La proliferación explosiva de las agencias privadas de seguridad en la provincia –se duplicó su número en una década– y la alta cantidad de personal que ocupan –es el doble que los agentes policiales–, desató la preocupación por la regulación de esa actividad. Así, tanto desde el Concejo local como el Ministerio de Seguridad se trabaja en sendos proyectos para controlar más de cerca un negocio que, denuncian ediles, funciona en gran medida al margen de la ley. Luego de la reunión entre el ministro de Seguridad de Santa Fe, Leandro Corti, y los ediles rosarinos, el concejal del PPS Héctor Cavallero se comprometió a trabajar en forma conjunta con la Casa Gris aportando un proyecto de ordenanza de su autoría para que el municipio participe del control efectuado por el gobierno provincial sobre las agencias de seguridad privadas.
La iniciativa de Cavallero apunta a involucrar a la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio en el tema. Además, solicita que las empresas de seguridad cuenten con autorización municipal y de la EPE para tomar electricidad en las garitas, ya que muchas de ellas están literalmente “enganchadas”, afirmó el concejal. El edil también expresa la necesidad de que los vigiladores y los vehículos que utilizan cuenten con identificación.
En un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial, la ordenanza –con vigencia para Rosario– podría incluir la exigencia de un contrato entre la agencia de seguridad y los vecinos. “La resolución provincial (la 521 de 1991 referida a la habilitación de los agencias en Santa Fe) es insuficiente. El municipio se debe hacer cargo de qué ocurre con las agencias en la ciudad. Estamos trabajando para no superponer normativas”, adelantó el edil.
Tal como publicó El Ciudadano en octubre del año pasado, un 70 por ciento de las 250 agencias de seguridad privada habilitadas en Santa Fe están radicadas en Rosario. El sector tuvo un gran salto en la última década: en 2000 funcionaban unas 130 empresas. Otro dato a tener en cuenta es que en la actualidad trabajan dos vigiladores privados por cada policía. Ante tal crecimiento, en octubre del año pasado, el gobierno santafesino, tras varios anuncios, puso en funcionamiento el Registro de Agencias de Seguridad Privada y Vigiladores, que contó con el aval de la Cámara de Empresas de Seguridad de Santa Fe.
Garitas irregulares
De acuerdo a los considerandos del proyecto que entró el 22 de febrero a la comisión de Seguridad del Concejo Municipal, en varias esquinas de la ciudad se emplazan sin previa autorización garitas que en su mayoría no tienen otra identificación que el cartel “seguridad”. Los puestos, siempre según el proyecto que firman Cavallero y su compañera de bloque, Fernanda Gigliani, interfieren con el tránsito y “tienen conexión eléctrica directa al alumbrado público, en un claro delito de hurto de electricidad”. Por ello, la iniciativa pide que en las garitas y los vehículos de patrullaje se identifique la empresa a la que pertenecen y sus datos “para que los vecinos y sus organizaciones, frente a sospechas o arbitrariedades cometidas por quienes «prestan servicios», puedan ejercer el derecho al control social”. En cuanto al vigilador, figura que establece la resolución provincial, el edil apuntó a que debe llevar una identificación visible con datos completos. “La Municipalidad debe exigir que los trabajadores estén registrados y que cuenten con certificado de Buena Conducta”, agregó.
Visto bueno provincial
En diálogo con este medio, el ministro de Seguridad Corti sostuvo que su cartera está terminando un proyecto para regular la actividad. “Él (por Cavallero) se ofreció ya que está trabajando en un proyecto de ordenanza al respecto, y quedó el canal de diálogo abierto para trabajar en acciones concretas”, apuntó el ministro. En esa línea, celebró la posibilidad de intercambiar ideas con los concejales debido a que “tienen una relación más estrecha con los vecinos”. “Se toman los canales de información alternativos y se institucionaliza la demanda planteada por los vecinos por los canales oficiales”, precisó el funcionario santafesino.
En torno a la problemática, la semana pasada se realizó una mesa de trabajo entre 20 concejales y Corti. El ministro informó allí que la mayor parte de los recursos para combatir la inseguridad en la provincia están destinados a Rosario.
Servicios con papeles flojos
Cavallero adelantó que su proyecto busca blanquear la actividad comercial de las agencias, eje que tuvo buena recepción de la Dirección provincial de autorizaciones, registros y control de agencias privadas de vigilancia, seguridad e información particulares, área de extenso nombre que depende del Ministerio de Seguridad. “Es un contrato que nunca se hace entre vecino y empresa. No hay factura, ni recibo. Eso debe estar por ley”, comentó Cavallero sobre las irregularidades imperantes en el sector, cuyos “honorarios” ascienden hasta 500 pesos por mes en algunas zonas.
