El presidente del Colegio de Abogados Carlos Ensinck apelará la decisión de la fiscal Juliana González de la sede de Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que desestimó la denuncia hecha contra el Arzobispado de Rosario por poner en marcha un sistema de reportes de casos de abuso sexual y encubrimiento cometidos por integrantes de la Iglesia Católica. Ensinck había denunciado a los arzobispos de Rosario y Santa Fe por “usurpación de autoridad pública”, entendiendo que el sistema es incompatible con las leyes argentinas. El fallo de González salió este miércoles, un día después de que en la ciudad de Santa Fe la fiscal Jorgelina Moser Ferro desestimara la misma denuncia en la capital provincial. El abogado dijo a El Ciudadano que apelará las dos medidas y que las fiscales dieron argumentos basados en la jurisprudencia de la propia Iglesia y no en leyes nacionales y tratados internaciones de protección de víctimas de abuso sexual.
A principios de julio los Arzobispados de Rosario y Santa Fe anunciaron que iban a poner en marcha un sistema para recibir informes sobre casos de abuso sexual de menores y adultos o adultas vulnerables por parte integrantes de la Iglesia Católica. La decisión, dijeron, había sido tomada por un pedido del Papa Francisco en julio de 2019 que tenía un año para ser implementada en todo el mundo. Sobre la fecha de vencimiento, los arzobispos Sergio Fenoy de Santa Fe y Eduardo Eliseo Martín de Rosario lanzaron el sistema que, argumentaron, se sostiene en el Derecho Canónico, reconocido por el Estado argentino durante la dictadura de Onganía. Días después del anuncio, Ensinck denunció a los representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica santafesina por “usurpación de autoridad pública” bajo el argumento de que los delitos sexuales deben ser investigados por la Justicia Penal y no por el Derecho Canónico.
Este miércoles se conoció la decisión de Juliana González de desestimar la denuncia. «No se advierte que exista interferencia entre la intervención de la Iglesia y la del Estado porque una no suple ni reemplaza a la otra sino que coexisten simultáneamente, se complementan y apoyan recíprocamente. No obstante, y tal como fuera informado por el Arzobispado, si de una entrevista comunican hechos que configuran ilícitos, éstos activaran mecanismos jurídicos, tanto internos de la Iglesia como la comunicación y colaboración con autoridades públicas debido a que ésta se encuentra obligada a denunciar delitos contra la integridad sexual cuando se trate de menores y personas vulnerables, luciendo coincidente el interés de tutelar y dar respuestas a quienes resulten víctimas», dijo la funcionaria judicial en el fallo.
“La fiscal fundamenta su decisión con legislación que no es argentina, sino con el Vademécum, la Carta Apostólica y la buena fe de que la Iglesia le va a dar curso a la Fiscalía si recibe una denuncia. No argumenta con un tratado internacional, con los derechos de niños, niñas y adolescentes, ni con la protección de las víctimas. Con este fallo para la fiscal las denuncias de abuso sexual las puede tomar la iglesia sin ninguna garantía constitucional, porque no es constitucional la garantía de buena fe”, explicó Ensinck.
“Una fiscal que fue elegida para aplicar las normas de la Argentina está aplicando un vademécum o una carta apostólica que la dictó el Papa. Voy a apelar porque, si no hay delito, debe dar el fundamento jurídico argentino no el de la Iglesia. En definitiva, ¿cuál es el límite? Si la Iglesia es el primer contacto, recibe la denuncia, esa información de primera mano queda en la órbita de la buena fe que la mande a la Justicia. Ese es el problema. Lo que planteo es que la primera mano tiene que ser el Estado, porque eso es lo que dicen las leyes argentinas y los tratados internacionales. El canal lo pueden hacer pero no para tomar denuncias de abuso sexual y encubrimiento porque no es constitucional tener un canal interno y paralelo al Estado”, agregó el abogado.
Después de la apelación, la decisión quedará en manos de los fiscales regionales Patricio Cerjal de Rosario y Carlos Arietti de Santa Fe.
Declaraciones desafortunadas
La semana pasada Ensinck había ampliado la demanda tras la información que publicó la periodista Bárbara Favant en una nota en la que las mujeres encargadas del sistema en la capital provincial reconocieron que recibieron un caso en el Arzobispado y no lo denunciaron en la Justicia, al mismo tiempo que admitieron que “no están capacitadas” en la temática. Las declaraciones fueron hechas en la sede del Arzobispado de Santa Fe en una habitación donde colgaba un cuadro del Edgardo Storni, ex arzobispo denunciado por reiterados abusos sexuales.
El viernes de la semana pasada la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, hizo una serie de tuits y publicó una foto de una reunión con el Arzobispado de Rosario. “En el marco del Derecho Canónico y por orden del Vaticano, el arzobispado de Santa Fe y el de Rosario, crearon sendas comisiones internas que recibirán informes y denuncias por casos de abuso sexual y de maltrato infantil que involucren a funcionarios eclesiásticos. Este trabajo será abordado por un equipo interdisciplinario designado por las autoridades de dicha institución. El objetivo es por un lado, llevar adelante una investigación de los hechos que permita las sanciones correspondientes, y por otro lado, instar y acompañar a las víctimas a realizar las denuncias en una instancia civil”, dijo la funcionaria y se convirtió en la primera voz del gobierno provincial en hablar sobre el tema. En pocos minutos, distintos referentes de la oposición salieron al cruce. Este lunes Carlos Ensinck amplió la denuncia ya realizada pero esta vez apuntó a Chialvo por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Las declaraciones de Chialvo hicieron que este lunes el gobierno provincial comunique su postura en relación al registro, a través del Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Esteban Borgonovo: “Ningún funcionario va a participar de canales alternativos a la Justicia para denunciar abuso sexual ni ningún otro delito. “No puede haber ninguna duda de que el único canal para denunciar delitos es la Justicia y en nuestra provincia es el Ministerio Público de la Acusación”.
Pedidos de informe en Diputados
En los últimos días entraron a la Legislatura de Santa Fe tres proyectos de comunicación de Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver Cándido Juan Cruz y Silvia Ciancio en los que piden al Poder Ejecutivo explicaciones tanto por el registro, las declaraciones de la propia Iglesia sobre un caso de abuso que no fue denunciado en la Justicia y los dichos de la secretaria de Niñez.
