El gobierno argentino apelará mañana por segunda vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un fallo desfavorable en la extensa causa judicial iniciada por fondos especulativos que reclaman el pago del 100 por ciento más intereses de la deuda en default.
La presentación de la apelación, para evitar el pago de unos 1.330 millones de dólares en efectivo que haría caer el histórico canje de 2005, estará en manos de Paul Clement, una estrella jurídica en Washington recientemente contratado por el país. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos citó para el 21 de abril próximo a representantes del Gobierno argentino y de los fondos buitres, en el marco del prolongado litigio.
Tras esa audiencia, la Corte norteamericana definirá si tratará o no el caso, vinculado con una presentación del fondo buitre Elliot, del multimillonario Paul Singer, sobre el pedido para embargar fondos de la Argentina depositados en bancos radicados en Estados Unidos y en la sucursal del Banco Nación en Nueva York.
La Argentina estará representada en la audiencia por los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que podrán exponer puntualmente sobre el reclamo de Elliot pero también por una veintena más de demandas de tenedores de bonos impagos.
La estrategia de los abogados que defienden al Estado argentino será plantear las consecuencias sobre todo el sistema financiero de sostener los fallos de primera instancia del juez de Nueva Cork Thomas Griesa y de segunda instancia a favor de los fondos buitre.
En esos fallos, se obliga a la Argentina a pagar al contado 1.330 millones de dólares que reclaman Elliot y el resto de los fondos.
Los negociadores argentinos, enrolados en la Unidad de Renegociación de la Deuda -que maneja el exministro de Economía Hernán Lorenzino- creen que la cita del 21 de abril, en Washington, será la última oportunidad para convencer al máximo tribunal de Estados Unidos de tratar el caso.
Pero si finalmente la Corte norteamericana no aceptara la posición argentina, la Casa Rosada tendrá algunos meses para encarar una negociación con algunos fondos buitre.
De tener que recurrir a esta última iniciativa, la intención es pagarles a los fondos buitre con dineros públicos a través de terceros, que serían dos fondos «amigos» de la Argentina: Gramercy y Fintech.
