El vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, encabezarán hoy la delegación argentina que participará de la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en el capítulo decisivo del juicio que los fondos buitre llevan adelante contra el país.
Boudou llegó en horas de la tarde de ayer a Nueva York para sumarse a la comitiva argentina que ya se encontraba en esa ciudad estadounidense, integrada por el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el subsecretario Legal y Técnico, Matías Isasa, además de Lorenzino.
Los funcionarios terminaron de definir ayer la estrategia que presentarán hoy a los tres jueces de la Cámara neoyorkina, en la sede del estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que representa a la Argentina en el litigio contra los fondos buitre.
La presidenta Cristina Kirchner encomendó a Boudou y Lorenzino que la posición argentina debe incluir la posibilidad de reabrir el canje de deuda en las mismas condiciones que en 2010, para que no haya diferencias entre los acreedores que ya accedieron a esa operatoria y los que quisieran aceptarla.
En definitiva, esta audiencia será el último paso para que los jueces resuelvan la cuestión de fondo y la forma de pago que deberá afrontar la Argentina.
El Tribunal no tiene un plazo determinado para dictar la sentencia, pero en el gobierno estiman que ese período no será inferior a los dos meses.
El encargado de presentar la posición del Estado argentino será Johnatan Blackman, que lleva el caso desde sus comienzos, en 2006, en la corte del juez Thomas Griesa.
En la audiencia, las partes (los defensores de la Argentina y los de los fondos buitre, (principalmente el NML Elliot de Paul Singer) tendrán 15 minutos para exponer su defensa, para luego ser interrogados por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Manhattan.
La Argentina intentará dejar en claro que es injusto fallar en contra del país cuando más del 93 por ciento de los bonistas ya ingresó en las dos etapas que tuvo el canje, en 2005 y 2010.
Los fondos buitre reclaman al país el pago inmediato de unos 1.330 millones de dólares, según establece la sentencia del juez Thomas Griesa (ver aparte).
En este sentido, el gobierno argentino alertará además que un fallo adverso puede llevar a la multiplicación de pedidos de los bonistas que ingresaron al canje, para reclamar las abultadas quitas que sufrieron.
Lorenzino adelantó que un fallo a favor de los fondos buitre sería imposible de enfrentar por la Argentina.
Pero seguramente la pelea entre el Estado nacional y los fondos buitre llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos, para que finalmente defina ese cuerpo a quién favorece.
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