El Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social expresó un enfático respaldo a las mutuales que prestan servicios de ayuda económica y las cajas de crédito cooperativas, ante “las agresiones” de los bancos que persisten en su práctica de cerrar las cuentas de las entidades solidarias.
El apoyo se manifestó a través de un documento aprobado en la reunión del Consejo realizada el pasado lunes 7 de marzo en la ciudad de Santa Fe, luego de que un par de semanas antes, el 25 de febrero, funcionarios provinciales recibieran a representantes de las federaciones de mutuales y cooperativas de crédito de la provincia para analizar en particular la situación generada con el Nuevo Banco de Santa Fe SA.
Ante esa entidad, la Federación de Entidades Mutualistas, la Federación de Cooperativas de Emprendimientos Múltiples para el Desarrollo Regional –ambas con sede en Rosario– y la Federación Santafesina de Entidades Mutuales Brigadier López, radicada en Santa Fe, habían realizado una presentación en la que se describía la difícil situación generada a más de 40 mutuales y cooperativas por el cierre de cuentas y la negativa a recibir depósitos en cheques.
La respuesta del Nuevo Banco de Santa Fe se limitó a escudarse y excusarse en resoluciones del Banco Central de la República Argentina y otros organismos nacionales de control, sin dejar abierta una puerta al diálogo para la búsqueda de un entendimiento. Y es por eso que los dirigentes mutualistas y cooperativistas resolvieron renovar sus reclamos, ahora con el aval del Consejo Provincial.
El documento aprobado manifiesta “el más enérgico rechazo a la respuesta dada por el Nuevo Banco de Santa Fe SA –común a las infundadas excusas ofrecidas verbalmente por otras entidades bancarias–, que expresa una manifiesta obstaculización y persecución contra el desarrollo y desenvolvimiento del mutualismo de ayuda económica y del cooperativismo de crédito, entorpeciendo su existencia”.
Además, destaca que “el mutualismo de ayuda económica y el cooperativismo de crédito, junto a la exigua cantidad de bancos públicos o cooperativos que quedaron en pie luego de los años 90, son las únicas entidades que reciben y reinvierten en la zona el ahorro popular”. Y reclama al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que “asuma la representación del sector en salvaguarda de sus derechos y existencia, toda vez que las leyes 20321 y 20337, ubican a mutuales y cooperativas bajo la jurisdicción fiscalizadora del Inaes, autoridad de aplicación con quien cumplen la normativa vigente, mientras el artículo 28 de la ley 20321 obliga a las mutuales a tener sus fondos sociales depositados en entidades bancarias a la orden de la asociación, con lo cual el cierre de una cuenta corriente significa el fin de su vida institucional en el marco de la ley”.
En el documento también se pide “a la Unidad de Información Financiera (UIF), y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la delimitación exacta de las exigencias a cumplimentar tanto por las entidades bancarias como por las mutuales y las cooperativas de crédito en el marco de la legislación vigente en materia de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a efectos de evitar abusos”.
