Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas en toda la provincia de Jujuy, en rechazo a la reforma de la Constitución provincial que impulsó el gobierno de Gerardo Morales, que «limita el derecho a la protesta social» y abre el camino a una nueva colonización y despojo de territorios ancestrales.
La reforma de la Carta Magna, que esta semana fue aprobada por una Asamblea Constituyente, escaló el conflicto salarial que venían protagonizando docentes y estatales y convirtió todo el territorio del NOA en un polvorín: a pesar de que el gobierno radical dio marcha atrás con un decreto que penalizaba toda protesta social, lo cierto es que en las redes sociales se replicaban fotos de una sangrienta represión policial, y se viralizaban audios denunciando ataques e incluso secuestros por parte de la Policía local, y pedían «romper el cerco mediático» que mantuvo ocultas masivas manifestaciones sindicales. Dos de las confederaciones gremiales de alcance nacional, Ctera (docentes) y ATE (estatales) llamaron a un paro nacional para el próximo jueves 22, «ante los terribles acontecimientos de represión y limitación de la libertad y la democracia del pueblo jujeño».
Morales, reelecto gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, defendió la prohibición de cortes de rutas y calles, limitando en su «feudo» –las fuerzas opositoras lo acusan de imponer una autocracia– derechos que están consagrados en la Constitución Nacional.
Las manifestaciones contra la reforma –el texto se aprobó en la madrugada de este viernes– se llevaban adelante en distintas regiones, y en todas se contrapuso la misma respuesta: despliegue de efectivos policiales –uniformados unos, sin identificación otros– que actuaban con creciente violencia contra manifestantes que habían permanecido durante toda la noche, soportando incluso temperaturas bajo cero.
Los pobladores que participaban de esta medida de acción directa denunciaron que a las 6 de la mañana de hoy, llegó un importante contingente de efectivos de la Infantería policial con el propósito de efectuar un desalojo de la ruta donde se desarrollaba la protesta.
Cuando amanecía, la Policía avanzó sobre los manifestantes y se inició una represión en el cruce de caminos que se encuentra en el ingreso a este poblado del norte jujeño, donde los efectivos no lograron concretar el despeje de las rutas, que quedó con una apertura al paso vehicular a cada una hora.
Alrededor de las 17 horas, llegó hasta el lugar del corte un nuevo e importante número de efectivos, que avanzó otra vez y logró desalojar el corte con gases lacrimógenos y balas de goma.
Por el enfrentamiento, varias personas resultaron heridas, según se pudo observar en fotos y videos que se reportaron desde el lugar.
También se difundió una lista con cerca de treinta detenidos, entre ellos, Natalia Morales, dirigente del PTS-Frente de Izquierda, y Luciano Aguilar, editor general y periodista de La Izquierda Diario, que estaba realizando la cobertura de la represión en la ruta de Purmamarca, según difundieron desde el espacio, desde el que exigieron su inmediata liberación.
Alrededor de las 15 de este sábado, autoridades del gobierno provincial habían intentado un acercamiento para dialogar con los manifestantes, pero se retiraron con el unánime repudio de todas las comunidades y al grito de: «Que renuncie Morales».
Este viernes, en el norte de Jujuy, la Policía provincial ya había intentado avanzar con el desalojo de un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.
Los manifestantes, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades originarias, denunciaron con fotos y filmaciones la represión, a la que opusieron resistencia con todo lo que tenían a su alcance: de un lado llovían granadas de gas lacrimógeno, postas de goma y bastonazos, que, en ostensible desventaja, eran respondidos con cascotes. Los manifestantes se plantaron en la ruta, aunque decidieron abrir el paso cada hora, sin abandonar los reclamos.
https://twitter.com/CELS_Argentina/status/1670169780509192193
Otro de los cortes de ruta se registraba desde este viernes en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, también por parte de comunidades originarias e integrantes de distintos gremios y organizaciones sociales. En ese contexto, desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), expresaron en una publicación en sus redes sociales: «Jujuy es democracia social, no una monarquía. Ni un paso atrás en los Derechos Indígenas conquistados».
https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1670179595461509120
En tanto, en solidaridad, desde el sector docente, que mantiene un paro por tiempo indeterminado desde hace dos semanas, también se convocó pasado el mediodía a una importante permanencia en el acceso sur a la capital provincial.
«Es para repudiar la represión de nuestros pueblos originarios, rodearlos de apoyo y seguir insistiendo en el aumento salarial y el respeto de nuestros derechos, que serán vulnerados por una Reforma inconstitucional, votada de espaldas al pueblo», indicaron desde el Cedems, uno de los principales gremios docentes en la provincia.
https://twitter.com/vilcalejandro/status/1670061388910272512
El espacio anoche concretó una nueva asamblea general en la que resolvió continuar la medida de paro con nuevas expresiones de reclamo en las calles, entre ellas, un banderazo a realizarse este 20 de junio, bajo la consigna «yo apoyo a los docentes» y el pedido de una recomposición que permita llegar a un piso de 200 mil pesos, con una mejora del salario básico.
Además, en torno a la reforma, resolvieron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia y declararán personas no gratas a los convencionales que votaron a favor de la modificación de la carta magna.
Respecto a la situación en Jujuy, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires salió hoy a rechazar el intento de restringir la protesta social a través de la reforma de la Constitución, y advirtió que se pretende «quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía».
La CPM analizó en un comunicado que «la represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino» e hizo un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores «a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos».
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió, por su parte, que la reforma apela a la «paz social» para «limitar el derecho a la protesta».
Detalló que se «mencionan estándares internacionales de derechos humanos» pero que «quedan en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar».
«La idea de ´paz social´ limitada a la ausencia de conflicto en la calle sólo sirve para criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiestan», planteó el Cels en su cuenta de Twitter.
Ayer organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios jujeños confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada en la madrugada.
La manifestación se acopló al plan de lucha que vienen manteniendo desde hace diez días los gremios docentes de la provincia.
«Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño», fue la principal expresión de repudio en la jornada, que sumó el inicio de cortes de ruta y calles en diversas localidades.
Morales, por su parte, defendió hoy la reforma de la Carta Magna provincial al señalar que «la Constitución de Jujuy va a ser la primera que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional que es el corte de rutas y calles».
https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1670176096883470339
El postulante a la presidencia por el radicalismo explicó, por Radio Mitre, que se «mantiene el artículo 32 de la Constitución» respecto que «la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas».
Y precisó: «Lo que sí hemos agregado es un artículo que regule la manifestación en los términos de los parámetros de Naciones Unidas, que establece que está prohibido estigmatizar y criminalizar, pero prohíbe los cortes de ruta, cortes de calles y las usurpaciones de edificios públicos».
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Ayer, se conoció que el Gobierno nacional, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña, según adelantó la ministra Kelly Olmos.
Entre las distintas críticas a lo aprobado, el Gobierno de Jujuy salió hoy a publicar en su web oficial lo referido al nuevo texto de la reforma con relación a las comunidades de los Pueblos Originarios.
Al respecto, argumenta que «Jujuy pasa a tener la única Constitución del país que reconoce el rango constitucional de la consulta previa e informada de las comunidades para la gestión de sus recursos naturales y sus intereses particulares».
