Con críticas al desempeño de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, comenzó este jueves la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del submarino ARA San Juan.
«Si se recorre la lista de supuestas irregularidades que encontró la jueza de instrucción, uno se pregunta cómo pudo salir a navegar así (el submarino) y con semejantes problemas, deberían estar dos tercios de la Armada imputados, el ministro de Defensa de entonces (Jorge Aguad) y porqué no el comandante (en Jefe) de las Fuerzas Armadas (Mauricio Macri)», dijo el abogado Juan Pablo Vilgliero, defensor de Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, uno de los imputados.
La ronda de testimonios comenzó pasadas las 10 de este jueves cuando el presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, dio por abierto el debate que se realizó de manera mixta, es decir con parte de los protagonistas en el centro cultural de Comodoro Rivadavia y los restantes de manera remota vía Zoom.
Se trata del expediente en el que se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre de 2017, que ocasionó la muerte de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina, y la pérdida de la nave.
En la sala se encontraban presentes Leal de Ibarra y su colega Aldo Suárez, en tanto la camarista Hebe Corchuelo de Huberman lo hizo de manera remota.
El abogado Vilgliero cuestionó con severidad el fallo dictado en febrero pasado por la jueza Yáñez, a quien acusó de «faltar a la verdad» y negó que el naufragio del submarino pueda ser adjudicado al mal estado de la embarcación pues si así hubiera sido el conductor de la nave, capitán Pedro Martín Fernández, jamás hubiera permitido salir a navegar.
Negó que la embarcación haya tenido «obras pendientes» que pusieron en riesgo la seguridad del ARA San Juan, porque «según la jueza no andaban el telescopio, los sonares, el sector de señales, el parque de torpedos, el sistema de propulsión, el recorrido de la válvula del casco, el sistema de cuadro de baterías, los respiradores acondicionados y no se habían hecho las pruebas pendientes de presurización y de velocidad».
«Si así hubiera sido, tendrían que estar imputados dos tercios de la Armada, el ministro de Defensa de entonces y porqué no el comandante de las Fuerzas Armadas», planteó en referencia al ex presidente Mauricio Macri.
Recordó que «fue el jefe del Estado Mayor de ese momento quien pone en operaciones al submarino y se encargan de habilitarlo los sucesivos comandantes».
En ese sentido, detalló que el ARA San Juan «estaba operativo y habilitado desde septiembre de 2015 a noviembre de 2017, donde navegó 24 veces, recorrió más de 800 millas náuticas y 105 días», por lo que, juzgó, «es falso afirmar, como dice la jueza de instrucción, que el submarino no estaba operativo».
En la audiencia de este jueves, también se le concedió la palabra al comandante Villamide, quien detalló las horas previas a que la nave se reportó como desaparecida e incluso hizo referencia al contacto que estableció con el comandante del ARA San Juan.
«A las 23.42, el comandante Fernández informó que estaban navegando en superficie, a la 1 de la mañana yo me comuniqué con el comandante, donde me reporta que habían tenido un principio de incendio, a cinco nudos de velocidad y habían puesto proa en un derrotero que los llevaba al medio del océano para no enfrentar el mar por las condiciones de temporal», dijo Villamide, quien refirió que esa maniobra es la recomendada en los manuales navales.
«Noté a un comandante preocupado pero decidido y que no requirió auxilio, dando a entender que era una situación segura y necesitaba ingresar al cuarto de baterías pero no podían hacerlo en superficie», expuso.
Tras la intervención de Villamide, quien recurrió a una pizarra para explicar ante el tribunal las reglas básicas del funcionamiento de un submarino, retomó la palabra su abogado defensor, quien le pidió al tribunal que «revoque la resolución» de Yañez y sobresea a su defendido «por las arbitrariedades del fallo de instrucción y en todo caso dicte la falta de mérito».
«Se trata de servidores de la Patria que fueron entrenados para dar la vida por su país, dar combate y morir en combate pero no fueron preparados para matar a su propia gente», agregó en relación al fallo de la jueza de instrucción.
Tras el testimonio de Villamide y la exposición de su abogado, hizo lo propio Ricardo Saint Jean, defensor de Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
Saint Jean cuestionó que Yáñez desconoció el testimonio de los especialistas en submarino y prefirió tomar como válido lo aportado por «disidentes», a quienes desmereció por tratarse de un «aprendiz en un caso y de otro con muy poca experiencia que no se basaron en datos técnicos sino en opiniones personales carentes de sustento».
«Los familiares, los aquí injustamente procesados, sus defensores, la Armada y los técnicos, aquellos de los arsenales navales que superaron las inspecciones, los que repararon las averías, los que atendieron las obras correctivas, las Armadas de todo el mundo que colaboraron en la búsqueda, todos esperamos y merecemos la verdad de lo ocurrido y no el ocultamiento de las evidencias por parte del juzgado de Caleta Olivia», cuestionó Saint Jean.
La causa sobre el hundimiento del ARA San Juan llevada a la apelación está caratulada como «López Mazzeo, Luis Enrique y otros por abuso de autoridad y deberes de funcionario público».
Leal de Ibarra indicó a Télam tras el cuarto intermedio que «la audiencia seguirá hasta escuchar a todos porque la idea es darle todo el tiempo que las partes requieran y una oportunidad para hacer una devolución».
Terminado este tramo del debate, que podría extenderse hasta la semana próxima, Leal de Ibarra aclaró que luego tienen 15 días para llegar a una resolución y aportar los fundamentos, por lo que se estima que el fallo daría a conocer a mediados del mes próximo.
