La Liga Argentina por los Derechos Humanos -Ladh- publicó por sexto año consecutivo la lista de presos políticos en el país, un documento que contiene 37 nombres de personajes de diversos ámbitos, como dirigentes políticos, sindicales y trabajadores, privados de su libertad por razones políticas.
Según José Schulman, titular de Ladh, la lista de personas privadas de su libertad por motivos políticos desapareció de la agenda pública.
El reclamo tiene que ver con que «en Argentina las garantías del debido proceso, los derechos constitucionales e incluso los procesos e instituciones encargados de investigar y actuar con justeza por el bien de todes están viciados, coptados, comprados, trabajan con una imparcialidad asombrosa».
Schulman define como preso político a toda persona «privada de libertad cuya causa judicial o condición jurídica ha sido originada o potenciada por la persecución política».
«Eso nos da un universo diverso de presos políticos», desde Facundo Jones Huala -recientemente liberado-hasta Milagro Sala: «Esto es algo que no se dice nunca».
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«Los presos políticos son la evidencia de que hay lawfare en Argentina», dice Schulman y a su vez aclara que «es un absurdo hablar de lawfare y no hablar de presos políticos».
El listado de presos políticos elaborada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos contiene 37 nombres de dirigentes sociales, politicos y sindicales. Además detalla el estado de detención, provincia y nombre de las instituciones carcelarias donde cumplen su encierro.
Entre los nombres más conocidos se encuentran Milagro Sala, Ricardo Jaime -quien cumple prisión preventiva desde hace 6 años-, el fotoperiodista Facundo Molares -primero detenido por el gobierno de facto en Bolivia y ahora recluido en el penal de Rawson- y el lonko Facundo Jones Huala, quien estuvo detenido en Chile y fue liberado esta semana.
El organismo de derechos humanos nacido en 1937, siendo la primera y más antigua organización de defensa de los derechos humanos, entiende que el lawfare «es un mecanismo de dominación colonial con forma de acciones jurídicas, en definitiva no es más que el mapa de relaciones e intereses que mantienen la democracia suspendida, maniatada, endeudada y sometida política y económicamente».
Hace seis años metían presa a Milagro Sala: «Ella es un emblema del lawfare»
Para Schulman, «el problema de los presos políticos es central y marca a los gobiernos como los nuestros. Aceptar como legítimos actos que son ilegales solo hace que la situación se profundice» y agrega que «Mauricio Macri tuvo tres navidades con presos políticos. Hoy Alberto Fernández cumplió también tres más» siendo que, desde su mirada, «la (navidad) del 2019 fue el momento ideal (para desandar esta situación) pero no lo hizo».
Golpe de 1930 y persecución política
Desde la Ladh, entienden que el problema de la persecución política, si bien se profundizó durante el gobierno de la alianza Cambiemos, encuentra su origen en el primer golpe de Estado perpetrado contra el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen en el concepto de continuidad jurídica.
Schulman explica que tras el golpe de estado de José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia redactó una acordada en donde resuelve, «en aras de conservar sus cargos de jueces y el orden institucional» avalar a las nuevas autoridades y, con ellas, la legislación promovida a lo largo de la gestión, y ejemplifica: «Por eso todavía existe en argentina la Ley de Entidades Financieras», promulgada el 14 de febrero de 1977, firmada por Jorge Rafel Videla, José Martínez de Hoz y Julio A. Gómez.
El titular de la Ladh señala que hasta hoy, «todas las Cortes Supremas y todos los poderes” del Estado, desde 1930 a esta parte, «han avalado lo que se llama el principio de continuidad jurídica, a través del cual los gobiernos aceptan por legítimos los actos ilegítimos de los gobiernos anteriores. El gobierno de Fernández aplicó el mismo principio de continuismo, y por lo tanto al no cuestionar los procesos judiciales fraudulentos, al no cuestionar la continuidad de una Corte Suprema» -cuyos actuales presidente y vicepresidente fueron sumados a la institución por decreto de necesidad y urgencia primariamente y luego, fueron elegidos por el Senado nacional- «de un consejo de la magistratura» -que pasará a ser dirigido por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti-, “de tribunales de casación que estuvieron al servicio de la persecución política del lawfare, el proceso se traduce en que en la Argentina sigue habiendo presos políticos».
«Es muy difícil resolver el tema de los presos políticos sin discutir qué es la democracia»
«El Estado argentino es responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos, y siguiendo el artículo 2 del Pacto de Costa Rica» el cual, como tratado internacional al cual adhiere nuestro país, tiene carácter constitucional. «El presidente es el garante de los derechos de los ciudadanos de su país».
Schulman argumenta que «hay un acostumbramiento de lo ilegal que es preocupante. No nos preocupa solo que hubiera persecución, nos preocupa la falta de reacción».
«Los gobiernos populares, como el de Bolivia, el de Venezuela y sobre todo el de Cuba potencian la conciencia popular, construyen poder popular» mientras que «los gobiernos claudicantes la rompen, desalientan la militancia, dilapidan la fuerza del voto y terminan arrodillados ante los poderes imperiales».
En este punto, claudicar el reclamo de liberación de los presos políticos viene minando la fuerza del Frente de Todos y del movimiento popular, es muy alarmante el silencio ante las negociaciones con el FMI o la represión en Chubut.
Desde la reforma constitucional de 1994, los pactos internacionales de derechos humanos pasaron a tener supremacía sobre la ley interna, «es decir que no puede haber ninguna ley que contraríe un pacto firmado por la Argentina de DDHH. Esto nos llevaría rápidamente a cuestionar los procesos judiciales que vulneraron los parámetros de los pactos internacionales: soluciones técnicas hay muchas, pero estos problemas no se resuelven con soluciones técnicas sino con voluntad política. Buena parte de los que hablaban de presos políticos hace unos años ya no lo hacen», dice Schulman y remata argumentando que «la vicepresidenta muchas veces habla de persecución contra su persona, pero no de los presos políticos».
El militante por los derechos humanos y ex preso político recuerda que del 2016 al 2019 «no hubo manifestación o movilización en donde no se levantara la consigna por los presos políticos. Esto nos llevaría a una discusión bastante más interesante sobre qué cosa es la democracia: si elegimos personas que hacen lo que quieren o si construimos un programa y se designan personas para que cumplan el programa que el pueblo votó. Esa es la diferencia entre una democracia norteamericana como la que se está imponiendo desde todos los partidos políticos, o una democracia sanmartiniana, bolivariana o como se la quiera llamar, en donde el pueblo es permanentemente consultado y tiene permanente intervención en la cosa pública. Es muy difícil resolver el tema de los presos políticos sin resolver el lugar del poder judicial y sin discutir, en definitiva, qué es la democracia».
Así, concluye: «Una democracia delegativa no lleva a una democracia popular».
