La Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto resolvió apartar a un magistrado que en la primera jornada de un juicio oral por un robo calificado hizo salir al acusado porque la Fiscalía sostuvo que un testigo le tenía temor, pero sin las debidas pruebas. El defensor regional de Venado Tuerto presentó la recusación y solicitó la invalidación de lo actuado porque el juez no actuó imparcialmente.
El 11 de junio pasado, se desarrolló la primera audiencia de un juicio oral por robo calificado que lo tenía a Jonathan C. en el banquillo de los acusados. En un momento, el fiscal pidió que el acusado se retirara de la sala de audiencias para que el primer testigo pudiese declarar y basó el pedido en un supuesto temor a la presencia del imputado. Esa solicitud fue aceptada por el juez, Benjamín Révori.
En ese marco, el defensor regional de Venado Tuerto, Mariano Mascioli, y la defensora pública Silvia Couselo, solicitaron la recusación, la invalidación de lo actuado y el apartamiento del magistrado, por no haber actuado imparcialmente.
En la audiencia de Cámara, presidida por la magistrada Andrea Fernández, Mascioli y Couselo argumentaron que no existió denuncia alguna que hiciera posible ver amenaza, intimidación o amedrentamiento alguno por parte de su cliente contra el mencionado testigo. En consecuencia, la decisión del magistrado no derivó de “causa justificada” sino de la mera alegación infundada por la Fiscalía para evitar la presencia del imputado durante la declaración del testigo generando indefensión, argumentaron en un escrito.
Los representantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal agregaron que “los testigos deben declarar en la sala de audiencias, frente a todos los actores del sistema y fundamentalmente frente al principal interesado en oír lo que hay en su contra, para en el contexto de la inmediatez darse cuenta de lo que sucede, proponer preguntas o decir algo”.
Tras la audiencia, la jueza Fernández resolvió el 14 de junio pasado declarar admisible la recusación planteada por la defensa pública contra el juez Révori, invalidó lo actuado desde el inicio del juicio y ordenó que se proceda a la designación de un nuevo juez.
La camarista consideró que la decisión del juez Révori contrarió los principios y reglas generales del Código Procesal Penal. “El imputado tiene el derecho de controlar el desarrollo de todo el procedimiento, particularmente en la producción de pruebas de cargo, a ser oído y controvertir las pruebas”, indicó la defensa pública en un comunicado.
