El gobierno nacional blanqueó a través de la presentación del presupuesto 2023 una desaceleración de la economía nacional. Más allá de estimaciones que suponen una caída en el crecimiento y un piso alto de inflación, aparecen importantes recortes en subsidios y transferencias que afectan directamente a las provincias en sus planes para el año electoral. El debate comenzará este miércoles en Diputados con la presencia del Ministro de Economía, Sergio Massa, y la votación sería sobre fines de octubre.
En la hoja de ruta del titular de la cartera económica, por ahora figura como prioridad la acumulación de reservas y el estricto cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una muestra de ello fue el incentivo ofrecido al sector rural con el dólar soja, pero también se dio una intensificación de los controles de Aduana sobre el comercio exterior con el objetivo de evitar la salida de dólares a través de maniobras por fuera del marco legal.
Pero una de las cuestiones que advirtió el FMI en una de sus últimas revisiones y que ahora está en estudio, tiene que ver con el gasto tributario, es decir aquellos regímenes diferenciales por los cuales el Estado deja de recaudar. Uno de estos conceptos es el no cobro de Ganancias a magistrados y funcionarios del poder judicial, aunque también aparecen exenciones de IVA para los intereses en los préstamos por parte de bancos o las alícuotas reducidas para la medicina prepaga, entre otros conceptos.
Son apenas algunos de los ítems que forman parte del gasto tributario, que en total representa un monto equivalente al 2,5% del PBI. Algunos analistas consideran que su revisión completa permitiría incluso convertir el déficit en superávit, aunque es necesario también tener en cuenta que entre esos conceptos también hay exenciones a servicios educativos o alícuotas reducidas para productos de la canasta básica alimentaria. Lo cierto es que con el objetivo de fortalecer la recaudación, el tema estará en la discusión que dará el Congreso de la Nación.
Otra de las sorpresas tiene que ver con la inclusión de un nuevo blanqueo de dólares. En parte se trata de la extensión del incentivo que se oficializó para la construcción. La novedad que se incorpora a ese régimen es que, con el dinero blanqueado no solo se podrá construir, sino también adquirir propiedades. Al benefició se sumó el sector importador, que también podría blanquear sus dólares para pagar productos y servicios provenientes del exterior, destinados a procesos productivos.
Varias novedades, algunas dudas y la certeza de que se trata de un programa tendiente a achicar gastos. A partir de la implementación de la segmentación tarifaria en su totalidad, el año que viene el gobierno espera bajar el gasto en subsidios energéticos del 2,2% sobre el PBI al 1,6%, mientras que los subsidios al transporte también cederán del 0,5% al 0,4%.
Tanto este último ítem como las transferencias corrientes despertaron preocupación en el gobierno santafesino, así como del resto de las provincias. Es que dentro de esas transferencias corrientes se encuentran las partidas asignadas a provincias y municipios. Según el presupuesto tendrán un incremento del 51,5%, un número que quedará lejos del 60% de inflación proyectada por el mismo documento. El ajuste lo hará la evolución de precios.
Impacto en la región y más
Consultada sobre el impacto de estos datos en la gestión provincial, la analista económica del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), Eugenia Rodríguez, manifestó que en el caso particular de obra pública, no habrá ajuste ya que lo que pretende el gobierno es dinamizar ese sector para sostener la actividad económica y el empleo.
De todas maneras, agregó: “Hay un llamado a que aquellas provincias que sostienen superávit para que se hagan cargo de la obra pública en sus regiones. Se insta a que las gestiones que lograron mayor superávit puedan desarrollar obra en los territorios”. Santa Fe se encuentra entre los distritos con esa característica, motivo por el cual, Omar Perotti recibe constantes críticas por parte de opositores, y hasta de oficialistas, quienes exigen conocer los motivos por los cuales el gobierno provincial no asigna esos recursos, por ejemplo, a desactivar el conflicto paritario con docentes.
“Los subsidios al transporte también sufrieron una disminución. Hay que ver como se termina de implementar, pero es otro sector con variación por debajo de la inflación estimada”, añadió la integrante del Cepa.
La caída del 0,5% sobre el PBI al 0,4%, profundizará las complejidades que existen actualmente en las provincias para atender el sistema de colectivos. Cabe recordar que luego de la eliminación del subsidio al transporte en 2017 con el consenso fiscal, surgió el Fondo Compensador del Transporte. El presupuesto de 2022 establecía un piso de 46 mil millones de pesos, pero luego de que la oposición se negara a votarlo, este año el gobierno nacional tuvo que manejar la cifra inicial, llevándola a mediados de año a 38 mil millones.
El debate por el gasto tributario
Por otra parte, Rodríguez se refirió al planteo que contempla el presupuesto 2023, referido a lo que se le deja de cobrar al poder judicial por Ganancias. El mensaje pone a consideración una evaluación sobre este beneficio y plantea que “Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad” respecto al resto de los contribuyentes.
“Es interesante que se de esta discusión, porque cuando se habla de la presión fiscal, nunca aparece este apartado, que tiene que ver con todos los beneficios que existen hoy. Si bien muchos son para incentivar actividades productivas, no hay un análisis sobre si se logran los resultados esperados o no”, sostuvo la analista.
Este apartado, denominado Gasto Tributario, representa básicamente a todo lo que el Estado deja de percibir por exenciones o rebajas impositivas. Para el ejercicio 2023 la pérdida equivaldría a 2,4% del PBI. Por un lado, se encuentran los derivados de normas impositivas (1,81 % del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,68 del PIB).
“Entonces se podría repensar y agregar una mirada con mayor progresividad tributaria que implica que paguen más los que más tienen. Ahí si ponemos el foco en la exención a magistrados del poder judicial, vemos a un sector beneficiado frente a la mayoría de asalariados que pagan este impuesto sin ningún tipo de beneficio y con un poder adquisitivo menor”, sintetizó la integrante del Cepa.
Este y otros temas inherentes al presupuesto 2023 comenzarán a debatirse este miércoles por la tarde en Diputados con la presencia de Sergio Massa, acompañado por su equipo económico. La exposición la seguirán los ministros a lo largo de octubre con el objetivo de obtener las voluntades necesarias para contar con el instrumento clave en planificación económica que no tuvo este año.
