La Cámara de Diputados santafesina aprobó de forma unánime la Ley Orgánica de Ministerios, una herramienta clave para garantizar el organigrama previsto por todo nuevo gobierno.
En este caso, el gobernador electo Maximiliano Pullaro propuso un esquema que reduce la cantidad de ministerios y pasa el área de Género al ámbito de secretaría.
Este fue el punto más cuestionado del texto, aprobado en unanimidad, ya que como señaló la peronista Lucila de Ponti “es un área que atiende a una población específica y apunta a un objetivo concreto de achicar las brechas de género”.
Señalando los posibles cuestionamientos a las “metas logradas”, la legisladora rosarina aclaró no obstante que “la calidad institucional también está vinculada a no tomar medidas por una cuestión de tener más o menos votos”.
“Evidentemente es una decisión que se inscribe en un tiempo donde se pone en cuestión la legitimación social de la agenda de género”, apuntó.
Por eso cerró: “Sigue siendo necesario fortalecer las políticas públicas que apunten a una justicia protectora de las víctimas. La perspectiva de género es necesaria para pensar transversalmente las distintas cuestiones que afectan nuestra vida.”
Seguidamente, el legislador Carlos del Frade apuntó que al bajar al rango de secretaría, “el área de género pasará a recibir solo 10 centavos cada 100 pesos del presupuesto provincial”.
“La decisión de retirar el Estado va a garantizar la impunidad del avance de lo privado por sobre lo público. Por eso no nos resulta grato la eliminación del Ministerio de Género y la eliminación presupuestaria en todo lo relacionado a garantizar derechos”, explicó.
Y amplió: “El Ministerio de Desarrollo Social va a tener solamente el 1,97 por ciento del presupuesto provincial. Es invertir menos en cuestiones sociales que inevitablemente va a traer problemas vinculados a la seguridad”.
Un artículo cuestionado
La ley de ministerios aprobada este jueves recibió además una observación por parte de varios legisladores respecto al artículo 35.
En primer turno, el peronista Leandro Busatto consideró que se trata de “una discrecionalidad absoluta porque permite revisar cuestiones que están dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Fue apoyado por su par Matilde Bruera, dado que sostuvo que se trata de un párrafo “violatorio de los derechos de los trabajadores”.
“No da certezas al mundo del trabajo”, agregó Oscar Martínez.
