Andrés Kogan Valderrama*
A tres años de la revuelta social en Chile, y luego de la derrota del apruebo de la propuesta constitucional, pareciera que nos encontráramos atrapados en un escenario de parálisis política bastante preocupante para quienes esperamos aún transformaciones importantes en el país.
Lo digo no solo porque no se ve una salida democrática que dé respuesta a los distintos malestares de las y los chilenos, sino porque la violencia se ha tomado por completo la agenda mediática, en donde incluso varios sectores de la elite la están usando para generar una oposición entre una agenda de seguridad vs. una agenda constitucional.
Con esto no trato de bajarle el perfil al aumento sostenido de la violencia delictual y política en estos últimos años, la cual ha generado un aumento de los homicidios en Chile de manera importante (1), generando una legítima demanda ciudadana de vivir en entornos tranquilos y seguros.
El problema pasa con que hay una intencionalidad evidente de parte de los sectores más conservadores del país, en no solo clausurar cualquier intento de nuevo proceso constituyente a través del miedo, sino de perpetuar una idea de violencia de carácter minimalista, que la limita conceptualmente para frenar cualquier tipo de transformación.
Es decir, busca entender la violencia únicamente como una acción individual y de coacción física sobre el cuerpo o la voluntad de otra persona, o simplemente como una destrucción de la propiedad pública y privada, cerrándose a la posibilidad de verla de manera integral y sistémicamente.
Un discurso reduccionista de la violencia, que lo que intenta hacer es quitarle el peso e invisibilizar otras violencias
De ahí que otras violencias de carácter más simbólico, estructural y relacional, no sean consideradas violencias, e incluso, según el discurso conservador, sean usadas como meras justificaciones de la violencia física, de parte de sectores de izquierda y movimientos sociales durante el estallido social.
Es lo que vienen planteando distintos personajes públicos en Chile, adorados por los grandes medios de información, como es el caso del abogado Carlos Peña, quien desde una intelectualidad de salón, ha repetido una y otra vez, que la violencia política durante la revuelta social fue justificada por estas otras violencias, que según su mirada no serían tal (2)
En otras palabras, para Peña, como buen vocero de la elite intelectual en Chile, no existirían otras violencias, como lo son por razones económicas, psicológicas, raciales, de género, sexuales, ya que según él serían meras injusticias solamente.
En consecuencia, lo que plantea es un discurso reduccionista de la violencia, que lo que intenta hacer es quitarle el peso e invisibilizar otras violencias, para así mantener la institucionalidad imperante.
Al parecer, estos sectores conservadores, quisieran instalar la idea de que la violencia es un proceso sin historia, sin contexto y meramente como resultado de una acción anómica y disfuncional de algunos desviados, entendiéndola desde un enfoque funcionalista y lineal, completamente simplificador y desconectado de los procesos sociales.
Por el contrario, afirmar que sistemas de opresión como el racismo, clasismo, adultocentrismo, cuerdismo, extractivismo y sexismo, son tan violentos como la violencia directa, es ver las violencias de manera interconectada y no aisladamente.
El Estado ha sido en múltiples ocasiones un violador de los derechos humanos
Lo señalado anteriormente, en ningún caso busca justificar unas violencias por otras o relativizar tanto su significado que todo sería violencia, como planteó también Peña en el Centro de Estudios Públicos (3), solo busca hacerse cargo de esta problemática de manera más amplia.
Dicho esto, está claro que tienen que ser condenables los saqueos, incendios o cualquier tipo de atentado, que ponga en peligro la paz de la sociedad. Pero también hay que cuestionar la violencia institucional y estatal, ya que no solo coacción física es la que afecta a grupos que han sido discriminados, excluidos y negados por siglos.
No hay que olvidar, que si bien el Estado es el encargado de ejercer la violencia física legítima para mantener el orden y paz en la sociedad, teniendo el monopolio de la fuerza y de las armas, también ha sido en múltiples ocasiones un violador de los derechos humanos y un negador de mujeres, disidencias sexogenéricas, neurodivergentes, indígenas, migrantes, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes y de la misma Naturaleza.
Por lo mismo, quienes creemos en la necesidad de construir sociedades más democráticas, igualitarias e inclusivas, no podemos caer en la trampa de la elite, de decir que condenamos la violencia, venga de donde venga, sin problematizar antes esa afirmación, ya que esa frase esconde a las otras violencias más estructurales, desde una idea supuestamente neutral de esta, y tiene además un uso estratégico para estigmatizar y condenar un adversario político, como bien dice la académica Yanira Zúñiga (4).
En fin, lo correcto sería por tanto, decir que condenamos a todas las violencias, vengan de donde vengan, en plural, tanto del Estado cuando corresponda, como de la sociedad en su conjunto, aunque a la elite le moleste y quiera imponernos una visión funcional a sus intereses dominantes y al neoliberalismo existente.
https://www.youtube.com/watch?v=xuO866x-GG0&t=133s
Sobre la ambigua relación que tenemos con la violencia política
*Sociólogo. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social. Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org. Militante de Convergencia Social
