Eliminar barreras del Poder Judicial para el acceso a la Justicia, garantizar derechos vinculados a salud, reproductivos, de educación sexual integral y de las personas LGBTTTIQ+, son algunas de las 20 metas que la Argentina se comprometió a cumplir ante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD25) que comenzó este martes en Nairobi.
Representantes de más de 160 países revisarán hasta el jueves el trabajo de la histórica ICPD de 1994 en El Cairo, donde se firmó un programa de acción que marcó hitos como considerar la salud sexual y reproductiva un derecho humano y trató temas como la mortalidad materna o la violencia y prácticas dañinas contra las mujeres.
En este contexto, el gobierno argentino y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron ante la cumbre internacional a trabajar para cumplir una veintena de puntos.
“El país participa con una comitiva del sector civil y público junto a un documento consensuado, que habla de la importancia de los derechos de la población y el desarrollo en la agenda local”, dijo a través de Twitter Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Agosto presentará los compromisos en la cumbre junto a Camila Fernández, una joven trans argentina de la organización “Ella decide” (She Decides, sus siglas en inglés).
“Estamos contentos de estar acompañados de organizaciones que luchan día a día porque los derechos sean una realidad permanente”, señaló.
Un comunicado publicado en la web del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) indicó que la Argentina se comprometió a trabajar en la “eliminación de todas las barreras en el acceso a la Justicia y el cumplimiento y garantía de derechos, en especial los vinculados a salud, sexuales, reproductivos y educación sexual integral, por parte del Poder Judicial”.
Otro eje alude a “garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo dentro del marco normativo vigente y promover su actualización”, “erradicar el abuso sexual en la infancia a través de la educación sexual integral (ESI) desde el nivel inicial de la escolaridad” y “garantizar el derecho a niñas, niños y adolescentes vulnerados de acceder a la Justicia”.
Además, se propone “garantizar el pleno cumplimiento de los derechos para todas las personas LGBTTTIQ+, sin discriminación, con respeto a las diversas identidades de género”.
Mariana Isasi, oficial de enlace con el Gobierno del UNFPA en Argentina, destacó que el país “avanzó muchísimo” desde la convención de El Cairo de 1994 hasta ahora, en relación a la región y al mundo. “Especialmente desde lo normativo con las leyes de identidad de género, ESI y violencia contra las mujeres”.
“Logramos programas que abordan los derechos de las mujeres y las niñas, disidencias e identidades de género, gracias al importante movimiento feminista y a políticas gubernamentales”, agregó Isasi.
Sin embargo, destacó que “aún queda una gran brecha entre la normativa y la aplicación de esas leyes, como la ESI o bajar aún más los embarazos adolescentes no intencionales”.
“Ese viaje que comenzó hace 25 años está lejos de haber acabado”, sentenció Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA, agencia que organiza junto al Gobierno de Kenia y Dinamarca este evento, según la agencia española EFE.
Otro compromiso local es el de “definir o explorar nuevas estructuras e instrumentos financieros para la agenda y los tres ceros” (cero necesidades insatisfechas de anticoncepción, cero muertes maternas prevenibles y cero violencia de género y prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina) en particular”.
A su vez, se remarca la idea de “incorporar intervenciones interseccionales e integrales sobre salud, salud mental, derechos sexuales y reproductivos en los programas, políticas y estrategias en el marco de la cobertura universal en salud y la educación sexual integral (ESI) y la interrupción legal del embarazo (ILE).”
Y también “renovar el compromiso para terminar con las uniones tempranas forzadas y el matrimonio infantil”, como “promover el ejercicio de la ley nacional 25.929 de Parto Humanizado para personas gestantes, recién nacidos y familia”.
