Las conquistas sociales son fruto de años de lucha ardua. La inclusión, la equidad, la redistribución, son horizontes para una sociedad en donde enormes partes de la población quedan por fuera del sistema. La cristalización de ciertos procesos adopta la forma de decretos, leyes y prórrogas: la forma de materializar en la realidad aquello por lo que se pelea desde lo abstracto. El acceso a una jubilación digna es una de esas conquistas que no debemos estar dispuestos a perder. Sobre todo para las mujeres, quienes históricamente son las sobrecargadas con las tareas del cuidado y las relegadas del mercado laboral registrado. Julio de 2021 trajo la noticia del lanzamiento del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, un proyecto propuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que reconocerá hasta 3 años de aportes por hijo a aquellas mujeres que no posean los suficientes para poder jubilarse.
“Es una política que venimos gestando para las argentinas que dedicaron parte de su tiempo al cuidado de sus hijos e hijas y que tiene que ver con reparar desigualdad. Las mujeres y los varones no tenemos las mismas chances en el mercado formal de trabajo. Además, esta medida pone en valor que, efectivamente, las mujeres trabajamos más y reconoce el valor del cuidado para el derecho al acceso a una jubilación”, dijo Fernanda Raverta, directora ejecutiva del ANSES, sobre el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado.
Si entendemos a los movimientos sociales, políticos y económicos como procesos de devenir constante, podemos rastrear acontecimientos previos que fueron allanando el camino para políticas públicas de seguridad social como éstas.
En 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se elaboró el Plan de Inclusión Previsional (PIP), una moratoria dirigida a los trabajadores precarizados. Luego de la gran crisis económica de 2001, miles de personas fueron arrastradas a la informalidad o directamente perdieron su trabajo. Mediante la rubricación del decreto 1.454 se estableció como objetivo otorgar el derecho a acceder a una jubilación aún sin tener completos los años de aportes necesarios. ¿Qué ocurrió en ese momento? El 75% de los inscriptos fueron mujeres.
Rita Colli, es secretaria general del Sindicato de Amas de Casa (Sacra), filial Santa Fe. Tiene 64 años y milita desde su juventud por el reconocimiento de lo que se hace dentro de la casa como trabajo, y de la mujer que lo realiza como trabajadora. “Lo que hizo Néstor grafica como ninguna otra cosa lo que es tener decisión política. Yo tuve una discusión con una persona cercana al gobierno en ese momento. Los técnicos del Anses no se habían dado cuenta del alcance que iba a tener, no una ley, ¡un decreto!”, recordó la también delegada de la sede Regional Rosario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.
“El 25 de noviembre de 2005 sale el decreto. El alcance del mismo no era solamente a los aportes que adeudaras, que si vos estás dentro del sistema y te atrasaste, podés ponerte en moratoria. El decreto de Néstor extiende al período previsional completo. La interpretación de ese decreto es que podés poner en moratoria los 30 años de aportes. Desde el Sacra nos dimos cuenta ni bien leerlo que eso era así. Y nos encontramos con una persona cercana al gobierno para hablar justamente de cómo íbamos a organizar algo de semejante envergadura”, narró Colli.
En una conversación que quedaría grabada en las coplas de lo anecdótico dentro de la historia previsional, Colli presentó lo que desde el Sacra habían concluido. “Le dijimos: «mire, el cálculo que hicimos tiene un piso de mínimo un millón de personas, de las cuales un 75% son mujeres y el 25% varones». Él se me quedó mirando y nos preguntó: «¿de dónde sacaron esos datos?». Le dije: «lo saco de que mayoritariamente las mujeres estamos excluidas, estamos en negro». Y me dijo «yo te voy a explicar cómo es, acá esto no va a alcanzar a más de 50 mil personas». Y fue estrangulando el universo hasta llegar a ese número. Yo le manifesté que ese era el universo registrado, pero el decreto no decía eso. La historia demostró no solo que teníamos razón, sino que no eran un millón sino dos millones y medio”, remarcó quien fue una de las fundadoras del Sacra.
“Claro, para él el universo era el trabajo registrado, no el no registrado, que en las mujeres es muchísimo. Nosotras tuvimos un resarcimiento. En 2019, esa misma persona explicó en C5N todo lo que te estoy diciendo ahora sobre esa primera moratoria. Y dijo: «a mi esto me lo hicieron ver dos mujeres». Nos llamamos con la abogada del Consejo Nacional de la Mujer de aquel entonces. Fue muy emocionante estar sentada mirando el noticiero y que reconozca eso”.
Desde aquel momento se la comenzó a llamar Jubilación para Amas de Casa y se inició lo que fue considerado en el mundo como una de las políticas más virtuosas de inclusión de género. ¿Cuáles fueron las causas de que casi el 80% de los inscriptos para acceder a la seguridad social, en este marco, fueran mujeres?
Eso que llaman amor
Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada en 2013 por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), la tasa de participación de los varones en el trabajo doméstico no remunerado es de 57,9% contra el 88,9% de las mujeres. Ellas dedican a estas tareas de limpieza y cuidado unas 6,4 horas por día, casi el doble de las 3,4 que destinan ellos. En el dossier estadístico que elaboró dicha institución en marzo de este 2021, la tendencia no ha cambiado demasiado: mientras que cinco de cada diez varones realizan tareas en el hogar, más de ocho de cada diez mujeres lo hacen. Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y este es su principal obstáculo a su participación plena en el mercado de trabajo.
“Somos las primeras que abandonamos el mercado laboral ante las maternidades, la enfermedad de la gente, el cuidado de los mayores. En fin, cualquier compromiso comunitario. Con la citación de este decreto, que empieza a tener vigencia en el 2006, cambia la historia y la verdad que fue espectacular. En esa primera tanda fueron aproximadamente dos millones y pico de personas entre las cuales casi el 80% fueron mujeres”, detalló Colli.
En 2014, Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento presidenta, promulgó la Ley 26.970, conocida como segunda moratoria. Continuaba embanderada dentro de lo que era la Jubilación para Amas de Casa. “Ahí se introducen dos cosas importantes: la primera, que es muy favorable, es la ampliación de la cantidad de años que podés comprar. En el primer decreto podías comprar aportes hasta el año 1993. Esta ley incorpora diez años más. Eso introduce una brigada de gente bastante importante de las cuales también alrededor del 80% son mujeres y el 20% varones”, expuso Colli. La segunda tuvo que ver con el establecimiento de una evaluación socioeconómica que los inscriptos debían superar para poder acceder al beneficio. La militante sindical manifestó: “La tenías que superar con parámetros que determinaban un estado vinculado a los bienes e ingresos que vos tenías. Se agregó para achicar el universo de ese momento”.
Estas moratorias implicaron que millones de personas que atravesaron largos períodos de precariedad laboral pudieran “comprar” aquellos años de aportes que necesitaban para poder jubilarse. Según datos del Anses de 2016, el 51,2% de las jubilaciones y pensiones fueron incorporadas gracias al Plan de Inclusión Previsional. El total de Jubilaciones y Pensiones aumentó un 109,5% desde 2003 a 2015, llegando a los 6.617.587 de beneficiarios y alcanzando así la cobertura del 97% de las personas en edad jubilatoria, la más alta de Latinoamérica.
“En nuestro país no se puede pensar un sistema previsional que no contemple las moratorias. Las mismas tienen la función de incluir, porque el sistema previsional nuestro está muy asociado a la informalidad del trabajo, a las crisis económicas que lo que hacen es complicar que las personas podamos tener la regularidad de los 30 años de aportes. La no registración que hay es muy alta”, afirmó Colli.
A fines de 2019, vencía esta moratoria instaurada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de algunos rodeos en relación a la renovación, en coincidencia con los pedidos de ajuste del Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), finalmente se decidió extenderla hasta el 2022.
Pero dicha prórroga no extendió la fecha de corte en que inicia la medida, establecida en 2003, por lo que van a requerir años aportados después de dicha fecha. Las personas que estuvieran en edad jubilatoria en 2022 deberían sumar más años para acreditar aportes, es decir, todos los años debería tener un año más de aportes para poder acceder al beneficio. En 2019 se necesitaban cuatro años, y para 2022 se requerirán siete años de aportes para que puedan acceder al beneficio jubilatorio.
Hacia el reconocimiento de las tareas de cuidado
Las vicisitudes de esta línea de tiempo desembocan en julio de 2021, cuando se anunció el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, que alcanzaría a más de 155 mil mujeres.
La principal diferencia de esta propuesta con las moratorias anteriores es el sector de la población a quiénes está dirigida. Las medidas previas, por más que se las haya conocido como “jubilaciones de amas de casa”, estaban abiertas tanto para mujeres como para varones que se encontraban en situación de precarización laboral. La secretaria general del SACRA sostuvo: “Terminamos siendo muchas más las que nos jubilamos en estas condiciones porque los varones son los que más ingresan al mercado laboral, tienen preferencia para ser incorporados porque ellos no se embarazan, no paren, no están afectados culturalmente lo mismo que las mujeres al cuidado de las personas, de los niños sobre todo”.
En cambio, este proyecto del Anses en particular tiene como grupo objetivo específicamente a las mujeres y está asociado directamente a las tareas del cuidado. “Restaura una gran injusticia que hay con las mujeres en relación con lo que son los temas previsionales”, aseguró Colli.
La perspectiva de género es la raíz de donde nace esta política pública que intenta reparar parte de las desigualdades estructurales que experimentan las mujeres a causa de la enorme disparidad que existe en el reparto de las tareas de cuidado y de las inequidades del mercado de trabajo. Serán alcanzadas mujeres que tengan 60 años o más, que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Se computarán 1 año por hijo o hija, 2 años por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, 2 años por hijo o hija con discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses.
Alrededor de medidas como ésta surgen interrogantes y cuestionamientos. Por ejemplo, las preocupaciones en torno a que se trate de una “naturalización” de las tareas del cuidado en manos de las mujeres. Al respecto, Colli afirmó que para ella se trata de un reconocimiento.
“Es reconocer las tareas del cuidado que hacemos mayoritariamente las mujeres acá y en todo el mundo. En el mercado laboral, el trabajo pago representa el 40% y el trabajo no pago (trabajo comunitario, social, doméstico, hecho inclusive en el propio hogar), el 60%. Esto varía más en países menos desarrollados, pero aún en el primer mundo termina siendo así. Y de ese 60% que es el trabajo no remunerado, aproximadamente el 70% es femenino. Van a pasar muchos años hasta que nosotras podamos decir que es indistinto, que no hay un sesgo de género en quien hace las tareas del cuidado”, aseveró.
Finalmente, concluyó: “Si vos legislas sobre cómo quisieras que fuera la realidad es otra cosa. Vos fijate qué barbaridad sería si por cuestiones de no naturalizar no damos a valer esto. Todos queremos que esté más equiparada la organización de las tareas y todo, pero hasta que eso ocurra ¿qué hacemos? El tiempo que ocupa el trabajo no remunerado en las mujeres es la causa de la discriminación”.
