El ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió tener 16 millones de pesos en acciones de la petrolera Shell, lo cual despertó la polémica por una posible incompatibilidad con su función.
Aranguren dejó su cargo en Shell tras permanecer durante 37 años, 12 de los cuales actuó como CEO, para meses después asumir su cargo en el gobierno del presidente Mauricio Macri.
En su declaración jurada, Aranguren dijo que a diciembre de 2015 poseía un patrimonio total de 86,6 millones de pesos, con un crecimiento de 95 por ciento con respecto al año anterior, mientras que sólo por las acciones de Shell en ese período ganó 3 millones de pesos.
Colaboradores del ministro confirmaron que aún mantiene los títulos de la petrolera angloholandesa y no está en sus planes desprenderse de esos papeles.
De acuerdo con la interpretación de voceros de Energía consultados por NA, no habría incompatibilidades entre la propiedad de acciones de Shell y el rol de Aranguren como ministro del área.
Explicaron que la única restricción que impone la ley es que el ministro no puede tomar decisiones particulares sobre Shell, dado que esa empresa fue su anterior empleador.
La ley de Ética Pública indica que los funcionarios deben “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria”.
Explican en la cartera de Energía que cuando Aranguren debió tomar alguna decisión sobre Shell, las resoluciones fueron firmadas por el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda o por el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg.
Este año, el gobierno le adjudicó a Shell siete de las ocho licitaciones que realizó para la importación de gasoil por barcos al país.
Por esas operaciones el senador Fernando “Pino” Solanas presentó una denuncia por considerar que se hizo una contratación directa por un precio excesivo.
El fiscal federal Carlos Stornelli también requirió abrir una investigación contra el ministro, luego de que fuera denunciado penalmente por diputados kirchneristas que lo acusaron de beneficiarse con los aumentos tarifarios de gas en su carácter de accionista de la petrolera Shell.
