fue tratado, pero tampoco descartado: está en comisiones y parece probable que allí permanezca por largo tiempo. Pero para la organización ambientalista la consideración sobre Mariani puede incluso arrancar con otra figura simbólica, y así lo hicieron ver sus miembros en los carteles hechos a mano: “Ecocida”.
Por ambas vías –la ocupación de terrenos y la alteración de suelo– sumado a que Mariani también aparece señalado por las quemas en territorios que ocupa –aparece mencionado junto a otros nueve empresarios y empresarias en el pedido de detención que a fines de julio pasado formuló el fiscal federal Carlos García Escalada, con jurisdicción en Victoria– la Multisectorial llegó al tercer objetivo: pedirá al Ejecutivo municipal y al Concejo la revocación de las habilitaciones de sus emprendimientos, esto es la guardería, dos estaciones de servicio –una expende combustible en el río, para embarcaciones– y un bar. –Incluso la Multisectorial anunció una campaña de recolección de firmas para sostener la petición. Pero mientras prospera –o no– la intención de los ambientalistas es visibilizar al empresario por su accionar y así generar una sanción social por parte de los propios consumidores, para que opten por productos y servicios de otros proveedores alternativos.
El cuarto objetivo de la Multisectorial es que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias, impartiendo el castigo correspondiente, no sólo a Mariani, sino a todos los responsables de los cerca de 3 mil focos de incendio que desde enero pasado devastaron la zona de islas, arrasando con la flora y fauna que el fuego encontraba a su paso, como monte nativo y selva de galería, colmenas vivas y materiales de productores apíícolas e incluso viviendas de isleños que perdieron todo lo que tenían. Las consecuencias de ello se reparten en más de una docena de denuncias ante la Justicia, cada una a partir de efectos específicos de las quemas, que se reiniciaron –y recargadas– en la misma semana –en junio– que los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y la Nación firmaron un acuerdo base para restringir por seis meses cualquier uso del fuego e iniciar un plan de trabajo conjunto con productores, pescadores, isleños y otros sectores con presencia en el Humedal.
La idea del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que era poner de nuevo en marcha el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) quedó trunca de inmediato y a puro fuego. El gobierno de Santa Fe consideró caído el acuerdo por incumplimiento a menos de cinco días de su rúbrica y avanzó entonces en una nueva presentación judicial, una de las que está en trámite en la Justicia Federal de Paraná y que llevaron al juez Daniel Alonso a dictar la cautelar prohibiendo toda acción que deteriorara aún más el ecosistema. Pero tampoco se cumplió la cautelar: apenas días antes de que se labrara el acta a Mariani por los trabajos con maquinaria pesada, un particular hacía desmontes más reducidos en otra zona y con maquinaria liviana pero igualmente con capacidad de daño.
Y aunque con menos intensidad, las columnas de humo en el horizonte vuelven a aparecer, a pesar del despliegue de brigadistas, aeronaves, y otros recursos, incluyendo dos buques multipropósito de la Armada.
De allí que la Multisectorial continúe sumando ítems a su agenda de protestas, que lanzó hasta que cesen definitivamente las quemas y se apruebe la ley de Humedales. En esa línea se inscribe el escrache de este martes a Mariani: “Los motivos son crímenes contra el ambiente y usurpación de bienes públicos”, explicaron desde la organización. “Pedimos cobertura a los medios ya que consideramos vital que la comunidad esté informada del accionar de esta persona”.
“Además de usurpación y cría extensiva de ganado ha cortado arroyos, secado lagunas, y provocado un daño considerable al ecosistema. Desde 2012 Enzo Mariani viene avanzando en la construcción de terraplenes que implican modificar el curso de arroyos naturales. Esto, con el objetivo de modificar el paisaje de los humedales y hacerlo más afín a la cría masiva de ganado. Fue denunciado. Sigue impune. En medio de las quemas, continuó con la construcción de terraplenes, evidenciando que las quemas son intencionales y responden a intereses productivos del gran capital. Mariani hizo un terraplén de varios kilómetros, construyó una casa, una piscina y dependencias de engorde para el ganado. Y con ese terraplén que levantó, entre otros, cortó el arroyo de La Cruz, y secó una laguna alimentada por ese arroyo que era una vía navegable. Es uno de los siete imputados por el Poder Judicial federal por las quemas ilegales de los humedales que se suceden desde hace 9 meses y contando. Mientras destruyen este ecosistema, con consecuencias a futuro como inundaciones, proliferan las afecciones respiratorias y les afectades ambientales siguen invisibilizades. Defender el humedal es defender la salud”, concluyó la Multisectorial.
