Muchas irregularidades dijeron haber encontrado los fiscales Socca y Moreno en el accionar de su par Edery, quien según esta versión le había otorgado un teléfono a la “testigo protegida” para que hablara sólo con él, teléfono encontrado en un allanamiento que ordenaron los primeros.
Ese celular abrió la puerta a las conversaciones que mantenían, donde se mencionaban procedimientos que se iban a hacer y que de alguna manera podrían servir -según la interpretación de Socca y Moreno- como advertencia para la mujer, que en realidad fue testigo contra el narco Esteban Alvarado, pero era parte de la banda de Los Monos.
En su temporada como testigo protegida, una figura que no está clara en el código santafesino, la acusada compró 14 propiedades y delinquió, según dijeron Socca y Moreno. En respuesta, los abogados de Ortigala acusaron ante la Auditoría del MPA a estos funcionarios de haber expuesto a la mujer, y ellos a su vez denunciaron en sede administrativa y penal a Edery por la presunta comisión de delitos de acción pública.
La jefa del MPA regional, María Eugenia Iribarren y la titular provincial decidieron intervenir.
Por decisión de la Fiscalía Regional Rosario y en forma provisoria, Edery fue corrido de todas las investigaciones vinculadas a Ortigala, pero a la vez tuvieron la misma suerte Socca y Moreno: fueron apartados por “falta de objetividad” de las causas referidas, pese que no hay denuncia penal contra ellos. Este proceder de Iribarren responde a una sugerencia efectuada por Vranicich, quien no tiene potestad legal para hacerlo por su cuenta, dijeron desde la defensa de Silvio Barrionuevo.
Este hecho marca un precedente para la Justicia provincial y hasta puede marcar el destino de un caso en el que se pidió el apartamiento de otro funcionario. Se trata de la causa en que la el fiscal Sebastián Narvaja investiga al titular de Obras Sanitarias, Silvia Barrionuevo por supuesta administración fraudulenta.
En este caso la defensa de Barrionuevo pidió ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial el apartamiento del fiscal Sebastián Narvaja. Según el secretario general del gremio, el titular de la Unidad de Delitos Económicos y quien lleva adelante su caso incurrió en una “pérdida de la objetividad” y hasta hizo referencia a un “pensamiento anti sindical” a la hora de proceder.
El pedido ante el MPA, que se conoció a mediados de agosto, y finalmente esta semana fue atendido. Pero no fue inmediato. Los abogados del sindicalista elevaron una queja a la titular del MPA ampliaron que, si bien la figura de la sugerencia de apartamiento se inauguró en el caso Narvaja, hace tres semanas que la sugerencia para su apartamiento quedó en suspenso, mientras que en el caso de Edery esa misma sugerencia fue acatada de inmediato y todos los involucrados fueron apartados, por lo que piden el mismo tratamiento.
La disputa entre Barrionuevo y Narvaja
La causa judicial que lleva adelante Narvaja se remonta a una serie de denuncias que recibió Barrionuevo durante 2022 por supuesta administración fraudulenta y amenazas, en las vísperas de las elecciones que se celebraron en el gremio durante junio de ese año.
La defensa del sindicalista objetó que las demandas respondieron a cuestiones meramente políticas, luego de exponer que los denunciantes eran candidatos opositores a la conducción del gremio. También agregaron que esos mismos que dieron origen a la causa fueron luego citados a audiencia imputativa por falso testimonio.
Otro de los fuertes cuestionamientos sobre la metodología adoptada por el funcionario apuntó a su proceder a través de la fuerza pública, más precisamente en el caso de los allanamientos. En el transcurso de la investigación, se ordenó un procedimiento en el geriátrico donde reside Oscar Barrionuevo, padre de Silvio e histórico referente del gremio un cuestión, con el objetivo de entrevistarlo. Los abogados cuestionaron severamente este proceder al poner de manifiesto la vulnerabilidad de Barrionuevo padre así como también su condición de imputado y por ende su imposibilidad de poder declarar en la causa.
En este contexto y a través de la denuncia presentada ante MPA y la comisión de Acuerdos de la Legislatura, los abogados Ignacio Carlos Carbone y Gustavo E. Feldman sostuvieron: “Con las conductas adoptadas por el fiscal, puede confirmarse que se dejó llevar por varias personas que pertenecen a la lista opositora, tomando partido en la contienda interna gremial del proceso eleccionario, encontrándose afectado seriamente el deber de objetividad que todo fiscal debe cumplimentar”.
En la presentación detallaron la sucesión de hechos que llevaron a la demanda y acusaron al fiscal de incurrir en una “perdida de objetividad y sin fundamento aparente, doble vara flagrante que permiten inferir, con poco margen de error, la pérdida de objetividad de quien actualmente se encuentra investigando distintos delitos claramente falaces”
