La República Argentina finalizó este viernes el establecido Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un proceso que el gobierno definió como «exitoso» y en el que 4 de 287 países hicieron recomendaciones en sintonía con el informe que presentó en Ginebra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, e incluso mencionaron presiones a la Justicia durante la gestión de Mauricio Macri.
«La cuestión de la independencia judicial, reconocida por la Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania», valoró la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.
Y al detenerse en la recomendación de Alemania, la Secretaría remarcó: «Contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe».
En esa mención, la Secretaría de Derechos Humanos se refirió al diagnóstico sobre la situación de los jueces y fiscales argentinos, y las acciones del Ejecutivo de entonces (el mandato presidencial de Macri, 2015-2019) que el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, el jurista peruano Diego García-Sayán, presentó en los primeros días de noviembre de 2019.
En aquel informe, García-Sayán había considerado «fiables» una serie de denuncias de entidades de abogados que acusaban a la gestión de Cambiemos de llevar adelante un «plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial», y entre otros antecedentes mencionaban el «hostigamiento» sufrido por la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, para forzarla a renunciar, cosa que finalmente hizo.
Las denuncias en foros internacionales sobre irregularidades procesales y prácticas violatorias de las garantías constitucionales elevadas por jueces y fiscales –resumidas en la categoría «lawfare» o «guerra jurídica»– quedó en primer plano luego de que Pietragalla incorporara un capítulo sobre la actualidad judicial de la Argentina en el Examen Periódico Universal que realizó este lunes en Ginebra, al participar de la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Allí, Argentina denunció la «pérdida de legitimidad del Poder Judicial», a partir de la práctica del lawfare o guerra jurídica, y pidió el «acompañamiento del Consejo en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el estado de derecho» en el país.
«Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el Derecho Penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública», planteó Pietragalla Corti en su exposición.
La mención a dicha problemática encontró eco en la recomendación que dirigió al país el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos representantes convalidaron los planteos del secretario de Derechos Humanos de la Argentina, e incluso exhortaron al país a «aplicar medidas que contrarresten» el lawfare.
«Habiendo identificado el desafío que actualmente enfrenta el país con el fenómeno del lawfare, los alentamos a alcanzar el desarrollo de medidas para contrarrestar este fenómeno y fortalecer el estado de derecho», expresó Bolivia, e hizo un llamado a «continuar aplicando medidas que contrarresten y no dejen en impunidad el alto endeudamiento heredado de anteriores gestiones».
Además, la delegación boliviana alentó a Argentina a «adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la señora Milagro Sala».
También en sintonía con los postulados de Argentina, la representación de Chile en el Consejo de Derechos Himanos se pronunció a favor de «garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de sus funciones».
Eslovaquia, de igual manera, apoyó el objetivo argentino de «perseguir eficazmente los principios de independencia del sistema judicial».
En el caso de Alemania, sus representantes aludieron al informe de noviembre de 2019 al recomendar que se refuerce la independencia del sistema judicial, al tiempo que sus delegados llamaron a «proteger» a los jueces de «presiones e intimidaciones» y a «trabajar con la oposición para completar los puestos vacantes», entre ellos los de la Corte Suprema, que –dato no menor– tiene vacante el lugar que ocupaba la única mujer que quedaba en el máximo tribunal, Elena Highton, quien renunció en noviembre de 2021.
Con esta presentación, el Estado argentino rindió su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) –que responde al período 2018-2022– y por el que recibió las recomendaciones de los distintos países miembro, en el marco de un mecanismo en el que cada Estado repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de compromisos internacionales asumidos.
«Es el cierre de un productivo intercambio con la comunidad internacional, que destacó los esfuerzos realizados por Argentina en materia de derechos humanos y, en particular, las políticas para combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+», analizó la Secretaría de Derechos Humanos.
La gran mayoría de las intervenciones, en términos generales, reconoció los «avances» en las políticas de derechos humanos implementadas en los últimos años y dio muestras de «solidaridad» frente al intento de asesinato a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pietragalla, por su parte, reivindicó la presentación que la Argentina hizo en el plenario del Comité de Derechos Humanos de la ONU, a la que consideró «audaz».
«No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo en la Argentina, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales», argumentó.
En su evaluación de los últimos acontecimientos, el Ejecutivo evaluó finalmente que la Argentina logró cerrar un «exitoso paso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU», un ámbito en el que las políticas de género desarrolladas por el Frente de Todos «recibieron la mayor atención», con 64 recomendaciones.
También hubo reconocimientos por la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
«La violencia institucional fue otro de los temas centrales, con la presentación de 31 (11% del total) recomendaciones para tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia policial, la tortura y mejorar las condiciones de las cárceles», evaluaron asimismo desde la Secretaría de Derechos Humanos.
De igual modo, los distintos Estados que hicieron recomendaciones a la Argentina se pronunciaron a favor de que el Congreso designe al titular de la Defensoría del Pueblo, como también llamaron a proteger más a los pueblos originarios y a las infancias; otra observación fue que se mejore el acceso a la salud y que se trabaje para erradicar los discursos de odio y la discriminación.
