En medio de más de medio centenar de focos de fuego en el Alto Delta y con la comprobación de que el peor momento comenzó –es decir se inició intencionalmente– tras el acuerdo que rubricaron la Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y la Municipalidad de Rosario para lo contrario, precisamente detener las quemas y mitigar los descomunales daños ecológicos, económicos, y los graves riesgos sanitarios y de seguridad en el transporte que ocasionan, siete personas, todas con domicilio entrerriano, fueron imputadas por el Juzgado Federal 2 de Paraná. Están acusadas de cometer los presuntos delitos de “incendio u otro estrago” y de atentar “contra la seguridad de naves o aeronaves”.
Rufino Pablo Baggio, Enzo Federico Vignales, Raúl Álvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti aparecen como propietarios de campos y parcelas donde se producen incendios, avalados por asociaciones de productores y hasta por el intendente de Victoria, Domingo Maioccco, como una “práctica tradicional” para una supuesta renovación de pastizales.
En realidad están causando graves perjuicios económicos, entre otros, a los productores de miel, que pierden sus colmenas por el humo o por el fuego directo; a pescadores al contaminar cursos de agua con cenizas y restos de quemas, y aún a otros criadores de ganado que no apelan al recurso, ya que las llamas escapan hasta al control de los tres aviones hidrantes y las decenas de brigadistas que tratan de contenerlas.
Pero también provoca innumerables daños a la flora autóctona y a la fauna silvestre del Humedal, cuyo hábitat queda reducido a cenizas si es que aves, mamíferos y reptiles logran escapar a las llamas. Incluso a la fauna ictícola al dañar su ecosistema con residuos y cenizas, en una devastación que sólo tiene por fin la extensión de la frontera agropecuaria con la reutilización forzosa de todo el territorio.
Así lo entendió la Justicia federal entrerriana, que imputó a los mencionados en aplicación de los artículos 54, 186 y 194 del Código Penal y al artículo 55 de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos.
La norma, promulgada en 1992 y a la que -paradójicamente– la provincia de Entre Ríos adhirió, pero Santa Fe no establece en el artículo en cuestión castigo penal a quien “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, y define una condena peor, análoga a la de un homicidio doloso, si algunos de esos supuestos provocan la muerte de una persona.
En el caso del Código Penal, el primer artículo invocado da cuenta de la gravedad con la que se considera el caso, ya que sencillamente plantea que si existe más de una sanción para un hecho, “se aplicará solamente la que fijare pena mayor”. Es decir, no se suman, pero tampoco cabe aplicar la más benévola.
Con la dirección antedicha, el artículo 186 es el que establece las penalizaciones para quien “causare incendio, explosión o inundación”, estableciendo castigos que van de 3 a 10 años de prisión o reclusión a entre 3 y 15 si genera riesgo de muerte a una persona, y de 8 a 20 años si provoca un fallecimiento.
El 194, en tanto, establece el castigo para el cuadro más leve, considerándolo de igual modo un delito: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, reza.
De hecho, la multiplicación de quemas –en lo que pareció una respuesta directa a los acuerdos de los tres niveles de gobierno para detener la devastación– viene provocando densas humaredas que entorpecen la visibilidad en las rutas de la región, en vías férreas, en la Hidrovía y hasta en el cielo, precisamente en el área establecida para los vuelos de aproximación para el descenso en el Aeropuerto de Fisherton.
Desastre de norte a sur
“Son 600 kilómetros de longitud, desde las islas cercanas a San Javier hasta Baradero, como para que tengan una idea de la inmensa franja que se debe cubrir”, advirtió ayer el jefe de Bomberos y titular de Protección Civil de Las Parejas, a cargo de las operaciones contra el fuego en las islas.
Brignoni, quien además es comisario mayor, relevó que son al menos 60 los focos en esa extensión, que involucra nada menos que la mitad de la franja costera entrerriana sobre el río Paraná. Y advirtió además que un cambio en la dirección del viento, para desazón de los brigadistas, reavivó las llamas en un contexto climático sin lluvias en el horizonte cercano.
De todos modos, alcanzó a dar una buena novedad: “Estamos en la etapa final para extinguir uno de los focos frente a la ciudad de Rosario, que va a aliviar notablemente el humo que se respiró en la ciudad, que fue muy intenso”.
El notable resurgimiento de las quemas también puso humo a la relación política entre la Casa Gris de Santa Fe y la de Paraná, también llamada así: “Las declaraciones van para un lado y los hechos van para el otro”, se quejó el ministro de Gestión Pública local, Rubén Michlig, en clara alusión a las autoridades de la provincia vecina. “No queda otra alternativa que pedir ayuda a la Justicia federal”, definió el alto funcionario, que tácitamente dio por caído el acuerdo con el gobierno de Gustavo Bordet, por incumplimiento. El acta había sido firmada hace apenas poco más de un mes, el pasado 12 de junio, y establecía, entre otros puntos, “canales de articulación” entre las dos provincias. El primero de ellos la creación de la Brigada Interjurisdiccional de Monitoreo y Fiscalización de los emprendimientos productivos en el Humedal. Una de las premisas era, textualmente, “decretar la suspensión total de las quemas por un período de 180 días”. No habían pasado ni dos semanas cuando el fuego había vuelto, y a mayor escala que lo que habían logrado extinguir brigadistas y lluvias.
Ante semejante panorama, ayer la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, presentó también una denuncia en la Justicia federal, a la par que pidió que “se actúe de forma urgente frente a la causa penal iniciada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”.
“Es urgente que la Justicia federal actué para garantizar la prohibición absoluta de las quemas y poner fin al daño ambiental y la pérdida de biodiversidad, en el marco de la medida cautelar dispuesta”.
El escrito, además de invocar también el artículo 186 del Código Penal, apela a otra normativa: “Resulta evidente que se violan las disposiciones de la Ley General del Ambiente Nº 25.675”, sostuvo la funcionaria, y agregó que también a la Carta Magna: “La Constitución Nacional en su artículo 41 asegura que es un derecho de todos los habitantes el de gozar de un ambiente sano”, cerró.
