La Legislatura provincial sancionó este jueves, en trámite exprés y en forma coordinada entre las cámaras y los bloques políticos, dos leyes que reforman el sistema de seguridad. Una de ellas establece una serie de incompatibilidades para los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la otra apunta a regular y transparentar el uso de gastos reservados tanto en la órbita del Ejecutivo como del Poder Judicial.
El proyecto sobre incompatibilidades en el MPA modifica la ley 13.013, que regula el funcionamiento del organismo. Fue elaborado por los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver.
La ley declara la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años, bajo la dependencia de otro poder del Estado.
Esa normativa también les impide a los funcionarios del MPA difundir mensajes de contenido electoral o político y participar de actividades partidarias o electorales.
Desde el oficialismo provincial interpretaron que se trata de una reforma inspirada en el caso puntual del actual ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien asumió su cargo luego de pedir licencia como titular del Organismo de Investigaciones (también conocida como policía judicial) del MPA, un lugar al que accedió por concurso durante la gestión anterior. No obstante, la reforma no alcanza a Sain porque ninguna ley puede aplicarse con retroactividad.
El proyecto fue aprobado por los diputados del Frente Progresista y los bloques minoritarios y fue rechazado por el PJ, que tiene sólo siete bancas en la Cámara baja. En el Senado, lo votaron todos los representantes de los departamentos a excepción de cuatro justicialistas que pidieron abstenerse: Alcides Calvo (Castellanos), Marcelo Lewandowski (Rosario), Ricardo Kaufmann (Garay) y Marcos Castelló (La Capital).
Los cuatro senadores peronistas se abstuvieron porque el tema no había sido debatido en profundidad, alegaron. En cambio, sus otros ocho compañeros de bancada votaron a favor.
Gastos reservados
La otra ley aprobada este jueves tiene por objeto regular los gastos reservados y establece la obligación de todos los organismos del Estado (Ministerio de Seguridad, Policía, Ministerio de Gobierno y MPA) de que se haga una rendición de cuentas, posterior al final de la investigación en cuestión, ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Esa ley fue impulsada por los jefes de los tres bloques del Senado: Armando Traferri (PJ), Felipe Michlig (UCR-Frente Progresista) y el macrista Hugo Rasetto (Unión Santafesina).
La ley considera como “reservados o especiales” los gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas a dichas investigaciones.
Del mismo modo que el proyecto sobre el MPA, la normativa sobre gastos reservados fue aprobada sobre tablas en ambas cámaras legislativas –primero en el Senado y luego en Diputados– casi sin debates ni argumentaciones.
Al momento de la sanción definitiva del proyecto, los diputados del PJ abandonaron la sesión –que se hizo en forma virtual por la pandemia– y tampoco acompañaron la votación los dos integrantes del bloque Igualdad.
Debate picante
Durante el tratamiento de la ley de gastos reservados, el diputado Farías (PS-Frente Progresista) advirtió que en la actualidad “se están invirtiendo fondos muy importantes” y que “se han multiplicado las sumas que se destinan a los gastos reservados”.
Farías también apuntó que “la disponibilidad de los gastos está directamente asignada a las figuras políticas, cuando antes lo utilizaban los funcionarios policiales de carrera o las estructuras judiciales vinculadas a la seguridad”.
El ministro Sain se sintió aludido y poco después de la sanción de esa ley le contestó a Farías a través de Twitter: “Además de incompetente, es mentiroso. En el Ministerio de Seguridad hoy se ejecutan los gastos reservados de la misma forma que lo hacía (el ex ministro) Pullaro, a través de los servicios policiales autorizados”.
“Se ve que el diputado (Farías) no terminó de leer el proyecto de Ley de Seguridad Publica remitido por el gobierno, el capítulo de control parlamentario. Pero no quiere discutir las leyes con el ministro Sain. Control parlamentario de los fondos reservados es el eufemismo que están utilizando para controlar las investigaciones complejas contra la mafia en Santa Fe”, concluyó el ministro de Seguridad de la provincia.
