No se puede fumigar más en todo el territorio urbano de Rosario, y hasta no menos de 500 metros de cualquier zona habitada de la ciudad. Así lo dispone una ordenanza votada por unanimidad el miércoles último en la sesión adelantada del Concejo Municipal, que sin embargo no tiene carácter permanente: la iniciativa, en rigor, lo que busca es apurar la retrasada reglamentación de una norma que fue sancionada en diciembre del año pasado, y por la cual se regulan las aplicaciones de agroquímicos en la jurisdicción. Una vez que se dé este paso, la prohibición absoluta votada esta semana cesará para dar lugar a las restricciones graduales que fija la ordenanza original, vigente desde hace 11 meses aunque, hasta ahora, sólo en los papeles.
“Si bien somos conscientes que desde la comisión de Ecología del Concejo se está trabajando en la materia, los vecinos y ciudadanos de Rosario no pueden quedar expuestos a productos tóxicos hasta que se resuelva y se dé cumplimiento con la ley provincial 11.273 (conocida como de fitosanitarios, sobre la que incluso hay un cajoneado intento legislativo de endurecimiento) y la ordenanza 8.871. Esta situación se da particularmente en la zona oeste de la ciudad como antes se daba en la zona del Aeropuerto Jorge Newbery”, afirmó la edila Norma López.
La ordenanza 8.871 a la que refiere la concejala fue aprobada en una maratónica sesión de principios de diciembre pasado, la última de 2011. Pero no se trató de una improvisación, sino que fue producto de un trabajo prolongado de varias comisiones del Palacio Vasallo en el que participaron, además de todos los bloques políticos, numerosas ONGs involucradas en la sensible materia de las fumigaciones en huertas o campos cercanos a Rosario.
Autoridad de aplicación
Esa norma mandaba crear, como autoridad de aplicación, el llamado Comité Ejecutivo de Coordinación y Acción (Ceca), integrado por representantes de la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Producción, el Programa de Agricultura Urbana y la Secretaría de Salud de Rosario, más el Instituto Municipal del Alimento y las agencias del Inta de la región. Su función, entre otros puntos, es generar registros de los aplicadores de agroquímicos, promover las buenas prácticas en el manejo de productos fitosanitarios –embalajes, deposición de residuos, manipulación segura, por ejemplo– y establecer para los vecinos los mecanismos de denuncia sobre infracciones.
Restricciones escalonadas
La misma norma, cuya reglamentación intenta apurar la ordenanza aprobada este miércoles, establece para su primer año de vigencia una zona de 50 metros libres de agroquímicos convencionales a partir del llamado límite agronómico –delimitación de la planta urbana fijado por el decreto local 35038–, permitiendo sí los productos fitosanitarios correspondientes a la llamada producción orgánica. Para el segundo año, la ordenanza 8.871 extiende la interdicción a 100 metros.
En tanto, la normativa prohíbe la radicación de nuevos depósitos de agroquímicos en el perímetro urbano de Rosario, y a los existentes le otorga un plazo de dos años para adecuarse a una pauta de seguridad más estricta. A su vez, ordena al Ejecutivo local que optimice las barreras de mitigación de deriva de agrotóxicos, mediante la plantación de una cortina forestal en los límites de la ciudad como barrera contra el ingreso de los químicos impulsados por los vientos.
Consultada por El Ciudadano, Norma López enfatizó que todas esas reglamentaciones fueron el producto del compromiso de todos los sectores políticos con representación en el Concejo y de numerosos colectivos y organizaciones que acercaron propuestas e ideas. Y lamentó la falta de voluntad política del Ejecutivo para reglamentar la ordenanza, paso fundamental para que entre en vigencia efectiva.
Es para eso que la integrante de la bancada Frente para la Victoria decidió reflotar una iniciativa que había presentado junto con el ex edil Arturo Gandolla antes de que se aprobara la ordenanza 8.871. Sólo que en su versión original el objetivo era impulsar una normativa local de fitosanitarios, y ahora que ya está, busca que se reglamente la aprobada. Con un mínimo cambio en la letra, el proyecto volvió a ser presentado y contó con el aval de todos los bloques. La pelota, ahora, quedó en el campo del Palacio de los Leones: hasta que no fije la reglamentación, rige una prohibición absoluta de fumigar en todo el desarrollo urbano y a no menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
