El gobierno nacional sumó ayer una nueva obligación heredada de la gestión anterior cuando el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (Ciadi) condenó a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008.
El fallo representa otro golpe a las cuentas públicas de la Argentina, que lucha por recuperar su estatus de país que cumple con sus obligaciones ante la comunidad internacional.
Desde Washington llegó la mala noticia, ya que el Estado fue condenado a pagar esa suma millonaria, más intereses, al Grupo Marsans, último dueño de la firma, empresa cuestionada por corrupción en España donde sus directivos están presos.
“El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, sostiene el fallo.
La decisión cuestiona “medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones”, y acusa al gobierno de Cristina Kirchner de “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión.
Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohandling, Optar y Jet Paq.
El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que el Senado sancionara la ley que declaró “sujetas a expropiación” las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de indemnización por 1.560 millones de dólares.
Además de los 320 millones de dólares, el tribunal impuso otros 23,76 millones, más intereses, a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación. Y 3,5 millones de dólares más para cubrir los costos legales del demandante.
El 9 de enero de 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner publicó el decreto 2.347, a través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo “expropiante” de Aerolíneas Argentinas y Austral, y creó una Unidad Administrativa que “tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía”.
El rol ejecutivo quedó a cargo de Julio Alak y Juan de Dios Cincunegui, quien ya había integrado la comisión de transición en julio de 2008, en representación del Estado. Más tarde tomaría el mando de la empresa Mariano Recalde.
El Grupo Marsans se habría comprometido en principio a desistir de la demanda radicada ante el Ciadi y a entregar voluntariamente sus acciones de Interinvest, la compañía controlante del 95% de Aerolíneas y 98% de la empresa Austral, pero ese acuerdo se cayó.
El dueño de Marsas y ex hombre fuerte de la central empresarial española Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por corrupción.
