La Asamblea Legislativa aprobó ayer 14 de los 15 pliegos de jueces y fiscales remitidos por el Ejecutivo y rechazó, en votación dividida, el ascenso del actual juez de Faltas de Rafaela, Fernando Ignacio Ferrer, que había sido propuesto como juez de Cámara en Santa Fe. Es la segunda vez que la Legislatura rechaza el ascenso de Ferrer, quien en agosto de 2009 ya había sufrido el mismo traspié.
Por 28 votos contra 20, los diputados de la oposición terminaron imponiendo su criterio –acompañados por algunos oficialistas– ante el de los senadores, que en su mayoría se inclinaron por aceptar la postulación. El argumento fue que Ferrer juró como fiscal en San Cristóbal por el estatuto de la dictadura. Ya en democracia, en 1991, logró ascender a juez y actualmente se desempeña en Rafaela.
En 2009 el ex gobernador Hermes Binner había remitido el pliego de Ferrer a la Legislatura. El Frente Progresista votó en conjunto 34-0 por el rechazo. Los legisladores del PJ, en esa ocasión, se abstuvieron. Ayer la mayoría de los representantes del oficialismo votó a favor de Ferrer, incluida la diputada radical Griselda Tessio, quien cuatro años atrás había presidido, como titular del Senado, la asamblea que rechazó por primera vez el ascenso del magistrado.
La ex fiscal federal –de activa participación en la investigación de delitos de lesa humanidad– y ex vicegobernadora explicó a la prensa por qué ayer votó a favor del ascenso del juez de Rafaela: “Una de las causas más importantes que se le imputan a Ferrer es que él jura en el año 1978 o 1979, no recuerdo bien, por las actas del Proceso como fiscal de San Cristóbal. Si tenemos que emplear ese argumento siempre, hay mucha gente que estaría parada en esas circunstancias”.
La Asamblea Legislativa aprobó las postulaciones de Martha Feijoo y Jaquelina Balangione como juezas de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, mientras que Carlos Carbone, Guillermo Llaudet Maza y Georgina Depetris fueron designados para ocupar el mismo cargo en Rosario.
Además, fueron aceptados los pliegos de nueve fiscales para el Ministerio Público de la Acusación: Estanislao Giavedoni y María Parodi (para la ciudad de Santa Fe), Pablo Pinto, Miguel Moreno, Aníbal Vescovo y Florentino Malaponte (para Rosario), Natalia Benvenuto (Cañada de Gómez), Marianela Luna (Casilda) y Aldo Gerosa (Reconquista).
El tema Ganón
Por otro lado, el bloque de diputados del Frente Progresista ingresó en la sesión de ayer un proyecto de resolución para destituir al defensor general de la provincia Gabriel Ganón por “mal desempeño de sus funciones”. La movida se apoya en tres argumentos: la intervención del funcionario en cuestiones que no son de su competencia –algo que señaló la Corte Suprema de la provincia en cinco ocasiones–, las manifestaciones públicas del defensor referidas a la investigación de bandas criminales en Rosario por parte de la Justicia santafesina y “la posible o probable obstrucción” por parte del funcionario judicial a la puesta en marcha, en forma efectiva, del nuevo sistema penal.
El Fondo Kuwaití es ley
La Cámara de Diputados de la provincia convirtió ayer en ley el proyecto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse con el Fondo Kuwaití para la ejecución de la primera etapa del acueducto Reconquista I, uno de los doce acueductos que proyecta el gobierno de Antonio Bonfatti y que permitirá generar un servicio de suministro de agua potable en bloque a cada uno de los centros de consumo poblacionales existentes en el área de alcance del proyecto.
La operación es por un monto máximo de 15 millones de dinares kuwaitíes (unos 51 millones de dólares) con una tasa de interés del 2,5 por ciento anual, un plazo de gracia de cuatro años y 20 años de amortización. Para completar el préstamo, aún resta que el gobierno nacional autorice la operación, algo que viene reclamando de modo insistente la provincia, hasta ahora sin éxito.
