El diputado provincial de la UCR Fabián Bastía, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura, presentó una apelación contra el recurso de amparo que interpuso el director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, y que fue aceptado la semana pasada por la jueza rosarina Paula Calace Vigo.
La apelación por parte de Bastía es, en realidad, una decisión política de los diputados y senadores del Frente Progresista en rechazo a la decisión de la jueza Calace Vigo, quien dio curso al amparo presentado por Sain y le ordenó a la Legislatura archivar el proceso disciplinario que se está llevando adelante contra el ex ministro de Seguridad de la provincia.
El último jueves, pocas horas después del fallo de la jueza rosarina, diputados y senadores se reunieron en sesión conjunta para tratar el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos que recomendaba suspender “por faltas graves” a Sain de su cargo como director del Organismo de Investigaciones por un lapso de seis meses con una rebaja salarial del 50%.
Debido al fallo de la jueza Calace Vigo, la sesión conjunta pasó a cuarto intermedio –sin fecha de reanudación–, a la vez que los sectores mayoritarios de la oposición legislativa facultaron al presidente de la Comisión de Acuerdos, el diputado Bastía, para que pueda lleve adelante “las acciones judiciales que crea conveniente”.
Este lunes Bastía presentó una apelación ante el Juzgado Laboral Nº 10 de Rosario. Ahora la magistrada Calace Vigo tiene que definir si le da lugar o no. En caso de darle curso, el planteo de Bastía se elevará a la Cámara de Apelaciones; caso contrario, el diputado radical podrá recurrir con un escrito directamente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
El fallo de Paula Calace Vigo hizo lugar a la acción de amparo contra la provincia de Santa Fe presentada por Sain, a través de la cual solicita que se declare inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley 14.016 (modificatoria de la ley 13.013) que establece incompatibilidades para que funcionarios del Poder Ejecutivo ocupen luego cargos en la Justicia. Además, le ordenó a la Legislatura “dejar sin efecto y archivar la tramitación del sumario administrativo” del procedimiento disciplinario contra el director del Organismo de Investigaciones.
El fallo relata los hechos expuestos por Sain en su amparo: desde su renuncia al Ministerio de Seguridad, el pasado 19 de marzo, pasando por su pedido de reincorporación a su cargo actual en el MPA –formalizado tres días después, el 22 de marzo, y aceptado el 31 del mismo mes–, el proceso disciplinario iniciado por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti que desembocó en el dictamen de suspensión de la Comisión Bicameral, sin eludir el proceso de juicio político que terminó siendo desestimado por la Legislatura en razón de la salida anticipada de Sain del gabinete del gobernador Omar Perotti.
Entre los argumentos que menciona la jueza Calace Vigo, sostiene que la ley 14.016 “implica la introducción del ‘control político’ del MPA santafesino, en perjuicio de la independencia y eficiencia como valores que los Estados deben fortalecer en los organismos de investigación y persecución, como lo fijan las Convenciones sobre Corrupción y sobre Crimen Organizado de la ONU”.
Y advierte, además, que “bajo la excusa de un control recíproco entre los tres poderes del Estado se impone el control político de los funcionarios subalternos de la Fiscalía, cuando el control político del MPA como institución es un postulado distinto y contemplado ya en la ley 13.013 al establecer que el fiscal general, los fiscales regionales y la Auditoría General de Gestión están sujetos a responsabilidad política. En cambio, los fiscales y funcionarios deben seguir siendo controlados en base a un mecanismo objetivo, previsible y técnico; no político”.
Por último, el fallo sostiene que “uno de los elementos de cargo refiere a audios de mensajería (los mensajes de WhatsApp de Sain) que fueron obtenidos ilegalmente de una conversación privada, que no tenía como destinatario al público en general, en desmedro del derecho a la intimidad. Esto sin perjuicio de desconocer su veracidad e integridad por la edición que se le efectuó para difundir por la prensa. Todo lo cual no puede sustentar una acusación disciplinaria”.
Juicio político a Weder
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Acuerdos también presentó un escrito en la Fiscalía de Estado de la provincia donde le pide a su titular, Rubén Weder, “defender la estricta vigencia de la ley 14.016” procurando en todas sus acciones que no se obstaculice del procedimiento disciplinario contra Sain.
El diputado Bastía explicó que “desde la Legislatura elevamos el planteo al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que se retracte respecto del caso. Vamos a pedir el juicio político para el fiscal Weder, porque estamos frente a la existencia de un conflicto de poderes”.
“En esta situación existe un desorden institucional fenomenal, me refiero a lo que hicieron el fiscal de Estado y la jueza que ordenó archivar la causa. Sain presentó un amparo y el fiscal de Estado se allanó a la orden de la jueza. El fiscal Weder es pasible de ser sometido a un juicio político”, aseguró Bastía este lunes en diálogo con LT8.
“Es insólito lo que ha pasado”, agregó el legislador. “Vamos a presentar en la Corte un planteo por el conflicto de poderes que esta situación supone. Pedimos que el fiscal de Estado no actúe más en nombre de la Legislatura y se retracte. El allanamiento a la orden de la jueza alcanza a otro poder, el allanamiento alcanzaba a otro órgano, no al Poder Ejecutivo. Weder expresó una postura contraria a la que había expresado en el caso del fiscal (Adrián) Spelta”.
En ese sentido, cabe recordar que la semana pasada la Corte Suprema –en el marco de una presentación realizada por Spelta– dictaminó que la Legislatura tiene la potestad de investigar y sancionar a funcionarios del Poder Judicial en caso de faltas graves. Por ese motivo el diputado Bastía sostiene que el fiscal de Estado aplicó un criterio en el Caso Spelta y otro criterio opuesto en el Caso Sain.
“Sain tiene denuncias por irregularidades en una licitación por compra de armas y de motos, por el trato discriminatorio hacia los santafesinos y por incumplimiento de deberes como funcionario público. Son hechos que Sain cometió y hace que tenga responsabilidades, acá no hablamos de la funcionalidad, sino de causas graves que tienen que ver con incumplimientos e incompatibilidades”, concluyó Bastía.
