El gobierno nacional apelará hoy el fallo del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, que obliga al país a pagar unos 1.330 millones de dólares a los denominados “fondos buitre”, en una decisión inédita sobre una deuda reestructurada.
La estrategia oficial consistirá en alertarle al juez y al mundo financiero sobre la peligrosidad del fallo para los procesos de reestructuración de pasivos que lanzan los países en momentos muy críticos de su economía y con un elevado nivel de endeudamiento sobre su PBI.
El escrito que presentarán los abogados patrocinantes de la Casa Rosada asegura que la implementación de la sentencia pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana a nivel global y puede tener severas consecuencias sobre el funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York.
Lo que ocurre, según el equipo de trabajo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, es que si el fallo prospera ya ningún país en el mundo entero podrá realizar un canje exitoso como el argentino porque no habrá tenedores de bonos que acepten una quita cuando podría esperar un fallo que lo habilite a cobrar el 100 por ciento del capital y los intereses.
“El lunes apelaremos. No compartimos que la visión de Griesa sea justa; creemos en el compromiso que tenemos con los que entraron al canje de deuda y las normas que lo habilitaron, como la ley cerrojo, hacen que la Argentina siga defendiendo su posición en cualquier instancia”, había afirmado Lorenzino.
El juez federal de Nueva York sorprendió el jueves a la Argentina al dar a conocer un fallo a favor de los “fondos buitre” que obliga al país a pagarles unos 1.330 millones de dólares antes del 15 de diciembre.
La medida no afecta el pago de 45 millones de dólares que debe realizar la Argentina el 2 de diciembre, pero en cambio genera dudas sobre la cancelación de los 3.500 millones de dólares del cupón PBI.
Griesa rechazó una petición de la Argentina de mantener su orden previa que detenía el pago de bonos soberanos impagos a inversores hasta que se resuelvan interrogantes pendientes en un proceso de apelación ante un tribunal superior.
Esa demoledora sentencia puso en apuros al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque a priori le abrió las puertas al fantasma de un eventual “default técnico”, después de haber tenido el país el mayor pasivo en cesación de pagos de la historia, tras el anuncio de suspensión en 2001.
Lorenzino espera ahora llegar a buen puerto en la Cámara de Apelaciones neoyorquina confiado en las posturas precedentes de instituciones claves para el sistema financiero estadounidense y global, como la Reserva Federal.
Defendiendo sus propios intereses, respaldan la decisión argentina el Banco de Nueva York –que es el agente de pago de la deuda–, la Reserva Federal, las casas de clearing y fondos de inversión que participaron los canjes de 2005 y 2010.
