La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez, junto al fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, apelaron el fallo dictado el 18 de agosto por el juez santafesino Pablo Busaniche mediante el cual se declaró prescripta la causa penal en la que se investigaba el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe.
En la causa estuvieron imputados varios ex directores del banco que fueron responsables de la mayor estafa económica contra el erario público provincial. El proceso que fue declarado prescripto involucró en forma directa a tres ex gobernadores de Santa Fe: José María Vernet, Víctor Reviglio y el recientemente fallecido Carlos Reutemann.
Con el fallo de Busaniche, el vaciamiento del Banco Provincial quedó impune. La causa se tramitó, casi sin avances, durante 31 años. Fue el mayor desfalco contra el Estado provincial e involucró a las primeras cuatro gestiones post-dictadura. El Estado dilapidó millones de dólares y al final se quedó sin su principal herramienta financiera. Se estima que la provincia perdió más de 146 millones de dólares entre 1983 y 1996 y debió gastar otros 1000 millones para vender el banco.
La apelación de los fiscales Jiménez y Arietti gira en torno a la información divulgada el último martes por el portal Zona Crítica, que detectó que el juez que declaró la prescripción es hijo de quien fuera el socio gerente y cara visible del Complejo Turístico Piedras Blancas, Osvaldo Busaniche, quien dejó una deuda de 2.300.000 dólares sin pagar en el Banco Provincial, uno de los créditos “más perjudiciales para a entidad” según el Informe de la Comisión Nogueras (presidida por Alfredo Nogueras), elaborado por las universidades públicas en la segunda mitad de la década del 90 a pedido del ex gobernador Jorge Obeid.
Según se desprende de ese informe, el padre del juez Busaniche tomó dos créditos en los años 80 para financiar la obra de Piedras Blancas, en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe, sobre la Laguna Setúbal. Ese complejo llegó a contar con un mini zoológico y un sistema de aerosillas. El segundo de los créditos contó con la garantía de la provincia.
La fiscal Jiménez va a plantear que no se tuvo en cuenta la garantía de imparcialidad, pero además sumará varios informes y testimonios que dan cuenta de “un simulacro de investigación”, como lo calificó la Procelac en 2013 por pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, uno de los pocos funcionarios que pretendió evitar que la causa caiga en el destino de la impunidad. Para el Ministerio Público de la Acusación no debe soslayarse esta situación y profundizar entonces en la figura conocida como “cosa juzgada fraudulenta”.
Historia de una estafa
La denuncia original la hizo la Comisión Interna sindical del Banco Provincial de Santa Fe el 27 de agosto de 1990. El desfalco implicó una pérdida de más de 146 millones de dólares entre 1983 y 1996, el quebranto de la principal entidad financiera de la provincia y su posterior privatización.
Los detalles están publicados en el Informe Nogueras, que por ley se mantuvo en secreto entre 1997 y 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Lifschitz lo desclasificó al mismo tiempo en que constituía a la provincia como querellante en una causa que en ese entonces todavía estaba abierta.
El Informe Nogueras es un voluminoso análisis de cómo el Banco Provincial de Santa Fe fue fagocitado por el Estado y los privados, hasta quebrarlo y dejarlo en una bandeja listo para su venta, proceso que comenzó en 1996 y se concretó en 1998. La Comisión Investigadora fue creada durante el primer gobierno de Jorge Obeid y estaba presidida por el abogado Alfredo “Pichón” Nogueras. Sus resultados se conocieron en agosto de 1997, pero un decreto de Obeid obligó a mantener en secreto el contenido de sus siete tomos hasta 2028. El costo público de sanear el banco en favor de sus tenedores privados fue calculado en 1000 millones de dólares por el ex ministro de Economía de Hermes Binner, Ángel Sciara.
Cómo fue el vaciamiento sin condenas del Banco Provincial de Santa Fe
El Informe Nogueras analiza 14 ejercicios del banco, entre 1983 y 1996. Se focaliza en la caída de los depósitos y el crecimiento desopilante de la cantidad de préstamos en mora e irrecuperables, en los gastos de operación y en los errores de gestión. No se salva nadie de haber ventajeado. Visto a la distancia, es imposible no pensar que era vox populi entre los sectores productivos y políticos de la región que la entidad estaba de regalo.
En concreto, entre 1983 y 1996 el banco pasó de tener un patrimonio neto positivo de 42.512.570 dólares a uno negativo de 98.881.000. La cantidad de préstamos con atrasos en 1983 llegaba al 40,07% de la cartera; en 1996 subió al 73,49%. La relación entre los gastos operativos y los intereses netos ganados (la diferencia entre pagar interés a un depositante y cobrar interés a quien se le prestó) en 1983 era de un peso por cada 1,61 y en 1996 era de un peso cada 0,26: no juntaba ni para funcionar. “Este vaciamiento fue un accionar que se aplicó gradualmente y bajo todos los Directorios que el banco tuvo”, dice el Informe. Con otras erogaciones agregadas, entre 1983 y 1996 el banco perdió 146.246.908 dólares.
El dato más relevante corresponde a los irrecuperables: aquellos deudores que jamás iban a poder pagarle al banco. En 1996, el 44,9% de los préstamos era irrecuperable.
Algo olían los santafesinos que cuentan con buena información. En 1983, los depósitos en el banco representaban el 2,72% de todos los depósitos bancarios del país, pero en 1996 esa cifra apenas llegaba al 1,14%. El sector público nunca dejó de operar con el banco, lo cual significa que los depositantes privados fueron huyendo en masa a otras entidades. Expresado de otro modo: el volumen de los depósitos creció entre 1983 y 1996 unas 3,13 veces. Pero en todo el sistema nacional bancario ese crecimiento fue de 7,48 veces. En consecuencia, “si los depósitos del banco hubiesen acompañado en su crecimiento al conjunto de bancos nacionales, hoy el banco tendría que tener 1.487 millones a diciembre de 1996, en lugar de los 622 millones que informa”. El crecimiento de 3,13 veces es en realidad fue una caída del 58%.
Por el lado de los préstamos y por el lado de los depósitos. Un proceso de “doble vaciamiento”, señala el Informe.
Perejiles y patricios
Los peores ejercicios del Banco se dan durante el primer gobierno de Carlos Reutemann (1991-1995). Esto se debe, en parte, a que en ese período se empiezan a reconocer como créditos en mora a ciertos préstamos que se venían bicicleteando. El 16,4% de los créditos irrecuperables a 1996 fueron otorgados antes de 1983, en la dictadura. Por las refinanciaciones, no pagaron los intereses que correspondían. Esto siguió sucediendo después de 1983: en todos los casos, “a pesar de su manifiesta insolvencia se los continuó manteniendo como cartera viva, ya sea con la renovación continua a sus vencimientos, sin mejoras de garantías o demostración de solvencia alguna”. Según el banco, esos créditos previos a 1983 representaban una deuda de 32.948.000 dólares. En el Informe Nogueras se calcula que si se les hubiera aplicado la tasa promedio del banco –como a cualquier otro perejil– la deuda ascendería a 107.712.328 dólares, más del triple.
No cualquiera pudo fumarse el banco. A diciembre de 1996, tenía 5583 deudores, pero apenas 397 concentraban el 78,75% de los préstamos. Más precisamente, el 55,63% de las moras se concentraban en apenas 67 deudores. “Un solo deudor, Didier y Sra, tenía el 7,5% del total de préstamos, con el saldo contable congelado a 1991: para el banco debía 33.555.000, pero si se le cobraba el interés promedio, debía 110.731.500”.
También a 1996, de los 30 principales deudores, 18 no tenían garantías reales y 12 sí tenían, de poca significación y que no cubrían el total de la deuda.
De los 397 deudores principales, todos los irregulares no tenían garantías reales ni bienes para enfrentar la acreencia. “Los fondos otorgados no han ingresado para inversión en las empresas de los deudores sino para cancelar otros pasivos o retiros particulares”, sentencia el Informe. Y en el caso del sector público “fue a cubrir déficit de la provincia”. Esa es la frutilla: el reutemanismo hizo un sinceramiento de los privados y también operó como vaciador público. En 1992 se efectuó una enorme quita de intereses sobre los montos que debía la provincia al banco: “si bien llevó a un sinceramiento de la cartera, sinceró también el quebranto”.
Sin condena
Ningún funcionario público recibió cuestionamiento judicial alguno por el vaciamiento y quiebra del Banco de Santa Fe. Dos gobernadores quedan vivos de aquel tiempo, José María Vernet y Víctor Félix Reviglio. La causa judicial fue declarada prescripta el miércoles 18 de agosto por el juez penal de primera instancia, Pablo Busaniche, después de embarrarse 31 años en los laberintos tribunalicios. Toda la data del desfalco, sin embargo, es pública y está en el Informe Nogueras.
Cuando un banco es público, sus directores son designados por el Estado. Las cuentas del Estado operan a través de ese banco –todavía hoy lo hacen en el Banco Provincial de Santa Fe, pese a que es tan privado como cualquier otra entidad financiera– y desde allí se realizan los pagos y cobros del Ejecutivo.
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El 23 de marzo de 1983, en la etapa final de la dictadura, se creó el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales en el banco (FUCO), donde fueron a parar todas las cuentas públicas –aquella de donde se paga a una constructora o aquella de donde salen los sueldos de los maestros, todas– excepto la Cuenta 9001: rentas generales, la caja donde ingresa el dinero de los impuestos.
Como era público, el poder político dominó la gestión del Banco Provincial de Santa Fe. El Estado era el principal depositante de dinero. Para cuando el quebranto se hizo irreversible, el Estado ya había manipulado los depósitos en su favor por doble partida –captando de más y girando al descubierto (pagando y sacando dinero en rojo) fuera de toda norma–, había forzado a los funcionarios del banco a dar créditos a privados insolventes –tal como lo señalara la fiscal de Estado Irmgard Lepenies en 1997– y se había constituido en el principal deudor de la entidad, pese a haber recibido una inverosímil cantidad de facilidades de pago y condonaciones de capital e intereses.
En 1997, cuando la joda terminó, la provincia le debía al Banco de Santa Fe 1.211.811.891 dólares y, además, había perdido a la entidad misma en una privatización por la que pagaron chaucha y palito los narcolavadores José y Carlos Rohm.
La información se desprende del Tomo IV del Informe Nogueras, el análisis sobre el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe entre 1983 y 1997 que efectuara la comisión investigadora presidida por Alfredo Nogueras.
La primera denuncia por vaciamiento fue presentada en 1990 por la comisión interna del gremio bancario. En 1993 la denuncia tuvo un penoso resultado: el ex juez y represor convicto Víctor Brusa dispuso en junio de ese año el “sobreseimiento provisional de la causa” y su archivo. Un “siga, siga” judicial.
La investigación por el vaciamiento del banco, previo a su venta, comenzó hace 31 años, pero ninguno de los directivos implicados –44 en total– fue llamado a indagatoria. El ex fiscal federal Walter Rodríguez había pedido la nulidad al descubrir que se trató de una “investigación fingida”. A fines de 2016, la Cámara Federal de Rosario decidió que el archivo de la causa efectuado por Brusa es “cosa juzgada fraudulenta” y reabrió la investigación. “Lo que refulge en esta causa que lleva más de 25 años de iniciada sin que ninguna persona fuera citada a prestar declaración indagatoria es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco que habría culminado en la pérdida por parte del Estado de su herramienta financiera más importante”, indicó el camarista Fernando Lorenzo Barbará.
Tampoco desfilaron en la Justicia José María Vernet, Víctor Félix Reviglio y Carlos Reutemann. Jorge Obeid, también comprendido en el período del vaciamiento, fue quien instruyó a la Fiscalía de Estado a que haga un análisis preliminar de la situación del banco, que luego devino en la constitución de la comisión investigadora.
Los resultados del Informe Nogueras, presentados en agosto de 1997, se mantuvieron en secreto hasta mayo de 2017.
