Este lunes comienzan a ser juzgados 19 policías santafesinos por la desaparición forzada seguida de torturas y muerte de Franco Casco, un joven oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela que fue detenido por efectivos de la seccional 7ª el 6 de octubre de 2014 en cercanías de la estación ferroviaria de Rosario y apareció muerto tres semanas después en el río Paraná.
El juicio comenzará a las 9 y será acompañado por organizaciones sociales que convocaron a concentrarse en la puerta de los tribunales federales de Oroño 940 para exigir justicia.
Voceros judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal de Rosario estará conformado por los jueces Otmar Paulicci, Beatriz Caballero de Barabani y Osvaldo Facciano. Las audiencias, que serán presenciales y por videoconferencia, están previstas para los días 6, 16 y 28 de diciembre de este año, y los días 8 y 9 de febrero de 2022. Continuarán todos los jueves y viernes posteriores hasta la finalización del juicio. La causa cuenta con cuatro querellas y la acusación está a cargo del fiscal general Oscar Fernando Arrigo.
Viaje sin regreso
Franco tenía 20 años y vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, junto a su pareja y su hijo pequeño. A principios de octubre de 2014 viajó a Rosario para visitar a familiares en barrio Empalme Graneros hasta el día 6, que emprendió el regreso a la estación de trenes para tomar el viaje a Retiro de las 23.30. Nunca llegó.
Su papá Ramón Casco y su mamá Elsa Godoy viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. En la terminal de ómnibus averiguaron que su hijo había sido detenido por efectivos de la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y luego reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad sin darle más datos.
Luego, el fiscal provincial que investigaba el paradero, Guillermo Apanowicz, les exhibió fotos del joven visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado.
Pasaron 25 días y masivas movilizaciones exigiendo su aparición con vida, hasta que el cuerpo sin vida de Franco apareció flotando en el río Paraná, el 30 de octubre de 2014.
Desde entonces, nada fue fácil para la familia de Franco en su búsqueda de justicia. Elsa (quien falleció en agosto de 2016) y Ramón se instalaron en Rosario y contaron con el apoyo de organizaciones sociales y políticas para sortear un proceso lleno de obstáculos. La causa estuvo plagada de irregularidades desde su inicio, ya que funcionarios judiciales y políticos descartaron desde un comienzo cualquier responsabilidad policial, no allanaron la comisaría ni secuestraron el libro de actas y avalaron todo tipo de pistas falsas para encubrir a los uniformados y garantizarles impunidad. A siete años del crimen, 19 policías llegan a juicio
Al banquillo
Entre los 19 policías que serán juzgados, cuatro prestaban servicios en la comisaría 7ª y están acusados por torturas: Diego José Álvarez, Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco.
Otros siete agentes serán juzgados como autores de la desaparición forzada seguida de muerte: Esteban Daniel Silva (quien quedó sobreseído de aplicar torturas), César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débroa Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero y Enrique Gianola Rocha.
Dos agentes de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar serán juzgados por encubrir los delitos en su calidad de funcionarios públicos. Completan la lista de acusados los efectivos Belkis Elisabeth González, Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortiz, Romina Anahí Díaz y Ramón José Juárez.
Otros 12 agentes fueron sobreseídos en tanto queda pendiente la situación procesal de cuatro civiles que continúan siendo investigados. Se trata de dos odontólogos que están procesados, una médica policial que está imputada y un vecino de barrio Agote, por falso testimonio, también procesado.
Movilización por justicia
Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocaron a concentrarse este lunes, desde las 8.30, frente a los Tribunales Federales de Oroño 940.
En un comunicado, la Multisectorial recordó que desde el hallazgo del cuerpo de Franco sin vida su familia emprendió “una ardua búsqueda en compañía de organizaciones sociales que se fueron sumando” a la lucha.
“Franco Casco fue desaparecido y asesinado por el Estado, el mismo Estado que en sus inicios encubrió y no sólo no investigó adecuadamente, sino que obstaculizó la búsqueda de Franco cuando permanecía desaparecido”, cuestionaron.
Por ello, exigieron “que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias ante esta gravísima violación a los derechos humanos y que les responsables obtengan condenas ejemplares”.
Van a juicio 19 policías por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco
