En lo que constituye el proceso con mayor número de casos y acusados por crímenes cometidos durante la dictadura militar, el Tribunal Oral Federal Número 5 dio comienzo hoy a un nuevo tramo del juicio por los crímenes cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), en el que se juzgarán 789 hechos, entre ellos los llamados «Vuelos de la muerte».
En la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados, entre otros, el ex jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas G.3.2; el represor Jorge «El Tigre» Acosta»; el ex capitán Alfredo Astiz y Adolfo Donda, a la vez que está previsto que declaren unos 900 testigos.
También integran la nómina de 68 acusados altos oficiales navales, de Prefectura y Gendarmería; de la Policía Federal, un oficial del Ejército y los pilotos y auxiliares navales que participaron de los llamados «Vuelos de la muerte», ocurridos entre 1976 y las postrimerías de la dictadura, cuando los prisioneros eran arrojados vivos al mar.
Entre las víctimas se encuentran las primeras Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Durante este tercer tramo del proceso también se juzgará el asesinato de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.
Entre los acusados con distintas responsabilidades por su participación en esos vuelos se encuentran Miguel Angel García Velazco, Domingo D’ Agostino, Mario Daniel Arru, Julio Alberto Poch, Emir Susul Hesso y Ricardo Ormello, un mecánico aeronáutico sospechado de ser uno de los auxiliares que empujaban a las victimas al mar.
También se cuenta el ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemman, uno de los dos civiles sometidos a juicio, en este caso por su participación en la apropiación ilegal de valiosas tierras en Mendoza, que formaban parte de las «chacras de Coria».
En el recinto donde se desarrolla el juicio, en los tribunales federales de Retiro, los familiares de los acusados se ubicaron en la bandeja inferior, en tanto que los familiares de las víctimas y dirigentes de organismos de derechos humanos lo hicieron en la parte superior de la sala.
El grupo de allegados a los acusados colgaron carteles en las inmediaciones de tribunales para reclamar una «memoria completa» y cuestionar los juicios contra represores.
Al comenzar la audiencia, alrededor de las 10.30, militantes del Partido Obrero y de la agrupación La Cámpora se instalaron en las puertas de ingreso a los tribunales de Comodoro Py 2002 con pancartas y estandartes, mientras que en el interior los familiares de los acusados, encabezados por la dirigente Cecilia Pando protestaban por la presencia de reporteros gráficos.
También integrantes de la agrupación Hijos de desaparecidos instalaron un palco desde el que siguieron las alternativas de la audiencia leyendo decenas de adhesiones.
A esa hora, el presidente del TO5, Daniel Obligado, daba por iniciada la audiencia con la lectura de los nombres, los grados y los cargos que ocupaban al momento de los hechos y la posterior lectura de cada una de las 789 violaciones por las cuales de los acusa, en su mayoría privaciones ilegales de la libertad, torturas y asesinato de las victimas, la mayoría de ellas sometidas a condiciones infrahumanas de vida.
Pando, dirigente de los familiares de los represores que comenzaron a ser juzgados desde esta mañana, provocó incidentes en la sala de audiencias cuando ingresaban los reporteros gráficos para registrar imágenes de los acusados.
La mujer levantó su mano e hizo un gesto obsceno hacia ellos y le pidió a la Policía que retirara a los fotógrafos que tenían en su indumentaria escudos que los identificaban con organismos de derechos humanos.
Para este juicio, el Servicio Penitenciario Federal contrató ambulancias privadas de refuerzo a las propias de la fuerza, una de las cuales fue estrenada por el represor Carlos Orlando Generoso, quien se descompensó minutos antes del cuarto intermedio del mediodía.
