La defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, afirmó que tras la sanción de la ley de medios “Argentina se convirtió en un modelo en materia de derechos sobre la comunicación para los países de Latinoamérica”.
“La Ley de Medios es un caso testigo en materia de democratización de servicios de comunicación. El país se puso a la vanguardia en este aspecto y nuestra legislación es tomada como ejemplo por los países de la región que pretenden avanzar contra la concentración monopólica”, señaló Ottaviano en una entrevista con Télam.
La funcionaria aseguró que el trabajo de la Defensoría fue evaluado por gobiernos de países como México, Uruguay, Ecuador y Canadá, y adelantó que en 2014, el organismo expondrá la experiencia argentina en congresos y ponencias internacionales.
“El relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, destacó el trabajo que hacemos en materia de acceso a la información y promoción de los derechos de las audiencias. Y nos invitó a difundir estas acciones por otras latitudes”, apuntó.
La Defensoría de Público nació en noviembre de 2012 a instancias de la Ley de Medios, y desde entonces recibió más de 1.300 denuncias y obtuvo un 70 por ciento de resoluciones positivas sobre estos reclamos.
Las denuncias que se reciben tratan en su mayoría sobre contenidos discriminatorios en relación al género y las minorías, así también como informaciones falaces que se difunden en el marco de algunas coberturas informativas.
“Cuando nos presentan un reclamo, lo analizamos con un equipo técnico y otro legal. Luego, trasladamos nuestra inquietud al medio en cuestión y tratamos de obtener una acción reparadora, que puede pasar por un comunicado o una aclaración que tenga la misma duración que el contenido que motivó la denuncia”, explicó.
Este año, el organismo impulsará talleres de reflexión crítica destinados a las audiencias y propiciará “acuerdos de buenas prácticas profesionales” con los propietarios de las licencias de servicios audiovisuales.
“Decidimos comenzar a sugerir procedimientos de buenas prácticas profesionales tras las coberturas que se llevaron a cabo en la inundación que afectó a La Plata y el crimen de Ángeles Rawson. Hasta ahora, la respuesta que obtenemos de los trabajadores de medios y de algunos licenciatarios es positiva. Hay una necesidad de generar pautas correctas a la hora de informar”, indicó.
Ottaviano destacó que la discusión que antecedió a la promulgación de la Ley de Medios incrementó “el nivel de conciencia de las audiencias, que se afirman como sujetos de derecho”.
“Lo que vamos viendo es que el público empieza a darse cuenta de que la comunicación es un derecho y el acceso a la información debe estar garantizado. En la medida en que este proceso se consolide, a las corporaciones les resultará cada vez más difícil tratar a las audiencias como meros consumidores”, remarcó.
Periodista, escritora e investigadora, Ottaviano encabezó en 2010 una investigación que difundió el diario Tiempo Argentino sobre la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en una maniobra que habría contado con la anuencia de la última dictadura cívico militar.
La difusión de esa investigación impulsó la reapertura de una causa actualmente instruida por el juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal número 10 con sede en la Caba.
Sin embargo, para Ottaviano, la causa se encuentra “paralizada”, ya que el magistrado no accede aún a tomarle declaración indagatoria al Ceo de Clarín, Héctor Magnetto, tal como lo requieren las partes querellantes.
“Es frustrante que en el expediente no se avance contra los responsables de esa una apropiación. La última dictadura pactó en 1977 un negocio con los dueños de los principales diarios para ocultar un genocidio. Es importante establecer la verdad y castigar a los culpables. La Justicia tiene una cuenta pendiente al respecto y espero que se salde pronto”, concluyó.
