La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario cuestionó esta semana las medidas tomadas por parte del Tribunal Oral Número 1 de Santa Fe, que dejó «sin efecto las inspecciones oculares realizadas a los centros clandestinos de detención de D2 y Guardia de Infantería Reforzada, en el marco del proceso oral y público de la causa de lesa humanidad «Chartier».
Las resoluciones fueron adoptadas por los magistrados José María Escobar Cello, Luciano Lauria y María Ivon Vella, en la acordada 11/2021 del juicio “Chartier”, que además de suprimir las inspecciones, instaron a las partes a reducir la cantidad de testigos.
Esas medidas fueron resueltas «con la advertencia que de no hacerlo lo hará el tribunal de oficio; la reducción de asistencia en la sala de juicio, con la excepción de jueces y de las víctimas-testigos», señaló la APDH en un comunicado
«Si bien entendemos y compartimos la gravedad de la situación sanitaria, eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Hace más de cuatro décadas que las víctimas están esperando este momento tan importante de reparación histórica, y por lo tanto, hemos solicitado al tribunal que solo se reduzca a tres testigos los desistimientos (siendo testigos de concepto) manteniendo a los testigos directos, familiares y dos testigos de conceptos que darán el contexto del terrorismo de Estado de la región Santa Fe», remarcó el texto elaborado por este organismo de derechos humanos querellante en esta causa.
En ese sentido, la APDH solicitó que «se mantenga la inspección judicial en el ex Centro Clandestino de Detención tortura y exterminio «D2» entendiendo que puede ser llevada adelante la medida sin violentar la normativa sanitaria».
«Distinta es la situación de la ex «Guardia de infantería reforzada» (GIR), donde actualmente existen personas privadas de su libertad, y resultaría dificultoso realizar esa medida judicial con la actual situación sanitaria», admitieron.
Desde la APDH afirmaron «estar convencidos de que el tribunal hará lugar a lo solicitado por esta querella, de lo contrario podría configurar un hecho de gravedad institucional».
«Estos juicios son el ejercicio de la memoria, la búsqueda de la verdad y la justicia sobre hechos mundialmente entendidos como delitos de lesa humanidad, son educativos y formadores de conciencia de nuestras instituciones», puntualizaron.
El juicio de la causa «Chartier» se analizan las detenciones ilegales y tormentos sufridos por once víctimas entre febrero y abril de 1980.
Las víctimas trabajaban en el Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical «La Lucha», reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fueron alojadas en varios centros clandestinos de detención ilegal de la ciudad de Santa Fe, y luego trasladados a varias cárceles del país.
Están sentados en el banquillo de los acusados los ex policías provinciales Fernando Sebastián Mendoza, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar Insaurralde, Antonio Rubén González, Omar Epifanio Molina y Germán Raúl Chartier.
