El pedido de apartamiento a los directivos que llevaron a Vicentin al default se fundó en una importante denuncia que transformó las acusaciones públicas en pruebas testimoniales. La Justicia ya evalúa la presentación de la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) que advierte sobre “maniobras de vaciamiento patrimonial” y cuestiona la idoneidad de la conformación del grupo empresario.
En paralelo, avanza una importante investigación de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que comprometerá aún más al Directorio. Durante la semana pasada, la entidad obtuvo importante documentación sobre los movimientos de la multinacional desde el 2017 hasta estos días.
También hubo novedades en relación al préstamo millonario que otorgó el Banco Nación durante la administración macrista. En el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini y por la cual fueron imputados Javier González Fraga (titular de la entidad bancaria por ese entonces), Alberto Padoan y Gustavo Nardelli (directivos de la firma), este lunes fueron licenciados tres de los responsables de la aprobación de ese crédito.
La situación en torno a la empresa, cobró mayor relevancia a partir de un abordaje mediático que respaldó decididamente a la agroexportadora en relación a su intervención y posible expropiación sin importar los antecedentes. De hecho, el tratamiento de los principales medios se trató de una herramienta de difusión para movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país «en defensa de la propiedad privada» y que en muchos casos, incluso en Rosario, fueron capitalizadas políticamente por dirigentes macristas.
La falta de rigor en el control de préstamos por parte del Banco Nación (uno de sus principales acreedores), los vínculos políticos y los tiempos de la Justicia generaron hasta ahora un vacío legal y abrieron la posibilidad a que dirigentes, e incluso ciudadanos de a pie, defiendan a la multinacional en nombre de la Constitución. Durante esta semana, nuevos elementos probatorios y el avance de la justicia en una de las causas más delicadas, empieza a comprometer el destino del antiguo Directorio.
Denuncia sobre la maniobra
Luego de que el juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin, dispusiera la restitución del antiguo Directorio, y degradara a los interventores designados por Alberto Fernández a la condición de veedores, la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, pidió una inmediata marcha atrás con la medida.
Además de pedir el reemplazo del grupo que llevó a Vicentín al default, Stratta presentó un pedido a la Justicia en el que expuso graves maniobras por parte del directorio compuesto por Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente).
Según afirmó en el escrito, luego de declararse la cesación de pagos, los integrantes comenzaron con «febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales». La titular de la IGPJ explicó que estos trámites figuran en el Registro General de la Propiedad santafesino.
El informe detalla una serie de maniobras que desde la Inspección las asocian a la intención de los empresarios de no tener que solventar luego con esos bienes.
Durante febrero del 2020, el presidente del Directorio de Vicentin, Martín Buyatti, inició los trámites para dos certificados de donación, uno de ellos fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso. El director titular, Roberto Vicentin, realizó siete trámites entre enero y mayo, entre ellos, certificados de desafectación de bien de familia y venta. En tanto Martín Colombo, director titular, efectuó una donación el 27 de enero y un certificado para venta el 14 de febrero.
Trama societaria
Para Stratta, estos datos «incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del Directorio”. La mención a estos movimientos por parte de los integrantes de la cúpula dirigencial de la empresa, se suman a «graves delitos» denunciados por tribunales locales y extranjeros.
La IGPJ también posó su mirada sobre la trama societaria de le empresa y la calificó como una composición «compleja». Esta situación dificulta esclarecer los pasos que dio la multinacional en la compra y venta de activos que la conforman.
En ese sentido la inspectora señaló: «Esto llamó la atención y llevó a revisar los distintos legajos societarios y ver si en realidad no era tan ínfima la participación; formalmente sí, pero sustancialmente no, porque las otras sociedades propietarias de esas acciones tienen relación».
Investigación de la Sigen
Esta semana también habrá novedades a partir de un informe que está elaborando la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La entidad ya cuenta con documentación obtenida durante la intervención dispuesta por el gobierno nacional, previo a que el juez Fabián Lorenzini deje sin efecto esa decisión y restituya a la vieja conducción.
La documentación permitirá acceder a información sobre las sociedades, compra y venta de propiedades, poderes otorgados y apertura de cuentas en el exterior.
Desde el gobierno nacional sostienen que esta instancia esclarecerá el panorama sobre cuestiones clave como la composición de la empresa y el estado de sus activos.
Crédito millonario
El préstamo de 18.100 millones de pesos otorgados por la administración macrista de Javier González Fraga al frente del Banco Nación aún está siendo investigado por la Justicia federal. Quienes defienden a la empresa ignoran que el crédito fue asignado a una firma que no cumplía con ninguna de las reglamentaciones bancarias para recibirlo.
La entidad monetaria llegó a desembolsar casi 6 mil millones de pesos cuando Vicentin ya estaba en cesación de pagos y a pocos días de que Mauricio Macri deje su cargo como presidente. Esto expuso que el 40% del total del préstamo se asignó en menos de un mes, particularmente el que marcaba el final de la administración Cambiemos.
En referencia a esta cuestión, tres altos mandos de la entidad que posibilitaron al aprobación del préstamo millonario fueron licenciados este lunes. Se trata del gerente general del Nación, el ex responsable de Banca Corporativa, y el titular del área de Riesgo.
Según indicaron desde la banca pública, «la decisión se mantendrá hasta que se completen el sumario y la investigación interna, que llevarán alrededor de un mes».
En paralelo, el Nación se presenta este martes como querellante en la causa penal que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita por supuesta defraudación contra Vicentin.
