La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- regional Rosario solicitó al Tribunal Federal N° 4 que ordene la prisión preventiva de Roberto Pellegrini -procesado y a la espera de juicio por crímenes de lesa humanidad- en un establecimiento carcelario bajo el Servicio Penitenciario. En el último año le había sido otorgada la prisión domiciliaria en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe.
El «Pocho» Pellegrini, como era conocido, era jefe de División Personal de la empresa Acindar se desempeñó como nexo entre las fuerzas represivas y los máximos directivos de Acindar a partir de marzo de 1975. Ese fue el momento en que se empezaron a realizar detenciones ilegales masivas y asesinatos, que luego recrudecerían partir de la oficialización del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.
Pellegrini está procesado y a la espera de juicio por 32 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, 8 casos de homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita. La solicitud de APDH fue realizada al Tribunal Federal N°4 a cargo del juez Marcelo Bailaque.
En marzo de 2019 le fue otorgada la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y en mayo obtuvo el beneficio de salidas diarias para caminatas a 500 metros a la redonda de su domicilio y siempre acompañado por un familiar, médico o persona de confianza. Sin embargo, a partir del relato de sobrevivientes, APDH tomó conocimiento de que las salidas de Pellegrini incluían salidas al supermercado o a la farmacia. A su vez, forma parte del cuidado de su cónyuge por lo que este organismo de derechos humanos se pregunta hasta qué punto su salud se ve lo suficientemente comprometida como para no cumplir con la prisión preventiva en un establecimiento carcelario tal como indicaría la ley.
Desde APDH subrayan el tipo de delitos por los que está procesado: de lesa humanidad, es decir, aquellos que suponen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que como tales no prescriben. En Argentina el terrorismo de Estado se ejerció de forma sistemática, por lo menos, desde marzo de 1976 a diciembre de 1983.
En este marco, José Muzzio es sobreviviente de la represión desplegada en Villa Constitución aquellos años dijo en declaraciones radiales que Pellegrini «era el que manejaba todo»: «Yo lo he denunciado ante el tribunal Federal, ante el fiscal Gonzalo Stara. Pellegrini nos había mandado a sacar una foto y con esa foto vino la policía a buscarme a mi casa, esa misma foto que me había sacado en la fábrica».
Por su parte, Gabriela Durruty y Federico Pagliero son integrantes de la querella de APDH Rosario y manifestaron: «Las responsabilidades directas de quienes pensaron y desarrollaron el genocidio como política pública, podemos dividirla en responsabilidades de uniforme, de sotana y de traje. Las responsabilidades de sotana y de traje son las más difíciles de establecer. Pellegrini es un emblema en este sentido. Tenemos numerosos testimonios de compañeros a partir de los cuales queda absolutamente claro que su accionar fue directo en relación a la represión desplegada en Villa Constitución como antesala al golpe cívico militar».
A esto, agregaron: «Hubo compañeros que notificaban su domicilio temporario por razones de enfermedad en casas de familiares, los cuales fueron secuestrados en esos lugares, lugares que solo eran conocidos por el área que conducía Pellegrini e incluso hubo compañeros que fueron secuestrados con el legajo característico de Acindar en la mano. Por eso nos parece que los privilegios que se encuentra gozando son intolerables para un estado democrático que se ha propuesto una política de derechos humanos basada en el juicio y castigo, que nos ha convertido en señeros en el mundo».
