El debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) empezó este martes en el plenario de tres comisiones del Senado. En la primera reunión se fijó el cronograma de trabajo de cara al tratamiento en el recinto el 8 de agosto. Como pasó en Diputados, en los próximos días hablarán ante legisladores referentes y especialistas a favor y en contra del aborto legal. Esta vez se propuso para cada comisión un listado de 60 oradores. Además de la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados, otros tres proyectos serán tratados aunque ninguno plantea la despenalización y legalización del aborto. Como pasó durante el tratamiento en la Cámara Baja la discusión en el Congreso fue acompañada de la movilización a favor con el regreso de los Martes Verdes.
Después de las intenciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti de que pasara por cuatro comisiones–incluida la de Presupuesto y Hacienda que implicaba dilatar la votación y la posibilidad de modificación del proyecto original– y de los pañuelazos de la semana pasada en más de 70 ciudades del país, la Cámara Alta anunció el tratamiento en tres: Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Los senadores darán dictamen el 1° de agosto.
La iniciativa aprobada en Diputados el 14 de junio por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención llega a la Cámara Alta con la foto de fondo del millón de personas, en su mayoría mujeres, que el día de la votación se movilizaron durante 24 horas afuera del Congreso en apoyo al proyecto. La imagen que recorrió el mundo muestra a un movimiento feminista argentino consolidado que generó un amplio consenso social a favor, con colectivos y organizaciones de artistas, personalidades de la cultura y el espectáculo, profesionales y referentes de distintos ámbitos organizados en actividades en todo el país.
La iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, formada por más de 500 organizaciones, tiene 13 años de militancia con el pañuelo verde como emblema y nació en los debates de los Encuentros Nacionales de Mujeres, una experiencia federal que desde 1986 se hace todos los años distintas ciudades del país. Después del primer Ni Una Menos de 2015 el pedido de aborto legal ganó fuerza en un feminismo joven que tomó al pañuelo como uniforme y defendió la ley desde que entró a la Legislatura el pasado 6 de marzo con la firma de 71 de apoyo de diputados. A la par llegaron al Congreso otros ocho proyectos de IVE, algunos de los cuales fueron usados para pensar el texto final actual. Durante dos meses, 738 especialistas y referentes hablaron a favor y en contra de la legalización en los plenarios de las comisiones.
El principal cambio en relación a la legislación actual que plantea la ley que tuvo media sanción en Diputados es que Argentina deje el modelo de despenalización por causales de violación y riesgo de salud vigente desde 1921 y pase a la legalización por voluntad de la mujer o persona gestante. La ley que tomó como base el texto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dice que el aborto será legal hasta la semana 14 de embarazo inclusive. Será garantizado en un plazo de 5 días en la salud pública y privada a través de consejerías integradas por profesionales que trabajarán con un enfoque médico, social y psicológico.
Después de ese período de gestación será un derecho en casos de violación, riesgo de salud o malformaciones fetales incompatibles con la vida afuera del útero. Este último punto fue agregado por los diputados en el proyecto de consenso que incluyó a representantes de todo el acto político. También sumaron la objeción de conciencia individual y con registro previo y la prohibición de la objeción a nivel institucional. Otros de los cambios fueron la creación de un registro de estadísticas y la referencia al Código Civil y Comercial para garantizar el derecho a decidir de niñas menores de 16 años. La ley pide además la garantía de la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos y la modificación del Código Penal para que abortar en el período mencionado deje de ser un delito.
El debate de la legislatura argentina también es leído como un antecedente que puede repercutir a nivel regional. Actualmente sólo dos países de Latinoamérica tienen aborto legal, Cuba desde 1965 y Uruguay desde 2012. El Salvador, Nicaragua y República Dominicana están entre los únicos cinco países del mundo que prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para la persona gestante y para quien realice o facilite la realización de un aborto. El resto lo despenaliza por diferentes causales y en distintas semanas de gestación.
El proyecto de ley llega al Senado en medio de la interna desatada dentro del gobierno de Cambiemos, con Michetti y la diputada Elisa Carrió como las caras más visibles la oposición a la legalización y despenalización del aborto. Michetti planteó incluso este fin de semana volver 100 años en lo que dice el Código Penal argentino cuando en una entrevista a >La Nación> opinó que el aborto no debería estar despenalizado en casos de violación.
“Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé. Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada”, dijo en la entrevista y las críticas desde todos los sectores estallaron en su contra. La vicepresidenta fue comparada con la Tía Lydia, la villana de la serie The Handmaid’s Tale en la que bajo un régimen totalitario, conservador y fundamentalista religioso las mujeres son secuestradas y obligadas a ser criadas e incubadoras para engendrar hijos.
El diputado de su bloque, Daniel Lipovetzky también le salió al cruce en Twitter y calificó el planteo de Michetti como un retroceso en los derechos de las mujeres. Carrió sugirió en una entrevista que el presidente Mauricio Macri actuó con ingenuidad y habilitó el debate con la especulación de la iniciativa no sería aprobada. El día de la votación diputada no expuso en el recinto. Pasó toda la noche en la capilla de la Legislatura rezando y sólo se sentó para votar en contra y decir que no habló para no fracturar la alianza de Cambiemos.
Después de la media sanción, los jefes de los dos bloques mayoritarios del Senado, Cambiemos y el PJ, anunciaron que la ley se aprobaría en el Senado. El peronismo declaró que votaría a favor. Con el correr de los días, varios senadores de Cambiemos anunciaron votos en contra y dijeron que presentarían alternativas. El plenario de este martes llegó con otros tres proyectos que serán tratados en las comisiones junto con la iniciativa de Diputados.
Si bien fueron presentados como proyectos de una “tercera posición” ninguno plantea despenalizar a la mujer por abortar y todos intentan acotar los alcances del dictamen de la Cámara Baja. Uno es de Federico Pinedo (Cambiemos) y se limita a modificar al Código Penal con atenuantes. Otro, también de Pinedo y de la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino), propone crear el programa “El Estado se Hace Cargo y te Acompaña” para generar un sistema de adopción prenatal con control de la mujer embarazada hasta el parto por parte del Estado o de terceros. Un proyecto similar presentó Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino): “Protección de la Mujer con Embarazo No Deseado”.
Entre los puntos que pusieron en cuestión los senadores en contra del proyecto de Diputados uno de los más fuertes es la prohibición de la objeción de conciencia a nivel institucional. Lo hicieron tras las manifestaciones públicas de clínicas, hospitales y sanatorios (muchos de ellos con orientación religiosa) que después de la media sanción repudiaron este punto con el argumento de que no pueden obligar a practicar abortos.
La ley dice que la objeción será por escrito e individual, tendrá validez tanto en la salud pública como privada y todos los efectores deberán garantizar el derecho a la IVE. Para redactar el texto se tomó el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso FAL (2012), que reconoce el derecho a la objeción individual, pero que su ejercicio no puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres interrumpan un embarazo. Por eso la ley dice que en ninguna circunstancia podrá ser institucional como pasó en el caso de Ana María Acevedo, que murió a los 19 años porque en el Hospital Iturraspe de Santa Fe le negaron un aborto no punible y no la trataron por un cáncer de mandíbula para salvar al feto.
Si el proyecto en el Senado es modificado volverá a la Cámara Baja, tanto a las comisiones como al recinto. Con ese panorama los diputados decidirán si avalan los cambios o insisten con la sanción original. Para la segunda opción deberán reunir la misma mayoría que reúna el Senado al aprobar los cambios. Es decir que si los senadores modifican el proyecto con mayoría simple (la mitad más uno de los votos), los diputados podrán insistir con la sanción original reuniendo la misma cantidad de votos que el 14 de junio.
