Nuevamente se hicieron escuchar los reclamos por el recorte del 40 por ciento en el presupuesto por parte del gobierno nacional a los transportistas que trabajan como prestadores para personas con discapacidad, a través del programa federal Incluir Salud. Tras una movilización que llevaron a cabo la semana pasada referentes de distintas instituciones, como también profesionales y familiares de beneficiarios, fueron recibidos este miércoles en el Concejo Municipal, convocados por los concejales Norma López y Roberto Sukerman, ambos del bloque Frente para la Victoria.
Durante la reunión que duró más de una hora y a la que asistieron numerosos representantes de organizaciones, instituciones y asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad, desde el Palacio Vasallo ratificaron su apoyo. Los ediles del FpV presentaron un pedido de informe para saber cómo afecta el recorte de Incluir Salud en Rosario y la provincia. También pidieron que el Ejecutivo local gestione ante la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti que está al frente de la dirección.
En tanto, el próximo 26 de septiembre, a las 10, en el Monumento Nacional a la Bandera los distintos actores vinculados al trabajo con personas con discapacidad realizarán una nueva movilización, actividad que será declarada de interés municipal.
El sector está “Acorralado”
“El sector de la Salud se encuentra acorralado, sin salidas y en un cuello de botella por la crisis. Algunas instituciones provinciales nos aseguran que ya hay beneficiarios que no están accediendo a las prestaciones por este voraz recorte que hicieron a los transportistas, desde mayo a hoy les recortaron un 40 por ciento en su presupuesto, se está interrumpiendo los procesos de enseñanza y, lo que es peor, algunas personas no están pudiendo siquiera acceder a los certificados de discapacidad”, comentaron los ediles López y Sukerman.
“El gobierno de Mauricio Macri instaló una meritrocracia entre las personas con discapacidad, quiere hacer creer que algunos beneficiarios lo merecen y otros no. El recorte en las pensiones pone en jaque los derechos de las personas con discapacidad. Sin Incluir Salud funcionando a pleno, como corresponde. No hay continuidad de tratamientos ni posibilidad de socialización de los beneficiarios. Las políticas de cuidado dejaron de ser complementarias entre instituciones y familias. Por el contrario, al interior de ellas el recorte las afecta directamente antes no había una única persona al cuidado sino que los integrantes de la familia podían salir a hacer otras tareas”, sostuvo López.
A su turno, Sukerman mostró su preocupación por “la baja en la inversión en Incluir Salud pero también porque las pensiones están congeladas, las juntas médicas –que son nacionales–, están subestimando el porcentaje de discapacidad para que las personas no accedan a ellas”.
Retrasos en pagos que son irremontables
En tanto, en diálogo con El Ciudadano el representante del centro Sol Naciente, Luciano Urrutia, dijo que “el funcionamiento del sistema está en riesgo”.
“Vale aclararlo porque efectivamente el problema de los retrasos en los pagos tiene como protagonista al programa de Incluir Salud pero, teniendo en cuenta que ese retraso de entre ocho y diez meses, se le suma el hecho de que no se actualicen los aranceles –que llevan un año sin actualizarse–. Entonces, las instituciones tenemos que cargar sobre nuestras espaladas todo lo que fueron los aumentos de los distintos convenios laborales: los acuerdos con los trabajadores y profesionales, los bonos y demás”, expresó Urrutia.
La importancia del transporte en el sistema de discapacidad
“El funcionamiento del sistema y cómo está estructurado en función de sus prestaciones tiene esa lógica: la de poder cubrir pese a las distintas discapacidades que el sistema comprende es que cada beneficiario acceda al beneficio que es la prestación, el tratamiento, y el transporte es sin duda un eslabón fundamental en el funcionamiento del mismo porque es lo que cubre el traslado de cada uno de estos pacientes, estudiantes o concurrentes. Sin transporte somos claros: no hay posibilidad de tratamiento, de rehabilitación”, sostuvo, por su parte, Pablo Bolego de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de la provincia (Atraes).
“Cada uno de los actores que forman parte del sistema de servicios y atención a discapacidad son como engranajes y cuando uno de esos engranajes dejan de funcionar, el sistema funciona mal”, agregó.
Bolego explicó también que la ley establece un sistema integral: “Cuando dice integral se refiere a que hay transportes, centros de día o de rehabilitación, escuelas. La situación de los transportistas es igual a la de las instituciones con el agravante que el insumo principal es el combustible, un elemento dolarizado que aumenta cada 15 días, lo que hace inviable la posibilidad de seguir prestando el servicio. Hoy están dejando e prestar el servicio una enorme cantidad de transportistas, con lo que esto conlleva. No solamente a las instituciones que no pueden brindar sus servicios sino lo que conlleva para las personas con discapacidad. Esto es fundamental: hay traslados que hacemos a centros de rehabilitación que son vitales para estas personas”, subrayó.
“El programa Incluir Salud brinda prestaciones y otorga el derecho a acceder a esos beneficios a un sector muy vulnerable de la sociedad. El chico que asiste a un centro de día a través del programa Incluir Salud y que recibe una sola comida en el día, es importante destacarlo porque se trata de una situación de extrema gravedad”, añadió Urrutia.
Las consecuencias del ajuste repercuten en todos los actores
“Pensando en una persona que puede caminar y que el padre pudiera llevarlo, en el mejor de los casos, al centro de rehabilitación o de día, es inviable también porque este papá no tiene dinero para volver a su casa (ya que el pase para el transporte público sólo habilita al acompañante de la persona con discapacidad en tanto esté con ella). Sino garantizamos que el niño, joven o adulto acceda al centro de día integral, el sistema se cae, dijo Fernando Flores de la institución Robles y Robles que sostiene dentro de sus dispositivos un centro educativo terapéutico y a la que asisten cerca de 60 personas a los distintos turnos y dispositivos.
“Robles y Robles también trabaja en un proyecto de sostenimiento escolar con la escuela Nuestra Señora de Itatí de barrio Las Flores, tratando de que no se provoque la deserción escolar. Tenemos las becas paradas y el riesgo de no poder sostenerlo y llevarlo adelante”, aseguró Flores.
El panorama económico
“Entendemos que trabajar para el Estado implica tener entre 60 y 90 días de atraso. Es histórico. En otros momentos de Argentina el proceso iba siendo acompañado por un dispositivo de paritarias y adecuación de aranceles en nuestro caso. La verdad es que, afrontar esta situación hoy, con una devaluación como la que sufrimos, hace la situación inviable. Estamos cobrando prestaciones de diciembre de 2017, lo que es imposible sostener las prestaciones al costo de hoy”, dijo a El Ciudadano Sebastián Beloscar, de la fundación Rayuela.
“Es importante también que nosotros recibimos actualizaciones de aranceles en octubre del año pasado con un 16 por ciento para los transportistas y del 18 para las instituciones. Estamos a un año y no hay noticias de que se pueda hablar de una actualización de aranceles”, agregó Beloscar.
Al respecto, Flores explicó: “Día a día tenemos que afrontar impuesto, servicios, la comida de los concurrentes y todo tipo de insumos que no es el valor real de los aranceles de nuestra prestación. Casi todas las instituciones son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, con lo cual hay que afrontar impuesto a las ganancias, por ejemplo, que en definitiva es pagar por algo que no cobraste. El desfasaje es total y el deterioro en caso de las economías de cada institución es muy fuerte”.
Jugadores, actores y periodistas se sumaron a la cruzada
Los futbolistas Hernán Bernardello, Nahuel Guzmán y Marco Ruben; la periodista Luciana Rubinska y los actores Luis Machín y Rodrigo de la Serna grabaron un video convocando la marcha para del próximo 26 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera para sumarse a la cruzada contra los recortes que impulsa Desarrollo Social de la Nación.
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