De las 56 comisarías que están bajo la órbita de la Unidad Regional II, cerca del 50 por ciento están superpobladas. Los casos más graves existen en las seccionales 9ª, 17ª, 18ª y la subcomisaría 20ª donde la población carcelaria llega a sobrepasar en un 550% la capacidad real de habitabilidad. Además, dos de estas dependencias tienen penales que no están en condiciones de alojar personas. Este informe lo presentó ayer la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) ante la Corte Suprema de Justicia santafesina para solicitar su inmediata intervención y que se dispongan soluciones para poder superar las condiciones inhumanas de detención por las que pasan los internos. Además, la ONG reclamó en su escrito mayor compromiso en políticas de salud con respecto a la población carcelaria.
El documento denuncia “la deficiente atención por parte del Ministerio de Salud y del Dispositivo Interdisciplinario de Salud Mental (DIS) hacia las personas privadas de la libertad, hecho que provocó innumerables situaciones de riesgo de distinta magnitud a los internos, sus compañeros de cautiverio y sus allegados”.
La capacidad real que poseen las 38 comisarías relevadas por la CTC es de 271 internos pero al 1º de noviembre pasado, la ONG detectó que la cantidad de presos alojados en las dependencias llegaría a 652 personas, lo que determinaría una superpoblación del 241% sobre la capacidad real.
Dentro de los casos más preocupantes, la seccional 9ª, de barrio Arroyito, tiene que alojar a 4 personas. Sin embargo, hasta principios de este mes el relevamiento arrojó que hay 21 presos. En la 17ª, ubicada en Donado 250, su capacidad es para 2 y están detenidas 12 personas; en la 18ª, de barrio San Francisquito, tendría que haber 8 internos pero hay 40; y la subcomisaría 20ª, de San Martín 6201, está equipada para tres presos pero el lugar lo comparten 18.
Carmen Maidagan, militante de la CTC, dijo a El Ciudadano que los datos presentados a la Corte “se completaron con el relevamiento que hace la agrupación cada mes sobre la cantidad de reclusos que hay en la comisarías. Estos datos se sumaron a un estudio que la organización comenzó a finales de 2004 y que volvimos a presentar en 2006 donde un arquitecto inspeccionó cada dependencia por orden de un juez de instrucción en turno”.
“El profesional determinó que de 29 comisarías visitadas en su momento, sólo seis son habitables pero con condiciones regulares y malas. Mientras que las 23 restantes no tendrían que alojar personas porque no poseen las condiciones básicas para vivir”, agregó Maidagan, quien mencionó que nada ha cambiado.
Con respecto a la falta de políticas públicas en lo referente a la atención en la salud dentro de los penales, el texto presentado por la CTC ante la Corte Suprema remarca que “se pide inmediata atención al tema de la salud porque en estos últimos meses fallecieron dos personas por meningitis tuberculosa y otra está en una delicada situación por la misma enfermedad, lo que corrobora las enormes deficiencias en las respuestas sanitarias. De las personas que murieron este año de tuberculosis (TBC) una estaba alojada en la Unidad 11 de Piñero, y a la otra la pasaron de la comisaría 24ª, de Granadero Baigorria, a la Alcaidía”.
“Desde esas instituciones policiales (el recluso) fue derivado a distintos centros asistenciales donde no tuvo la atención adecuada, sus familiares batallaron por dos meses «mendigando» atención de salud, y cuando llegó, fue tarde para revertir el cuadro”, describió.
“En la actualidad, existe otro interno con TBC, que estuvo inicialmente en la seccional 2ª, donde convivía en una misma celda con 5 internos. Reclamamos que fuera internado en condiciones acordes a su estado de salud y fue alojado primero en la Alcaidía, luego en Piñero, para terminar hospitalizado de urgencia en el hospital Provincial. Todo eso pese a que solicitamos la intervención del Ministerio de Salud, actuando en tiempo y forma”, dijo.
